La laicidad debe garantizar la separación de instituciones religiosas de los asuntos públicos y no permitir que la Iglesia interfiera en la gestión gubernamental
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se lee en el Artículo 130 el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias y de culto, este artículo constitucional dicta que la religión debe omitirse en cualquier decisión política.
Cabe mencionar que, dentro del ámbito municipal, las instituciones religiosas intervienen en la gestión de la vida diaria de las personas y sus derechos humanos, mediante la formulación de controversias constitucionales, a fin de solventar necesidades de las comunidades.
“El tema de la laicidad en México se considera una cuestión nacional o federal, no un tema directamente local”, señala Felipe Gaytán Alcalá, catedrático de la Universidad La Salle y experto en laicidad.
Gaytán Alcalá menciona que, cuando el Estado laico interviene en decisiones locales, pretende ayudar a la población. En los municipios, además de contar con una iglesia que se encarga de temas religiosos y de celebrar las tradiciones de los feligreses, existen las oficinas de asuntos religiosos, en donde participan pastores evangélicos representando a párrocos y obispos.
Dichas oficinas se encargan de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa mediante la atención oportuna de los servicios gestionados por asociaciones creyentes, como la resolución de conflictos de intolerancia religiosa suscitados en el país mediante la intervención concertada y el fomento de los valores de la tolerancia.
Otro tema en el que los gobiernos locales participan con la Iglesia es la emisión de la carta de notorio arraigo, misma que acredita la práctica ininterrumpida de una doctrina o actividades de carácter religioso por un grupo de personas, en algún inmueble.
“Sin duda, el ámbito municipal es el más vulnerable en el tema de la laicidad porque los alcaldes no tienen mucho margen para intervenir en asuntos religiosos, ya que son vistos como tradiciones religiosas o culturales”, refiere Felipe Gaytán
Asimismo, Gaytán menciona que el Estado laico avala la viabilidad de una sociedad democrática, incluyente y garante de las libertades cívicas, pero la complejidad social muestra una diversidad de manifestaciones y movimientos religiosos que compiten en el terreno de lo sacro.
Esto deriva en conflicto cuando los grupos emergentes y las corporaciones eclesiales se disputan la tutela y representatividad del espacio público, buscando influir y definir temas de moral y ética para la sociedad en su conjunto.
En los últimos años, se han generado diversas tensiones en el ámbito político por parte de las iglesias, que buscan definir, en una primera instancia, una agenda política a partir de sus creencias, convicciones y principios, partiendo de la supuesta crisis de valores y la debilidad del marco de convivencia social y ética entre los ciudadanos.
Asimismo, las iglesias buscan intervenir en la orientación y diseño de las políticas públicas, argumentando la necesidad de garantizar el bien común del Estado, advierte el académico.
PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA EN TEMAS POLÍTICOS
“La Iglesia puede interesarse en distintos temas, como la salud, la seguridad, la situación social y el agua, sin embargo, cuando lo hace en temas políticos, puede malinterpretarse, porque la ciudadanía se preguntará: y después de esta intervención, ¿qué sigue?”, señala Gaytán Alcalá.
Debido al nivel de inseguridad que se está viviendo en el país, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) firmó el Compromiso por la Paz, con los candidatos a la Presidencia de México, en el cual solicita definir acciones para garantizar la seguridad del país.
Con esta firma de convenio, la Iglesia, al involucrarse con aspirantes presidenciales, podría ser parte en la agenda electoral; sin embargo, para evitar este tipo de especulaciones, se propuso el Decálogo por la laicidad, con el fin de reconocer y fortalecer la laicidad en las políticas públicas de México.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir, el grupo Libertades Laicas y la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentaron una serie de normas que buscan impedir que las iglesias favorezcan candidaturas o que fuerzas religiosas impongan una agenda política.
“Presentamos el Decálogo por la laicidad en el marco del Proceso Electoral 2023-2024 porque creemos que, justamente en este proceso, estamos en un escenario donde constantemente la injerencia de las iglesias está en el ámbito político”, sostiene Aidé García Hernández, Directora de Católicas por el Derecho a Decidir.
García Hernández señala que hay candidaturas que favorecen a algunas iglesias, por lo que es importante hacer este decálogo, a fin de evitar que las posturas religiosas impongan una agenda política, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos.
La reforma al Artículo 40 Constitucional, en 2012, incluye la laicidad del Estado como una condición imprescindible para el ejercicio democrático, que posibilita elecciones incluyentes, libres y participativas.
Por tanto, ante los próximos comicios donde la ciudadanía elegirá 20 mil 708 cargos, 629 para la elección federal y 20 mil 79 en elecciones locales, incluyendo presidencias municipales y nueve gubernaturas, la sociedad civil y academia se suman a la exigencia por campañas electorales respetuosas del proceso democrático y la tradición laica mexicana.
