El domingo pasado se conmemoró el 160 aniversario de la promulgación de las Leyes de Reforma, un conjunto de decretos y acuerdos expedidos de 1859 a 1863 para establecer en México, la separación entre la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes del Clero, la extinción de las corporaciones eclesiásticas, la promulgación de la libertad de culto y el nacimiento del Estado Laico.
Como antecedente, de 1855 a 1857 se promulgó la llamada “Ley Juárez” y otra serie de ordenamientos, como un primer paso para eliminar los privilegios eclesiásticos y concretar la división entre la Iglesia y Estado.
Con las Leyes de Reforma se estableció la libertad religiosa y la prohibición de que ministros de culto se postulen para cargos de elección popular, por ejemplo.
Lo anterior no quiere decir que políticos, servidores públicos o autoridades de gobierno, nieguen u oculten sus creencias religiosas. Mas bien, de forma muy sencilla, implica que no fomenten su culto religioso y mucho menos que lo impongan a la nación, libre de profesar la religión que le acomode o en aquella que crea.
En cuanto al principio de laicidad, este significa que ninguna religión debe ser privilegiada, beneficiada o discriminada desde el poder y mucho menos, debe interferir, conducir o definir políticas públicas, ni decisiones de gobierno. Esto incluye que ninguna religión, debe tomar el papel del gobierno.
Pese a las prohibiciones y restricciones constitucionales en cuanto a la relación Iglesia-Estado, políticos y presidentes mexicanos, han incurrido en probables simulaciones o violaciones a dicho precepto, sin que hayan existido sanciones o consecuencias.
Al menos en este siglo, la cercanía de Vicente Fox y su primera dama, con el Clero católico, fue ampliamente criticada; en menor medida, se reprochó a Felipe Calderón el coqueteo; y se reclamó fuerte a Enrique Peña Nieto, quien paradójicamente se echó encima a la iglesia Católica por las reformas que promovió, fallidamente, sobre los matrimonios igualitarios.
El tema ha resurgido con mayor fuerza, a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia de México; un proclamado adorador de Juárez, cuyo discurso público choca evidentemente con los conceptos del Benemérito de las Américas, en cuanto a la división entre lo político y lo eclesiástico, entre el Estado y la Iglesia.
Lo mismo si se reúne con evangélicos o los suma a actos públicos de carácter eminentemente político, que si ofrece otorgar a cristianos concesiones para la apertura de estaciones de radio y televisión, lo cual les está vedado desde 1992; que si los usa para repartir 10 mil ejemplares de la Cartilla Moral, escrita en el siglo pasado, por Alfonso Reyes.
Esto último llevó a la Logia Masónica de la Ciudad de México, a anunciar que contempla demandar al gobierno mexicano por probables violaciones al Estado Laico, no propiamente por el contenido de la Cartilla, que no es de tipo religioso, pero sí por la coordinación entre López Obrador y las iglesias evangélicas para la entrega de la misma.
El tema, lo hemos dicho ya, no es nuevo, pero acaso sea ésta, una oportunidad para reflexionar sobre el espíritu de aquellas leyes, vigentes en lo general y oportunas, cuando lo que urge, no son las cruzadas morales, sino la vuelta a la conciencia, al impulso de la Educación laica, de la Ciencia. Al restablecimiento del pensamiento y la razón.
