Mi conciencia

« LA conciencia está por encima de la ley». «El sentido común está por encima de la norma». Dos afirmaciones equivalentes, frecuentes y biensonantes. Quien esgrime la primera aspira al reconocimiento colectivo para su conducta al margen de si es o no conforme a la legalidad. La conciencia es un concepto cargado de prestigio y, al parecer, valida y homologa conductas con autonomía sobre lo legal.
El problema es que en lo tocante a conciencia cada uno tiene la suya y el propio prestigio del término se relativiza mucho si de «mi conciencia» pasamos a considerar «su» conciencia, es decir, la del otro. Ésta puede llegar a percibirse, incluso, como pura extravagancia. A la conciencia le ocurre como al tan sobado «sentido común» cuando se constata que, en demasiados casos reales, no es común.
En los últimos tiempos viene apelándose a la conciencia en relación con disposiciones legales como la asignatura feroz, los matrimonios homosexuales, el aborto o la píldora 'post' por parte de padres, jueces, sanitarios o farmacéuticos, de tal manera que 'la conciencia' de determinado grupo social podría, caso de ser atendida sin restricciones, subvertir el resultado de las elecciones en la medida en que la legislación que se deriva de ellas no es vinculante y se subordina a «mi conciencia». Si a alguien le parece exagerada esta afirmación considere a qué límites podría llegar la primacía sobre la ley de «mi» y de «su» conciencia en una sociedad que está abocada a la pluralidad étnica, cultural y religiosa.
Por otra parte la legalidad -único código de conducta, por tanto moral, que nos es exigible a todos- no es sino la consecuencia de una ética de mínimos comunes democráticamente consensuados. Someter sistemáticamente la ley a la conciencia particular equivale a derogarla. Por eso, en los países civilizados, por encima de la ley no está nada.
Ahora bien, no hay por qué cerrar aquí el problema. La conciencia individual existe efectivamente y se puede manifestar de buena fe. Una sociedad madura y plural puede y debe ser generosa y presumir buena fe a «mi conciencia» siempre, claro está, que el respeto a «mi conciencia» no suponga merma en los derechos legales ajenos. Garantizados éstos, una sensata regulación legal de la objeción de conciencia no perjudicaría al colectivo y atendería, en la medida de lo razonable, a minorías diversas que, de momento, siempre son la misma. Quienes en su dictadura teocrática erradicaron toda disidencia tendrían así su acomodo en la democracia laica de la que tanto abominan. Y los demás dejaríamos de tener que oírlos.
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