El destacado masón, historiador y político republicano Miguel Morayta reflexionó en el número de enero de 1910 del Boletín del Gran Oriente Español, del que era gran maestre, sobre las escuelas laicas. Queremos recuperar su pensamiento, al respecto, en esta breve pieza por la justificación de la existencia de las mismas en virtud de la libertad de enseñar.
Morayta recordaba el Concordato de 1851 en el que se especificaba que la religión católica sería la “única de la nación española”, y que la educación en todos los niveles sería conforme a la doctrina de la religión católica, planteando, por lo demás, que la propia Iglesia realizará una labor inspectora sobre las escuelas, incluidas las públicas. Recordaba también como Facundo Ríos y Portilla no había podido hacer oposiciones a cátedra porque había escrito en el discurso al presentarse a las mismas unas proposiciones que fueron consideradas de “dudosa religiosidad”, aunque luego la Santa Sede, estando ya la cátedra provista, había declarado como ortodoxas. Pero también aludía en su artículo a su propia experiencia personal cuando se le abrió expediente sobre sus afirmaciones en relación con la mortalidad del diablo.
Era verdad que el Bienio Progresista –continuaba su repaso histórico- había hecho “trizas” el Concordato, pero llegaría la reacción con Narváez, y por decreto-ley se habría restablecido con toda su fuerza. Luego llegaría la Revolución Gloriosa, que también habría legislando destruyendo el articulado del Concordato. Curiosamente, al comenzar la Restauración nadie se acordó de promulgar un decreto como el de Narváez, ni tan siquiera Cánovas, en opinión, siempre, de nuestro autor.
La Constitución de 1876 había establecido en su artículo número 11 que nadie podía ser molestado en España por sus opiniones religiosas, “salvo el respeto debido a la moral cristiana”. Para Morayta esto estaría en contra de lo establecido por el Concordato, aunque, curiosamente no aludía en su artículo al famoso hecho protagonizado por el ministro Orovio que provocaría como reacción, la creación de la Institución Libre de Enseñanza.
Pues bien, Morayta afirmaba que, en consecuencia del marco constitucional establecido, se dio un decreto de 3 de marzo de 1881 por el que a todos los profesores de todos los niveles educativos se les otorgaba el derecho a proceder libremente tanto en la investigación como en la enseñanza, siempre y cuando se respetase la moral cristiana.
Pero la jerarquía eclesiástica reaccionaría, aprovechando, por ejemplo, el discurso de Morayta en la apertura del curso 1884-1885 en la Universidad Central, pero la libertad de cátedra prevaleció. Eso alentó a los librepensadores porque se lanzaron a abrir escuelas laicas. Los primeros habían sido los “Amigos del Progreso”.
En consecuencia, Morayta afirmaba que por decirlo la Constitución, las disposiciones vigentes y la interpretación que había merecido a liberales y conservadores, la escuela laica tenía perfecto derecho a existir.
La escuela laica no correría peligro, pero consideraba que estaba en crisis, por lo que había que fortalecerla.
