Mezquitas de saldo

La extrema derecha francesa denuncia las ventajas que dan algunos municipios a la comunidad islámica La falta de fieles lleva a algunos ayuntamientos a demoler iglesias

El miedo a la islamización de Francia ha llevado a la extrema derecha a buscar todo tipo de recursos judiciales para retardar la construcción de mezquitas. Pero la paralización de dos proyectos emblemáticos –en Marsella y en la periferia de París– no hace más que incentivar el culto a Alá, que cuenta con cuatro millones de fieles en el país. De hecho, las maniobras legales de los radicales son también una forma de cerrar los ojos a la cruda realidad: mientras la comunidad de musulmanes practicantes no deja de crecer –se calcula que se ha doblado en los últimos 10 años–, la falta de fieles católicos y de recursos en las iglesias ha llevado a varios alcaldes a demoler capillas y campanarios.
La batalla de la ultraderecha contra la construcción de mezquitas ha encontrado una brecha legal a la que asirse para torpedear los contratos especiales de alquiler del terreno que otorgan los municipios a las asociaciones musulmanas. Se trata del artículo 2 de una ley de 1905 que establece que "la República no reconoc,e ni paga ni subvenciona ningún culto".
El pasado mes de abril, el tribunal administrativo de Marsella se acogió a este punto para dar la razón a quienes acusaron al ayuntamiento de conceder a la comunidad musulmana una "subvención disfrazada" para construir una gran mezquita en la ciudad. El 3 de mayo, por el mismo motivo, la justicia anuló el contrato para la construcción de la mezquita de Montreuil (Seine-Saint-Denis), en la periferia de París, donde surgió la ola de violencia del otoño del 2005.
El contrato establecía un alquiler simbólico de un euro al mes. Este tipo de condiciones están previstas en el caso de alquileres de larga duración con las asociaciones a cambio de una mejora del entorno. El Gobierno municipal ha recurrido contra la decisión, pero inevitablemente se ha desatado la polémica.
"Estas acciones ante la justicia son el resultado de una estrategia para luchar contra la islamización de Francia", admite abiertamente Nicolas Bay, miembro del ultraderechista Movimiento por Francia (MPF), que deplora "la voluntad de los poderes públicos de favorecer a los musulmanes facilitándoles terrenos en condiciones ventajosas para la construcción de mezquitas-catedrales".

Apoyo de Le Pen
La acción del MPF, apoyada por el Frente Nacional de Jean Marie Le Pen, ha surgido justamente cuando se han planteado proyectos de mayor envergadura, como la gran mezquita de Marsella –donde una cuarta parte de la población es musulmana–, con capacidad para acoger hasta 5.000 fieles y un presupuesto de seis millones de euros. El alquiler previsto era de 300 euros al año por unos terrenos de más de 8.000 metros cuadrados . La ultraderecha alegó que esta cifra era 15 veces menor que el alquiler reclamado a un centro de enseñanza católica al que se pedía 4.400 euros anuales por un terreno más pequeño.
"Se han firmado este tipo de contratos durante decenios con representantes de otros cultos sin que fueran considerados contrarios a la ley de 1905", afirma Didier Leschi, jefe del departamento de cultos del Ministerio del Interior. "De los 1.800 lugares de culto construidos después de la ley en el área de París, 450 se han hecho con estos contratos. La igualdad de todos los cultos supone que lo que se ha permitido a unos se autorice también a los otros", defiende. Leschi alude así a algunos contratos suscritos con la Iglesia católica, que también han orillado la legislación subvencionando pequeños museos de escaso interés como coartada.

Mantenimiento costoso
Entre tanto, en algunas zonas rurales, los alcaldes proceden a la "deconstrucción" de iglesias, palabra que utilizan para suavizar lo que en realidad es una demolición por falta de fieles y de medios económicos para afrontar una costosa rehabilitación. Se trata de iglesias construidas en el siglo XIX y de relativo valor arquitectónico, que no son consideradas patrimonio cultural. La misma ley que permite a la ultraderecha boicotear la realización de mezquitas impide recurrir a los fondos públicos para mantener el patrimonio reciente de la Iglesia católica, religión que ha experimentado un descenso del 16% de los feligreses en el último decenio.
En agosto del 2006, una grúa destruyó la primera iglesia en Saint-Georges-des-Gardes, en el departamento de Maine-et-Loire). La seguirán otras. En Valanjou, la iglesia de Saint Martin tiene los días contados. Y en Gesté, el Ayuntamiento ya ha acordado la demolición de la iglesia pese a las amenazas que ha recibido de "arder en el fuego del infierno" si se atreve a cometer este "acto sacrílego".

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