La mutilación genital femenina supone una violación de los derechos humanos reconocida internacionalmente. En la legislación española, se considera además como una forma de violencia de género. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de niñas y mujeres que viven actualmente han sido mutiladas.
Este tipo de práctica se realiza en el África Subsahariana, Oriente Medio, Asia y, de una forma encubierta, en países europeos. Cada año, casi 4 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de ser víctimas de mutilación.
Entre los factores de riesgo identificados se incluyen tener como origen un país y etnia donde se admite esta práctica, pertenecer a una familia en la que una mujer ya haya sido mutilada, que la potencial víctima vaya a viajar al país de origen y la existencia de información sobre ese desplazamiento.
Causas y consecuencias
La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos encaminados a la lesión o resección parcial o total de los genitales externos femeninos por motivos no médicos. Incluye la extirpación parcial o total del clítoris, los labios menores y los labios mayores, el estrechamiento de la entrada de la vagina o cualquier tipo de lesión de los genitales externos.
Las causas que se alegan para seguir llevándola a cabo se basan en el supuesto hecho de que es una tradición cultural positiva, pero ninguna de ellas ha demostrado ser cierta. No se ha podido probar que suponga beneficio alguno para la salud de las niñas y de las mujeres.
Pero sí se han comprobado las complicaciones físicas, psicológicas y sociales que padecen las supervivientes. Físicamente, sufren problemas urinarios, disfunciones sexuales, trastornos psicológicos y depresión y la reaparición del trauma en el momento del parto. Todo ello va a afectar a su calidad de vida.
En el peor de los casos, puede suponer la muerte debido a las circunstancias y los medios con los que se lleva a cabo y se cuenta para afrontar las complicaciones que genera. Todo ello supone un gasto anual estimado de unos 1 400 millones de dólares. Si no se le pone freno, este coste seguirá aumentando en los próximos años.
Rechazo internacional
Desde hace 25 años, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han puesto en marcha acciones para erradicar la mutilación genital femenina. El Parlamento Europeo también se ha posicionado a este respecto.
En 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas consideró que tradiciones como esta suponen una grave amenaza para las niñas y las mujeres.
Un año después, la Unión Africana prohibió cualquier tipo de mutilación genital femenina en el conocido como Protocolo de Maputo. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU contemplan la eliminación de toda práctica nociva para la mujer en la meta 5.3.
Algunos países africanos se adelantaron, como es el caso pionero de Guinea en 1965. Y a partir de los años 90, sobre todo, otros muchos se han sumado a la prohibición. No obstante, aún sigue estando permitida en varios países, como Somalia, Malí, Sierra Leona y Chad, si bien la mitad de niñas y mujeres que han sido mutiladas viven en Egipto, Etiopía e Indonesia.
A partir de los años 80, y sobre todo en los 90, quedó prohibida por ley entre los países de Europa, América y Oceanía. En España, constituye un delito de lesiones, tal y como fue recogido en la reforma del Código Penal realizada en 2003 (artículo 149). A todo ello hay que sumar el loable trabajo que multitud de organizaciones no gubernamentales están desarrollando, mediante acciones de educación, información y concienciación.
Hablan las víctimas
Gracias a la labor desarrollada por la comunidad científica, hoy sabemos mejor en qué consiste la mutilación genital femenina, cómo se lleva a cabo, en qué momento de la vida de las víctimas se realiza, dónde se produce, cuáles son sus causas y, sobre todo, sus consecuencias.
Así, nuestro reciente estudio no solo pone de manifiesto la experiencia traumática que supone para las niñas (hoy mujeres) que las sufrieron, sino también la lucha que están llevando a cabo para que sea erradicada.
La mutilación genital es percibida por las entrevistadas como una tortura física y psicológica, realizada en pésimas condiciones higiénicas por personas sin formación y cuyas secuelas permanecen a largo plazo. Fueron sometidas por decisión de sus familiares, como consecuencia de la desigualdad, la subordinación y las relaciones de poder que se establecen socialmente.
Impotencia, dolor, sufrimiento o angustia son algunas de las emociones que experimentaron al ser expuestas a una práctica que marcó su infancia y su sexualidad para el resto de su vida. Algunas incluso crecen creyendo que sus genitales mutilados son normales, y solo son conscientes de que no es así cuando acuden a alguna consulta ginecológica.
Todo ello ha hecho que las mujeres hayan adoptado una actitud crítica y comprometida. Socialmente, cada vez más madres y padres se están posicionando en contra, pero tienen que soportar la presión social que se ejerce para que las niñas sean mutiladas, sobre todo cuando viajan a los lugares de origen donde se sigue realizando mutilaciones.
Por tanto, las mujeres que fueron mutiladas consideran que unirse para contar sus historias sin miedo al resto del mundo es de gran importancia. Con esta forma de activismo pretenden que cada vez menos niñas y futuras mujeres tengan que sufrir de por vida sus consecuencias.
