Natalia Rodas recuerda los abdominales que hacía en el piso y cómo levantaba frazadas mojadas para que tuvieran más peso. Le habían dicho que después de tomar las pastillas estos ejercicios la ayudarían a interrumpir el embarazo que no deseaba. Y mientras esperaba que sucediera, bebía té con hierbas para relajarse.
Rodas, de 31 años, consiguió la medicación abortiva de manera clandestina en una farmacia de su barrio en un suburbio de clase baja al norte de Buenos Aires. Tuvo que desembolsar más del doble del sueldo que cobraba como empleada administrativa. Tomó algunas pastillas y otras se las colocó en la vagina, sin certezas sobre el origen y estado del medicamento, y empezó la rutina de ejercicios físicos que le había recomendado una conocida.
Días después los calambres abdominales se intensificaron, fue al baño, hizo fuerza “como de un parto” y expulsó el saco gestacional con el embrión. “Gracias al aborto ilegal viví situaciones horribles”, admitió la mujer. Su pareja de entonces no quería hacerse cargo y su situación económica no le permitía asumir la responsabilidad de criar sola a un niño.
En Argentina, donde el aborto está penalizado por ley excepto en los casos de violación o riesgo para la vida o salud de la madre, las mujeres se exponen a un calvario si deciden interrumpir un embarazo. Sobre todo las pobres, quienes se someten a los métodos más inseguros.
Pero la patria del papa Francisco parece estar más cerca que nunca de legalizar el aborto después de que el poder de movilización de miles de mujeres llevó al conservador presidente Mauricio Macri a promover por primera vez en la historia el debate en el Congreso de un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación.
El proyecto que permitiría el procedimiento fue presentado al Congreso a principios de este año con el respaldo de 70 legisladores de todo el espectro político. La iniciativa necesita 129 votos en la cámara baja de 257 escaños para ser aprobada y luego ir al Senado. El voto de la Cámara de Diputados se espera para junio.
En los últimos años la nación sudamericana se ha puesto a la vanguardia en la región por la ampliación de los derechos civiles como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la lucha contra la violencia machista, en gran medida por la persistencia de un movimiento feminista que desde 2015 tomó impulso con multitudinarias manifestaciones callejeras bajo la consigna “Ni una menos”.
En un informe de 2016, el Ministerio de Salud estimó que en Argentina se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos por año pero aclaró que “por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos”.
Ese mismo año la cartera reportó la muerte de 245 embarazadas, de las cuales 43 -cerca del 18%- fallecieron como consecuencia de abortos, aunque no especificó si fueron espontáneos o inducidos.
Aunque Macri se manifestó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo se comprometió a no vetar la norma en caso de que sea aprobada, lo que por el momento es incierto.
En un pequeño taller situado en un complejo de viviendas populares del sur de la capital tres mujeres de una cooperativa textil cortan tela verde sobre la línea de tiza marcada por un molde con forma de triángulo. Ya recortados los retazos, una de ellas hace el bordado con una máquina de coser.
Estos días no dan abasto para atender la demanda de los pañuelos que las mujeres usan en las manifestaciones frente al Congreso convocadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un colectivo conformado por más de 500 organizaciones feministas, sociales y políticas que desde 2005 ha presentado siete proyectos parlamentarios. El último, que cuenta con la firma de 70 diputados sobre un total de 257, sería sometido a votación en junio.
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” es la frase estampada con letras blancas sobre los pañuelos inspirados en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las valientes mujeres con pañuelos blancos que desafiaron a la última dictadura militar (1976-1983) en la búsqueda de sus hijos y nietos desaparecidos.
“El pañuelo verde va a quedar en la historia de esta lucha tan grande que estamos dando”, explicó Betty Maidana, de 48 años y líder de la cooperativa, quien anhela que su país siga los pasos de Uruguay, Ciudad de México y Cuba para legalizar el aborto.
En América Latina, sólo Nicaragua, Honduras, República Dominicana y El Salvador prohíben el aborto sin excepciones.
Decenas de cientos de activistas, muchas de ellas adolescentes, se plantan cada martes frente al Congreso para recordarles a los legisladores que la despenalización del aborto es una deuda a saldar con las mujeres argentinas.
“Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer”, cantan desafiantes mientras extienden los pañuelos verdes.
“¿Qué objetivo tiene penalizar el aborto si se siguen realizando? Lo que se busca es someter a las mujeres y dejarnos en una situación de miedo, no permitirnos proyectos de vida autónomos”, sentenció Nelly Minyersky, una abogada de 90 años con una larga militancia feminista y una de las autoras del proyecto de ley. “Logra mantener a miles de mujeres en un campo de eventual comisión de delito, es una herramienta de disciplinamiento”.
El código penal argentino castiga a los médicos con penas de uno a cuatro años de cárcel si practican abortos a mujeres con su consentimiento. En tanto, las mujeres que se provocan un aborto se exponen a la misma pena.
Rodas recordó que a pesar de su angustiante decisión tuvo suerte porque contó con el apoyo y contención de su familia. “Pero hay mujeres que están solas. Y si les pasa algo fuera de lo normal que está estipulado en un aborto ilegal, ¿a quién recurren? Se mueren”.
Ella abortó con Misoprostol, una medicación para prevenir úlceras estomacales que según la Organización Mundial de la Salud funciona como un método bastante seguro de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Pasado ese plazo la mujer debe ser hospitalizada para su ingesta.
Se vende bajo receta y no está entre los remedios gratuitos que suministra el Estado. Pero como los médicos en general se niegan a prescribirlo ya que temen quedar expuestos a acciones penales, se compra en el circuito clandestino.
En las zonas marginales las embarazadas se someten a prácticas mucho más inseguras como la colocación de una sonda de látex con un alambre en el medio que llega hasta el cuello del útero, que así se dilata y genera contracciones. Otras recurren a hierbas de dudosa efectividad o pastillas no abortivas que se colocan en la vagina con el riesgo de úlceras o sangrados.
Estos métodos pueden provocar infecciones severas en el útero que se propagan rápidamente al resto del cuerpo con riesgo de muerte.
“Cuando un aborto es seguro es menos complicado que sacar una muela”, apuntó la médica Analía Bruno, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “Es una práctica muy sencilla que no pone en riesgo ni la salud ni la vida de las mujeres”.
En una encuesta realizada por la consultora Tendencias a fines de marzo el 48,5% de las 7.600 personas consultadas se pronunció a favor de la legalización del aborto. En general la mayoría de los sondeos muestran más apoyo que rechazo al proyecto que se debate en el Congreso.
“Cuando se niega el derecho más elemental, el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo… Si aparece alguna excusa para eliminar una vida humana inocente siempre aparecerán razones para excluir de este mundo a algunos seres humanos que molesten. Mandarán las circunstancias”, señaló monseñor Gustavo Carrara, designado recientemente obispo auxiliar de Buenos Aires por Francisco, durante una audiencia de las comisiones legislativas que trabajan en el tema.
“No es inofensivo abrir la puerta del aborto. Una lógica de muerte sólo provocará más muerte y tristeza”, advirtió a los legisladores.
El proyecto también es rechazado por un sector importante de la corporación médica que sostiene que la vida comienza en la concepción y defiende la objeción de conciencia de los galenos.
“El aborto criminal atenta contra nuestra seguridad demográfica, constituye una desaparición forzada de personas”, aseveró Oscar Botta, médico y director ejecutivo de la organización civil PROFAMILIA.
Según las activistas pro-aborto al circuito clandestino tampoco le conviene su legalización.
Una caja de 16 pastillas de Misoprostol, cuya fabricación en Argentina está monopolizada por un laboratorio, cuesta 3.500 pesos (unos 170 dólares). La aspiración manual intrauterina, un procedimiento de bajo riesgo que no demanda anestesia general y es ambulatorio, se cobra 30.000 pesos (unos 1.400 dólares) en consultorios particulares.
“Al patriarcado y al capitalismo, que se complementan y potencian, no les conviene que las mujeres tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos”, sostuvo la médica Bruno, a quien un fiscal le levantó cargos en 2016 por ayudar a una mujer a interrumpir el embarazo de su esposo violento. La mujer también fue imputada. Ambas fueron sobreseídas tiempo después.
“La maternidad forzada es equiparable a la tortura. La vida que protejo es esa, lo otro es nada, un proyecto de vida. Y si no hay deseo de que exista una persona, si no existe un hogar contenedor que espere a esa persona, ¿de qué vida estamos hablando?”, concluyó Bruno.
