De tanto en tanto, en el debate público del Momentum Constituyente que vive nuestro pueblo, surgen miembros de la élite o coaptados por ella, que se resisten a como de lugar a perder sus privilegios. Varios de ellos, al mismo tiempo que han defendido a «troche y moche» a criminales y cómplices de violaciones a los DD.HH., también «pontifican» y dan «cátedra» de como deben comportarse los Convencionales, en qué lengua deben hablar, de como debe ser la futura convivencia con la Nueva Constitución y largos etcéteras. Además, exigen respeto por su libertad de expresión, la misma que ha sido manoseada y socavada por esta misma oligarquía, durante toda la historia de Chile. Lo hacen, llevando a cuestas su responsabilidad directa e indirecta por los crímenes cometidos en la dictadura chilena y han sido responsables históricos del genocidio contra los pueblos originarios.
En los pasillos de la Convención ya nadie se asombra, que la convencional ultra derechista Marcela Cubillos exija desaforada que se respete la Libertad de Expresión, cuando la Comisión de DD.HH. con el objetivo de no re victimizar a las víctimas que asistirían a entregar sus testimonios, rechazaban por una amplia mayoría, la presencia de los cómplices activos y pasivos de la Dictadura, entre otros al almirante Arancibia , ex Edecán de Pinochet y actual convencional y la Fundación que lleva el nombre de ideólogo de la actual Constitución de Pinochet.
Cuando Cubillos era Ministra de Educación de Piñera, avaló que el Consejo Nacional de Educación (CNED) dejara el ramo de Historia como opcional y no obligatorio, que duda cabe con el interés de que se olvide rápidamente la historia reciente de nuestro país y de esa manera continúe la impunidad profunda que vivimos. La razón más plausible de perpetrar este atentado a la Educación de nuestros jóvenes es su parentesco directo de un cómplice material que participó tempranamente en conjura de la «cofradía» golpista (antes que el mismo Pinochet), y fue ministro de la Dictadura. Además, ella es nieta y bisnieta de Almirantes de la Armada de Chile, rama de las FF.AA. que en toda su historia ha actuado en contra de la democracia y el pueblo. Ahora camina su propia «travesía por el desierto», por pasillos de la sede capitalina del Parlamento chileno, provocando y desafiando a quien se le ponga por delante, con la atención preferente de los dos periódicos del duopolio ultraderechista El Mercurio y La Tercera que, junto a un ejército de más de 8 mil twitteros, son los principales instigadores de la campaña artera de desprestigio contra nuestra Convención Constitucional.
Al mismo tiempo, el mismísimo El Mercurio, para echar más agua al molino del futuro Rechazo a la Nueva Constitución, captura entre tanto a algún «progresista» que quiera congraciarse con la élite y sus intereses. En este caso, a Ricardo Brodsky, director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna y exdirector del Museo de la Memoria.
La libertad de expresión, que duda cabe que es un derecho fundamental en la convivencia democrática de un país. Cómo no recordar que, a contar del 11 de septiembre de 1973, la Derecha chilena con la soldadesca corrupta, traicionando su mandato constitucional y sirviendo a intereses extranjeros, usó las armas contra el pueblo, conculcando a sangre y fuego innumerables derechos del pueblo chileno, incluida la libertad de expresión.
A través de la discusión legislativa, el Parlamento chileno avanza con muchas dificultades y con la oposición férrea y por todos los medios posibles de los negacionistas y sus satélites. Este proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y la derecha criminal, como siempre, utilizó el recurso del tristemente célebre Tribunal Constitucional para echarla abajo. Ahora hay una nueva iniciativa en el Senado presentada por el Senador Latorre. No sabemos que surgirá de esa cámara alta, en donde mucho de los proyectos necesarios para avanzar en más democracia, la mayoría conservadora los retrasa y cambia en favor de los mismos de siempre.
Las tendencias internacionales respecto a las sanciones contra el Negacionismo son nítidas y generan controversia en nuestro país, debido a que la élite chilena, acostumbrada a comulgar con los «amos del norte», se inclina por que el Negacionismo y sus efectos no deben ser sancionados, ya que violaría, según su apreciación, un bien superior que es la Libertad de Expresión.
Por otro lado, está la experiencia de los países europeos que si castigan con cárcel y multas la Negación de los crímenes nazis y lo separan tajantemente de la Libertad de Expresión. En 1994, Alemania promulgó una ley que sanciona a quien “públicamente, o en una reunión, apruebe, niegue o minimice” los hechos relativos al genocidio, cometidos bajo el régimen nacionalsocialista, de manera apropiada para perturbar la paz pública. Leyes similares existen también en España, Francia, Bélgica y Austria, entre otros países del mundo.
En nuestro país, hemos constatado reiteradamente las conexiones simbólicas y numerosas que tiene el nazismo con la traumática experiencia que vivimos en la dictadura y la tragedia que todavía soporta nuestra sociedad que, a pesar de aquello, gracias al generalizado repudio internacional a la dictadura de Pinochet y a la derecha criminal chilena y gracias también a la movilización de los luchadores y familiares de las víctimas de las violaciones de los DD.HH., parte de la verdad en Chile pudo tímidamente conocerse y oficializarse, a través del Informe Rettig y el de la Comisión Valech. Tímidamente, porque aún no sabemos del paradero de más de 1000 chilenas y chilenos, todas ellas y ellos con rostros, nombres, familias que aún no han recibido la anhelada justicia y reparación que cualquier país civilizado debe brindar. Es aberrante e inhumana la falta abundante de justicia que existe en Chile, dónde la inmensa mayoría de estos criminales y cómplices, aún esconden la verdad y aún no han sido juzgados.
Aunque el modelo europeo no funciona como una garantía en sí misma, si ha permitido de alguna manera, que junto con la educación que debe desarrollar la sociedad con sus nuevas generaciones, frene la apología a crímenes cometidos por los nazis contra pueblos y etnias enteras. No debemos olvidar que estos pueblos, no solo fueron cruelmente asesinados en la guerra directa de Alemania contra la URSS y otros países europeos, sino también en los territorios sometidos, dónde sus habitantes fueron perseguidos por su color, rasgos físicos, género, religión, diversidad sexual, además persiguieron a ciudadanos de distintas ideologías que lucharon contra el nazismo alemán en la resistencia contra las propias élites de sus países que permitieron, adoptaron o facilitaron estos horrendos crímenes.
Para nosotros en Chile, debemos entender cuál es el bien superior que está en juego y que es lo fundamental que se deben defender para una sana convivencia democrática, que ayude en parte a reparar el enorme daño causado por el Estado y la elite oligárquica chilena.
Las preguntas que deberíamos adecuadamente responder: El consenso básico de una democracia mas profunda que surgirá de este profundo proceso constitucional y democrático que vivimos, ¿debe excluir o no las opiniones negacionistas que surgen frecuentemente en la opinión pública, que niegan o relativizan los numerosos crímenes de la derecha chilena y las FF.AA. en el período de la Dictadura de Pinochet y en el histórico genocidio de los pueblos originarios?
En resumen, ¿son más importante los derechos y la Dignidad de las víctimas y sus familiares o la libertad de expresión?
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratado internacional vigente y ratificado por Chile, establece en su artículo 19 que la libertad de expresión puede ser sometida a
limitaciones siempre que:
a.-Estén establecidas por ley;
b.- Sean necesarias para garantizar los derechos o la reputación de terceros;
c.-Sean necesarias para la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.
Al calor de la nueva mirada que debe surgir desde la Convención Constitucional, el desafío que ella va asumiendo será determinante de cómo es necesario construir, desde el ámbito de las bases de la convivencia y sus leyes, con la educación de las nuevas generaciones y además, en consonancia con el Sistema Universal de Derechos Humanos, para que verdaderamente se garantice que nunca más se vuelvan a repetir estos crímenes y atrocidades, como los asesinatos a mansalva, la tortura sistemática y masiva a detenidos políticos, desapariciones forzadas, tortura sexual, sicológica, exilio, robo de niños y su comercio al extranjero, derechos cívicos y laborales arrebatados, robo de tierras, de propiedades, de dinero, de periódicos, de empresas públicas, corrupción desatada, destrucción del tejido social, y tanto y tanto que hay que recuperar y superar.
El consenso que se debe construir y materializarse en nuestra Nueva Constitución, es que la libertad de expresión debe ser respetada por todos en todo momento y en todo lugar, pero tiene un límite esencial, cundo se viola los derechos y la dignidad de las víctimas y de sus familiares sobrevivientes de la Dictadura de la derecha chilena, específicamente cuando los perpetradores del Negacionismo impune, los vuelven a victimizar.
