En 2007 se publicó un extenso ensayo sobre la laicidad como un principio fundamental contra la discriminación, texto cuya tesis central está muy vigente quince años después.
El autor del texto: La laicidad: antídoto contra la discriminación, es Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo: “En estos quince años han cambiado algunas cosas, no sólo las orientaciones ideológicas del gobierno, sino también en la sociedad. Los censos y encuestas nos hablan de que han cambiado las dinámicas religiosas en el país”, explica el académico.
Venimos de un México (desde la independencia en el siglo XIX) con una herencia predominantemente católica, en el que una Iglesia muy poderosa y cuasi hegemónica tenía una incidencia muy relevante en la vida del país.
“El sociólogo de las religiones Roberto Blancarte dice que en México hubo dos luchas de Independencia, una frente a la Corona española y la otra frente a la Iglesia católica. Tiene mucho sentido su afirmación”, dice el investigador. “Incluso hasta la constitución de 1824, la definición del Estado mexicano era una sola religión, la católica, apostólica y romana”, apuntó Salazar Ugarte.
Por el contrario, la Reforma (en el segundo tramo del siglo XIX) y después la Constitución de 1917 (durante la Revolución) van orientándose hacia la definición de un Estado laico. Un Estado no sólo no religioso, sino uno en el que las leyes y las instituciones públicas estarían por encima de las instituciones y mandatos de esa Iglesia católica.
“Durante un buen tramo del siglo XX, un porcentaje muy amplio de la población que se adscribía a una religión se decía católico”, explica el profesor Salazar. “Pero en años recientes, en todo el país (en particular en algunos estados del sur) la pluralidad religiosa ha emergido. Cada vez hay más personas que siguen siendo religiosas, pero ya no son católicas”.
Aunque esa pluralidad ha sido motivo de conflictos, y en ocasiones de enfrentamientos dentro de las comunidades, también se ha tomado conciencia de que incluso en el ámbito religioso la diversidad y la pluralidad deben ser reconocidas, deben tener carta de identidad y deben ser respetadas.
Según el profesor universitario, esto nos ayuda a entender por qué en el año 2012 hubo dos reformas constitucionales. Una al artículo 24, en la cual se establece el reconocimiento a la libertad de creencias y se agrega el de convicciones éticas, es decir, se da un reconocimiento constitucional a las no creencias, a las personas agnósticas o ateas: “se les otorga la misma carta de identidad que a las personas creyentes de las diferentes religiones que ya existen en el país. En su mayoría de impronta cristiana, pero no sólo ni necesariamente católica”, dijo.
En esa misma operación constitucional, añade, “se reformó el artículo 40, en el que se especifica el carácter laico del Estado mexicano. Un carácter que de alguna manera ya estaba desde la Constitución de 1917 en los artículos tercero y 130. Pero a partir del año 2012 se puntualiza que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal, democrática, representativa y laica”.
Laicidad y democracia
Según el doctor Salazar, la laicidad aparece como “un elemento de identidad constitucional en México, anclada a la idea del reconocimiento de la pluralidad de religiones y de creencias. Ahí está la atadura fundamental entre laicidad y democracia”.
“La laicidad, continúa, es condición de pertenencia común desde la diferencia. Es decir, pertenecemos de manera común a la nación mexicana. Pero eso no conlleva, ni implica, ni demanda, que debamos tener una uniformidad de creencias. La pluralidad y la diversidad ya vienen reconocidas, y ese reconocimiento a la dimensión religiosa también lo podemos desdoblar en la pluralidad ideológico-política. Y también en la pluralidad de visiones y concepciones de nuestro país. Esa pluralidad es la que recrea a las democracias”, considera académico de la UNAM.
La laicidad como condición para el ejercicio de libertades
Originalmente, la laicidad fue imaginada como un arreglo institucional orientado a la libertad de pensamiento, de religión, y en ese sentido fue condición para el ejercicio de libertades.
“Lo que sostengo en el texto es que no debemos imaginar y visualizar a la laicidad sólo como una forma de arreglo estatal orientada a la libertad, sino también orientada a la no discriminación. Porque si tomamos en serio esa libertad, entonces debemos reconocer que en nuestras sociedades hay una pluralidad de creencias que debe ser reconocida y respetada”.
“En ese sentido, la laicidad es un antídoto contra las discriminaciones, porque nadie puede ser discriminado, excluido o excluida por creer o no creer en una determinada religión. Todas las personas, independientemente de cual sea su creencia o de que la tengan o no, tenemos derecho y tenemos carta de identidad para pertenecer a nuestra sociedad, a nuestro Estado”, explica el profesor universitario.
Todas las personas debemos ser igualmente reconocidas en nuestra diferencia, y ahí es donde radica la fuerza de la laicidad como un arreglo institucional que inhibe las discriminaciones; en comunidades en las que empiezan a surgir minorías religiosas, la laicidad las protege contra la discriminación, contra la exclusión, contra la expulsión, porque esas minorías religiosas deben poder reivindicar su pertenencia a esa comunidad, independientemente de la creencia que profesen.
“Ese es el eje medular de aquel texto: la laicidad constituye una condición de pertenencia en igualdad de condiciones para quienes creemos de manera diferente”, dice Salazar Ugarte.
La laicidad fuera del ámbito religioso
Si vamos más allá del ámbito religioso, en el artículo primero de nuestra constitución podemos ver que la no discriminación está orientada a distintos aspectos de nuestra vida colectiva: nadie puede ser discriminado por sus creencias, por su etnia, por su edad o por su preferencia sexual.
La no discriminación es una protección de las diversidades —de las diversidades, en plural—: ideológicas, étnicas, raciales, etarias, sexuales, etcétera. Ahí está la fuerza del último párrafo del artículo primero de nuestra constitución:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Además de la reforma constitucional sobre el tema, también se creó el Conapred, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual, aunque está adscrito a la Secretaría de Gobernación, sirve para impulsar políticas públicas, estudios o encuestas para monitorear el problema de la discriminación y combatirlo.
Pero todos esos esfuerzos institucionales no son suficientes si no hay una toma de conciencia de la dimensión y magnitud del problema, más allá del Estado.
“Pienso, por ejemplo, en los centros educativos, no sólo los universitarios, como nuestra Universidad Nacional, sino también desde la formación más elemental en las escuelas, es importante ir generando una cultura de inclusión y de apertura a la otredad, a la diferencia, a la no discriminación”.
El investigador universitario agrega que la escuela debe ser laica para que niñas y niños aprendan a convivir, a jugar, a hacer amistad, a conocer a niñas y a niños que no pertenecen a su mismo grupo religioso, porque de esa manera construimos una sociedad que cuando se encuentre en las calles pueda convivir sin discriminaciones.
Pero considera que ésta es una batalla que no es fácil ganar, porque en nuestro país todavía hay muchos resabios culturales que, lejos de permitir la inclusión yel respeto a la diversidad, siguen generando muchos ámbitos de discriminación.
