A juzgar por algunas reacciones hay algo aún peor, en relación con Marruecos, a que las pateras embarranquen en las playas andaluzas o que los gendarmes se apoderen del islote de Perejil: que sus inmigrantes en España voten en las próximas municipales. Desde que la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, anunció la firma de un convenio con Rabat para que los marroquíes residentes en España participen en las elecciones locales, un nutrido grupo de políticos y columnistas, de todas las tendencias, se rasgan las vestiduras, especialmente en Cataluña. Es allí donde reside un tercio de los 800.000 marroquíes (550.000 adultos) que viven en España. El alcalde de Salt (Girona) fue el primero en las filas de CiU en rechazar el voto marroquí, pero un político tan cauteloso e influyente como Josep Antoni Duran i Lleida no ha dudado en tachar a la ministra de "frívola". Su iniciativa, sostiene, "no tiene ningún sentido". Duran i Lleida no da argumentos para negar a los marroquíes lo que España ya concedió, en las últimas municipales, a ecuatorianos, colombianos, peruanos, caboverdianos, etcétera, sin que ningún dirigente de CiU levantase la voz.
Los que sí dan argumentos, a cual más peregrino, son los parlamentarios del Partido Popular de Ceuta y Melilla. Alegan que no se debe permitir el voto, especialmente en sus ciudades, a ciudadanos de un país que las reivindica. Arguyen que tampoco puede haber reciprocidad porque hay muchos más marroquíes en España que españoles en Marruecos, una desproporción que no les preocupó cuando se otorgó el voto a colombianos y ecuatorianos. Para no "discriminar" a los marroquíes, el presidente ceutí propuso que se prohíba votar en su ciudad a todos los extranjeros. El PSOE se muestra, en ambas ciudades, complaciente con estas posiciones.
En medio de este concierto de declaraciones que rayan la xenofobia, las únicas voces sensatas emanan del PSC-PSOE. Miquel Iceta y Anna Terrón recalcan que discriminar a los marroquíes es anticonstitucional. Es además una sandez. En Bélgica y los Países Bajos, donde residen en buen número, llevan décadas votando sin alterar el paisaje político. Ante las urnas apenas se diferencian del grueso de la sociedad, aunque, eso sí, nunca respaldan a partidos xenófobos.