Durante su próxima sesión, el Parlamento del Principado de Mónaco debe examinar varias iniciativas legislativas “sociales” que podrían alterar la relación entre la Iglesia y el Estado: Mónaco es uno de los pocos países del mundo donde el catolicismo sigue siendo la religión oficial
El arzobispo de Mónaco, monseñor Bernard Barsi, advirtió a los parlamentarios del principado: “Legalizar el aborto sería inevitablemente una opción política que expresa la voluntad de abandonar la confesionalidad del Estado”.
En Mónaco, el catolicismo está incluido en la Constitución como religión del Estado, lo que tiene la consecuencia lógica de inscribir un significado cristiano en la legislación. De acuerdo con este principio constitucional, la Iglesia también tiene derecho legal a intervenir en los debates legislativos, a través de la voz del arzobispo.
Una despenalización parcial
En 2009, el aborto ya estaba despenalizado en el Principado por casos de violación, peligro para la salud de la madre y enfermedad grave del feto. En 2011, a la Masonería se le permitió establecerse oficialmente en el territorio, en nombre de la libertad de asociación. El arzobispo se había opuesto en vano a estos dos cambios.
El Consejo Nacional de Mónaco, el parlamento del Principado, debatirá en una sesión pública en junio de 2019 otros cambios legislativos: la creación de un “contrato de vida común” para parejas del mismo sexo, la relajación del principio de descanso dominical, y la despenalización del aborto hasta las doce semanas de embarazo.
Esta última propuesta de ley, presentada por el ex consejero nacional Éric Elena el 3 de octubre de 2017, pretende enmendar el artículo 248 del Código Penal de Mónaco, que define y castiga el delito de aborto.
La oposición del arzobispo
Sobre el aborto, la brecha entre las demandas de la Iglesia y las ambiciones parlamentarias es clara. El arzobispo de Mónaco, monseñor Barsi, explico su postura en el debate en diciembre de 2018: “Despenalizar, sí, legalizar, no”.
Luego planteó varias condiciones restrictivas: la despenalización solo debe aplicarse a las mujeres, para quienes el aborto es un “trauma terrible”, pero no a los médicos. También debe ir acompañada de políticas y ayuda que acompañen a las mujeres embarazadas en apuros. Tal despenalización podría, según el arzobispo, ser tolerada dentro del estado católico monegasco.
¿Seguirá la posición del arzobispo Barsi el Consejo Nacional de Mónaco? El procedimiento legislativo apenas está comenzando: después de haber sido adoptado por el parlamento del Principado, todavía tendrá que transformarse en un proyecto de ley si el gobierno del Principado está de acuerdo. El debate parlamentario actual sigue siendo teórico y simbólico, ya que en la práctica las mujeres nunca son condenadas por delitos de aborto.
Por el momento, el presidente del Consejo Nacional de Mónaco, Stéphane Valeri, parece compartir la posición del obispo Barsi: rechaza una despenalización que afectaría a los médicos que practican abortos y no solo a las mujeres, porque sería el equivalente a una “legalización”, lo que inplicaría “cambiar la constitución”.
Antes de su posible adopción en sesión pública, el proyecto de ley de Éric Elena debe modificarse para evitar una despenalización generalizada del aborto.
De la despenalización a la legalización
¿Por qué una despenalización generalizada del aborto es incompatible con el catolicismo estatal? A diferencia de la legalización, la despenalización del aborto a priori impide que el Estado promueva esta práctica como un “bien” o “derecho” para las mujeres. La despenalización puede ser aceptable si el aborto sigue siendo una condición excepcionalmente intolerable del Estado y la sociedad, pero cuya preocupación principal es preservar a las mujeres.
Además, despenalizar absolutamente el aborto, en realidad, abriría las puertas a la legalización; es un engranaje legal irreversible, como lo muestra el ejemplo español y el de muchos otros países.
En 2009, Monseñor Barsi ya había advertido: “Es probable que todo lo demás lo siga y lo peor es que lo temamos”. El autor del proyecto de ley que se debate actualmente, Éric Elena, ha asumido que este texto apunta a “abrir una puerta” a la promoción del aborto como un “derecho humano”, que va mucho más allá. Una simple ley de “tolerancia”.
¿Una intervención del papa?
Si Mónaco despenaliza el aborto de manera generalizada, es probable que el Papa Francisco intervenga, como ya hizo en el caso similar del Principado de Andorra en noviembre de 2018. En aquella ocasión, el Papa Francisco instó encarecidamente al obispo de la Seu d’Urgell que se opusiera a la despenalización generalizada del aborto, lo que supondría la legalización en la práctica.
En la hipótesis de que se aprobase una ley que despenalizara completamente el aborto, el Vaticano solicitaría la abdicación del obispo, que es uno de los dos copríncipes de Andorra, lo que pondría en tela de juicio el sistema de gobierno existente desde 1268.
En el caso de una despenalización generalizada del aborto en Mónaco, el Vaticano podría cuestionar los vínculos cercanos y constantes entre el papado y el Principado monegasco. Por su parte, el príncipe Alberto II de Mónaco ha afirmado repetidamente su fuerte adhesión al catolicismo del Estado.
