Mañana 7 de abril se aprobará una iniciativa parlamentaria presentada por el cuatripartito en relación a los bienes inmatriculados por las diócesis navarras. Se pide la devolución de esos bienes, la personación del Gobierno de Navarra en procedimientos judiciales presentados por los municipios navarros y unas medidas sobre subvenciones dadas por el Gobierno para restauraciones de estos bienes y la elaboración de un inventario de las inmatriculaciones desde 1946.
Esta iniciativa justa supone una respuesta a la política de inmatriculaciones realizada por el Arzobispado. Por primera vez, el Parlamento de Navarra se da por enterado de las acciones de la Iglesia en este tema, afronta la situación y propone unas medidas que se van a aprobar por mayoría y que son reflejo de un sentir mayoritario entre la población navarra, que no acogió con agrado dichas inmatriculaciones. La Consejería de Cultura tendrá que inventariar los bienes afectados, detallar el dinero gastado en ellos y revisar las subvenciones que se iban a dar.
Es probable, sin embargo, que estas iniciativas, que parecen tan obvias y de sentido común, choquen con la política llevada a cabo por dicha consejería hasta ahora. Es reciente la visita de los altos cargos a bienes inmatriculados, con cascos, prensa y sonrisas incluidos, en la que no se puso en tela de juicio en ningún momento ese apoyo económico a restauraciones de bienes particulares. Como ejemplo, valga el de la Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela, con un presupuesto de seiscientos mil euros.
En los presupuestos para 2016 se siguió la misma política: dar subvenciones para restauración de bienes inmatricualdos sin poner sobre la mesa la cuestión de la propiedad. La Iglesia recibía el dinero del Gobierno de Navarra exactamente igual que siempre: sin nada a cambio
En la reciente comparecencia de la consejera para explicar las líneas estratégicas de su departamento no se trató el tema. Se explicaron las restauraciones previstas (en Grez, Larumbe, Rocaforte y más sitios) y… nada más. La Consejería de Cultura no se daba por enterada de las inmatriculaciones; y si las conocía, las daba por buenas, como se había hecho hasta ahora en Navarra. El cambio no ha llegado al patrimonio histórico de Navarra.
Esta actitud de Cultura va a recibir un duro golpe desde el Parlamento el mañana, cuando prospere esta iniciativa. Hasta ahora se ha llevado una línea continuista en personas e ideas con la política de UPN. Y esas mismas personas que han dado dinero -sin poner ningún reparo- para las restauraciones a la Iglesia, van a recibir el encargo de que lleven a cabo una política totalmente contraria a la actual.
No parece creíble que desde la Consejería de Cultura puedan llevar a cabo las medidas de esta iniciativa del cuatripartito sin que haya cambios en el personal. Quiénes y a qué nivel es algo que tendrán que acometer los que tengan competencia.
Por fin se va a intentar hacer justicia desde el Gobierno de Navarra (presionado por el Parlamento, gracias a Dios, ya que no salía desde dentro). Esperemos que la Consejería de Cultura esté a la altura de esta labor y enmiende los fallos cometidos hasta ahora.
