Sectores conservadores piden un referéndum sobre la ley
El presidente del Parlamento portugués, Jaime Gama (socialista), recibió el martes varias cajas con 90.785 firmas de ciudadanos. En ellas piden la celebración de un referéndum sobre el proyecto de ley de matrimonio de personas del mismo sexo, que la Asamblea de la República empezará a discutir esta semana. La iniciativa, auspiciada por la Plataforma Ciudadanía y Matrimonio y otros sectores conservadores vinculados a la Iglesia católica, tiene escasas posibilidades de ser aprobada, ya que los tres partidos de izquierda que tienen mayoría (Socialista, Bloco de Esquerda y Comunista) han anunciado que votarán en contra.
La correlación de fuerzas desfavorable no desanimó a los opositores de la ley, que en pocas semanas recogieron más de 90.000 firmas y bajo la premisa de que "el referéndum es un derecho", pretenden que la ciudadanía conteste a la siguiente pregunta: "¿Está de acuerdo en que el matrimonio pueda celebrarse entre personas del mismo sexo?". La Constitución prevé que la propuesta de un referéndum puede hacerse por el Parlamento, el Gobierno o un mínimo de 75.000 ciudadanos.
El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un proyecto de ley que remitió a la Asamblea de la República y que da luz verde al matrimonio homosexual con una disposición legal que impide la adopción de niños. Los diputados debatirán y votarán los próximos días la propuesta del Gobierno y las que han presentado el Bloco de Esquerda, los Verdes (aliados de los comunistas) y el conservador Partido Social Demócrata (PSD). Este último promueve un proyecto de ley sobre "unión civil certificada", que reconoce varios derechos a los "socios" de la unión, pero no el de adopción.
La propuesta de referéndum ha encendido un debate entre quienes entienden que es un fraude a la voluntad de los portugueses, que en las últimas elecciones votaron mayoritariamente a los partidos que proponían el matrimonio homosexual, y quienes reclaman más debate y ponen como ejemplo Estados Unidos, concretamente los casos de los Estados de Maine y California, en los que sendos referendos invalidaron las leyes de matrimonio homosexual aprobadas previamente por los congresistas estatales.
