En un tiempo en que muchas miradas están centradas en el debate social sobre la despenalización del aborto, los ojos estuvieron puestos esta semana en el pronunciamiento sobre el tema que -se descartaba- surgiría de la asamblea plenaria del episcopado católico que se reunió de lunes a viernes en Pilar. Finalmente los obispos emitieron el documento “Proponemos una mirada amplia”, en el que ratifican su oposición a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y al mismo tiempo sostienen la apertura al diálogo ya exhibida en su declaración del 23 de febrero.
Tanto el texto, manado de la Comisión Ejecutiva, como las declaraciones posteriores de los obispos que la integran, corroboran la actitud política de la actual conducción de la Iglesia Católica: seguir insistiendo en su punto de vista y en lo posible sumar voluntades, pero evitar por todos los medios la confrontación con quienes sostienen la posición contraria. Además del espíritu de diálogo que predomina mayoritariamente en las autoridades de la Conferencia Episcopal, hay que computar también que en la memoria institucional de la Iglesia aún pesa el sabor amargo del enfrentamiento y de la derrota en el debate sobre el matrimonio igualitario en 2010. Entonces el presidente del episcopado era el cardenal Jorge Bergoglio, actual papa Francisco. En esta ocasión la mayoría de los obispos salieron de la primera línea de la discusión y dejaron ese lugar a católicos y católicas que se embanderan bajo el lema de “defensa de la vida”.
Nadie desconoce, sin embargo, que dentro de las filas del episcopado hay posiciones más inflexibles que las que finalmente quedaron expuestas en el documento difundido el viernes. Quizás por ese motivo fue la Comisión Ejecutiva la que se hizo cargo de la declaración y no el plenario en su totalidad. Un documento aprobado por la asamblea habría requerido un largo debate, muchas precisiones, correcciones y negociaciones para alcanzar el consenso necesario. Que el texto haya sido asumido por los obispos Oscar Ojea (presidente), Mario Poli y Marcelo Colombo (vicepresidentes), y por el secretario general, Carlos Malfa, acortó el camino y muy probablemente evitó discusiones que no hacen a la cuestión de fondo y sí sobre el tono de la declaración. Controversias, éstas últimas, que muchos consideran poco fructíferas en el seno de la Conferencia.
Antes que efectuar altisonantes declaraciones públicas sobre el tema, los obispos prefieren usar su capacidad de lobby para incidir sobre la voluntad de los legisladores que deben emitir su voto y, en el caso de que la iniciativa de despenalización prospere, utilizar su influencia para que se tenga en cuenta lo que ellos denominan una “mirada integral” de la materia en el texto final de la norma que emerja de ambas cámaras. Estas cuestiones van desde las posibles limitaciones que queden contempladas en la ley hasta la demanda de políticas públicas que impulsen la educación sexual y atiendan la situación social de las mujeres.
Está claro que dentro del episcopado católico no hay discrepancias respecto de la posición doctrinaria en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero las diferencias tácticas, también en el manejo de las opiniones públicas sobre el tema, quedaron en evidencia en las últimas semanas con las apariciones y las opiniones radicalizadas de varios de los obispos más conservadores. Uno de los más encendidos críticos a la iniciativa de despenalización fue el ultraconservador arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien a propósito llegó a decir que “el de Cambiemos es un gobierno sin principios de orden moral y natural”. Los sectores más conservadores del catolicismo encuentran en este caso un aliado coyuntural en grupos evangélicos fundamentalistas e igualmente conservadores.
Respecto de la actitud de los obispos también se escucharon otras voces dentro de la Iglesia. El sacerdote Eduardo De La Serna, uno de los referentes de los Curas en la Opción por los Pobres, calificó de “más o menos serios” los debates que se vienen dando en el Congreso, ponderó el documento emitido por la Conferencia Episcopal en febrero pasado pero advirtió que tras la invitación hecha por los obispos “a un debate abierto, respetuoso, de escucha y argumentos (…) lo que vimos son fotos de obispos con una frase: ‘¡Vale toda vida!’ y nada más”. Y agregó el cura que “no me consta que el episcopado haya llamado a escuchar diferentes voces y posiciones. Y, a menos que eso de ‘escuchar todas las voces’ quisiera decir todas las voces que piensan como nosotros, no parece que se haya hecho. Si esas fotos son los argumentos y debates que el episcopado pretende dar, no parece demasiado serio. ¡No lo es!”, remató De La Serna.
Si bien nadie está dispuesto a expresarlo en público, en buena parte del episcopado existe la convicción de que –más allá de la legitimidad que el tema tiene en la sociedad– la instalación del debate sobre el aborto por parte del gobierno forma parte de una maniobra política distractiva para evadir problemas que se le presentan en otros frentes, particularmente en la economía y en las cuestiones sociales.
No solo por ese motivo pero también tomándolo en cuenta, cada vez que los obispos se pronuncian sobre la cuestión de la despenalización del aborto, dedican algunos párrafos a la cuestión social y a la necesidad de atender particularmente a las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la pobreza y la marginación. La alusión a “la pobreza no resuelta” también fue incluida en el documento de esta semana entre las causas del “embarazo inesperado”. Y tampoco faltó una expresión de deseo en el sentido de que “¡ojalá podamos defender hasta tal punto los derechos humanos que no se los neguemos a los más débiles y vulnerables!”, seguida de lo que ha sido el eslogan de la campaña eclesiástica: “vale toda vida”.
Si bien en su documento los obispos reconocen que “no hemos acompañado de la mejor manera a las mujeres que han abortado en medio de sufrimientos y límites, y padecen en soledad las consecuencias de esta decisión” desde la propias filas de la Iglesia existen reclamos para que, aún sosteniendo sus posiciones de principio y frente al hecho inevitable de los abortos, sean estos legales o ilegales, la jerarquía católica deje en claro si continuará con su actitud condenatoria de estas mujeres o adoptará una posición de comprensión, contención y acompañamiento.
