Con el objetivo de denunciar el incremento de las desigualdades sociales, las privatizaciones y reclamar mejores servicios públicos, organizaciones ciudadanas y partidos de izquierdas se han movilizado este sábado en Granada.
Detalle de la acción de protesta en la Fuente de las Batallas.
La movilización de este sábado 1 de junio en defensa de los servicios públicos se ha desarrollado en todas las provincias salvo Huelva y Málaga. El objetivo, denunciar la «privatización sistemática» de los servicios públicos andaluces y reivindicar la gestión «pública y equitativa» de estos sectores «esenciales». Ha sido convocada por asociaciones ciudadanas, sindicatos y partidos de izquierda.
En Granada, la manifestación ha discurrido desde el Triunfo a la Fuente de las Batallas. Entre las organizaciones que la han secundado: la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada; Stop Desahucios Granada 15M; USTEA Granada; la Agrupación de Trabajadores del SAS; Granada Laica; Granada Visible; además de Izquierda Unida, PCA, Podemos Adelante, Verdes Equo, Nación Andaluza y Sumar.
Reproducimos a continuación el manifiesto:
¡¡HAY QUE RECUPERAR, FORTALECER Y PROTEGER TODOS NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS!!
Las desigualdades sociales están aumentando desproporcionadamente como resultado de las políticas económicas, liberales y privatizadoras que los distintos gobiernos llevan aplicando desde hace años. El proceso de pérdida de la universalidad y calidad de nuestros servicios públicos se ha venido justificando con un discurso mentiroso y manipulador que defiende, contra todo juicio objetivo, que la iniciativa privada garantiza siempre mejores resultados.
Sin embargo, hemos comprobado tras diferentes experiencias -como con la pandemia- que es altamente peligroso para las mayorías sociales entregar sectores estratégicos públicos a las manos privadas, que no priorizan el servicio, la eficacia o la protección de nuestros derechos más fundamentales, los cuales son materia de especulación y beneficio.
Este chantaje económico para favorecer a unos pocos a costa de la mayoría se apoya en el individualismo y la competitividad frente a la solidaridad y la justicia. Las pensiones están cada vez más amenazadas y se están desplazando cada vez más sus capitales a fondos privados.
Nuestra sanidad y educación siguen abundando en políticas fracasadas como los conciertos, la cesión de la gestión a la privatización y la especulación con recursos públicos. El empleo público, cuyo acceso se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad y que está más regulado y es de mayor calidad, se ve amenazado por el abuso de la temporalidad, la falta de apoyo y financiación, el cierre de servicios y la -muchas veces- intencionada mala gestión por parte de los gobiernos de turno que tratan de justificar posteriores privatizaciones.
La vivienda está muy lejos de ser un derecho garantizado por las administraciones públicas. Carecemos de un parque público de viviendas, a pesar del rescate bancario que aumentó la deuda pública de forma colosal. Parque público que tendría que garantizar alquileres asequibles y que ponga coto a la especulación y a las transferencia de rentas a manos privadas. Mientras nos parecería inconcebible que un menor tuviera que dejar la escuela porque sus padres no pudieran pagarla o que una persona no fuera tratada de una enfermedad por no poder pagar su tratamiento, ¿por qué aceptamos que miles de familias vulnerables, con menores incluidos y sin alternativa habitacional, puedan ser desahuciadas?
En definitiva, primero crean el problema y luego lo convierten en negocio. No disponemos de una banca pública que sea una alternativa frente al latrocinio sin control de la banca privada. No disponemos prácticamente de empresas de telecomunicacones estatales. Sociedades y empresas públicas como Navantia, Airbus, Puertos Marítimos, Aena, Adif, etc., son pasto de la especulación y se gestionan como privadas, creando cada vez más precarización y desempleo mientras prestan peores y más caros servicios a la ciudadanía. En este momento en el que el ataque y expolio se centra cada vez más en las mayorías sociales, hay que articular una respuesta para frenar y girar 180 grados en este camino hacia ninguna parte por el que nos están llevando.
Somos conscientes de que el creciente descontento y la inquietud social intenta ser canalizado por los principales defensores de esas élites económicas a través de la promoción y auge del fascismo, gracias a la desinformación y manipulación populista del malestar de la sociedad en general. Pero también debemos impedir que nuestro “giro en el camino” sea pervertido por aquellas fuerzas que en realidad solo defienden y protegen los intereses de quienes son precisamente culpables y beneficiarios de nuestra precariedad y deterioro económico y social. En Granada, al igual que en el resto de Andalucía, nos unimos los movimientos sociales, mareas y organizaciones políticas, sindicales, laborales y populares que nos proponemos
Exigir la recuperación, implementación y dignificación de todos los servicios públicos para acabar con las desigualdades sociales que excluyen, empobrecen y matan a la población. Sabemos que si trabajamos la unidad de acción y la generación y promoción de espacios de lucha, podemos proteger nuestros derechos y asegurar nuestro futuro como una sociedad sana, educada, cuidada y protegida.
Hacemos un llamamiento dirigido a todas las provincias andaluzas y al resto del Estado a inundar nuestras calles el próximo 1 de junio en defensa de nuestros servicios públicos y lanzar el claro y contundente mensaje a los intereses privados y financieros de que con nuestro futuro y nuestros derechos ni se juega ni se especula y que exigimos unos servicios públicos eficaces, universales, suficientes, 100% públicos y de calidad.
