La reforma de la ley de centros de culto impulsada por el Gobierno de Artur Mas ha caído como un jarro de agua fría en las comunidades evangélicas y musulmanas de Cataluña. El proyecto, dicen, limita su derecho a la libertad religiosa, peca de tradicionalista y concede a la Iglesia católica una condición de privilegio. Para estos colectivos, la reforma supone un "paso atrás" en relación con la ley de 2009 aprobada por el tripartito que, desde la laicidad y una posición neutra de la Administración, obligaba a los Ayuntamientos a modificar sus planes urbanísticos para prever terrenos de uso religioso.
"Habíamos acabado con las arbitrariedades, pero ahora hemos vuelto a la ley de la selva. Dependeremos otra vez del alcalde de turno", lamenta Guillem Correa, secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña. El proyecto, que será aprobado por el Ejecutivo el próximo 13 de septiembre, deja en manos de los Ayuntamientos amplios aspectos en la gestión de la apertura de nuevos centros, entre otros, la reserva de suelo para uso religioso en función de las necesidades del municipio.La ley de 2009, aún vigente, pretendía frenar a los Ayuntamientos, que en la última década han vetado centros de culto (sobre todo mezquitas) por la vía del urbanismo y las ordenanzas. Pero los Consistorios "no pueden imponer más condiciones que las imprescindibles" para preservar "el derecho fundamental a la libertad religiosa", recuerda la ley.
Las comunidades ven ahora ese derecho en peligro y creen que las alusiones a la "tradición" y la "historia", así como la necesidad de valorar el "arraigo" de cada confesión quiebra el principio de igualdad de la Administración ante todas las confesiones. El Gobierno de CiU pretende que, a la hora de ceder la calle o un espacio público de forma esporádica para uso religioso, los Ayuntamientos tengan en cuenta la "implantación" de esa confesión en el municipio. "Judíos, musulmanes y evangélicos somos reconocidos por el Estado como de notorio arraigo. Y en esta ley, en cambio, no está claro que lo seamos", insiste Correa.
"La ley del tripartito acabó con las ambigüedades y apostó por la cohesión. Esto es un retroceso tremendo", comenta Ahmed Benhallal, dirigente de la asociación Llum del Nord y una de las voces que más cuentan en el colectivo marroquí.
Todos ellos lamentan que la ley no haga un reconocimiento explícito de la diversidad religiosa. Los evangélicos han luchado en los tribunales contra ordenanzas municipales "injustas", mientras que los musulmanes atribuyen el giro político al miedo a las protestas vecinales y a la presión xenófoba de PxC.
