Los derechos de libertad de creencia y religión así como el de la vida y la salud serán puestos en la balanza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que los ministros analizarán el caso de una madre, de la etnia rarámuri y perteneciente a los Testigos de Jehová, cuya custodia de su hija enferma de leucemia le fue entregada al DIF de Chihuahua para que ahí se decida sobre su salud debido a que es necesario realizarle transfusiones sanguíneas, a lo que la mamá se niega por cuestiones religiosas.
En el caso, la madre promovió un amparo contra la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, por la discriminación en razón del origen étnico y creencias religiosas que dijo sufrir, al prohibirle tomar las decisiones en cuanto a la salud de su hija.
Manifestó que la autoridad inició un procedimiento de protección que se establece en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para que la tutela de la menor quedara de manera provisional a favor de la autoridad.
Así, la Subprocuraduría, a través de su titular, y no la madre de la menor, tomaría las decisiones para autorizar los tratamientos médicos toda vez que la niña se encontraba internada en dicha institución médica.
Al iniciar el procedimiento de protección, la Subprocuraduría tomó como base que la madre, dadas sus creencias religiosas, no dio su autorización para que le fuera suministrada una transfusión sanguínea a su hija.
Excélsior publicó en julio que un juez federal concedió el amparo a la madre de la menor para la trasfusión de sangre a su hija de cinco años siempre y cuando se hayan agotado otros medios.
