La reciente visita a España del señor Bertone, Secretario de Estado del Vaticano (entidad creada en 1929 por Benito Mussolini, y también llamada “Santa Sede”), pone de manifiesto las miserias de nuestro gobierno vaticanista, plegado al chantaje de un gigantesco grupo de presión institucionalizado.
Nuestra supuesta democracia, junto a lo que es la más elemental noción de Estado de derecho, sufre una nueva bofetada pública sin que nadie se sonroje.
El señor Bertone dicta al señor Zapatero y a su gobierno, fuera de todo control democrático, de manera prepotente y con toda la parafernalia ante los medios de comunicación, cómo debemos vivir los españoles, cuál debe ser el marco legal por el que se rige nuestra convivencia en el seno de la sociedad civil. Y el gobierno y las instituciones del Estado dicen amén, como quienes se pliegan a las exigencias de cualquier chantajista.
Lo más curioso del caso, ya largamente comentado por la prensa, es que el señor Bertone basa sus exigencias en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Leyendo los objetivos programados en la LOGSE y en la actual LOE, sobre la competencia comprensiva en la lectura de un texto, ni el señor Bertone ni el señor Zapatero obtendrían la graduación en Educación Secundaria Obligatoria.
Basándose en la ignorancia de un pueblo al que se “educa” en moralidad y en valores ciudadanos, pero al que no se instruye ni se informa de manera objetiva y precisa sobre sus derechos y sus deberes, se hace una lectura deliberadamente sesgada de la DU de 1948.
Habla el señor Bertone del derecho fundamental a la libertad religiosa. Pero la libertad religiosa no es un derecho humano. Sí lo es el “derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” (artículo 18 de la DU), del que no puede aislarse y desarrollarse únicamente el componente que a la Iglesia católica le interesa.
Y basta también una somera lectura de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminacion fundadas en la religion o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981, que interpreta de manera prolija el artículo 18 de la DU:
Artículo 1: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.
El derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia implica, pues, el derecho a tener cualesquiera convicciones de libre elección, independientemente del carácter religioso o no religioso de las mismas. Habría que invitar a lo españoles a leer detenidamente estos textos, pero interesa más “educarlos en la ciudadanía”, modelados por los intereses del gobierno de turno, y “en la moral católica”, para gloria de grandes grupos de presión. Si se instruyera en lugar de educar (es decir, en lugar de enculturar, de acomodar a la “cultura”, en el sentido etnológico del término), la llamada “libertad religiosa” aparecería como lo que es: una mutilación de los derechos humanos, una lectura restrictiva y opresiva de los mismos.
Esta tergiversación se ha mantenido durante toda la visita del señor Bertone, ha sido utilizada como coartada para arrancar al señor Zapatero la promesa de mantener intactos los acuerdos concordatarios de 1976 y 1979 y loa privilegios de la Iglesia católica, y ha servido de aleccionamiento a la ciudadanía a través de los medios de comunicación puestos al servicio de la alianza político-religiosa.
Ya lo sabemos: las normas legales que rigen nuestras vidas en el seno de la sociedad civil no son instrumentos de que nos dotamos los ciudadanos para regular nuestra convivencia pacífica, a través de los cauces democráticos que logremos habilitar. Son meras concreciones de una Ley revelada (“hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”) que sólo los obispos conocen y a la que todos, coaccionados por los poderes públicos, debemos atenernos.
Veamos, si no, el encarnizamiento del señor Berlusconi en Italia, en el caso de Eluana, una joven que lleva 17 años en estado vegetativo, con el aplauso de la Iglesia y con el más absoluto desprecio a los poderes públicos legítimamente constituidos.
