La libertad religiosa vuelve a ser tema de debate, como lo fue hace algunos años, específicamente a finales del año 2011, cuando la Cámara de Diputados aprobó fast track la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una modificación hecha a la medida de las pretensiones de la jerarquía católica, una institución interesada en recuperar antiguos privilegios.
Recuerdo bien que la modificación en cuestión se llevó a cabo en forma desaseada el 15 de diciembre del año arriba mencionado. Los términos en que ésta se consumó ocasionaron que la sociedad en su conjunto se uniera contra dicha reforma, protestando en todas las entidades federativas contra su sombría intencionalidad.
Aunque sus impulsores lo negaron siempre, la reforma en comento ponía en riesgo al artículo tercero constitucional, el cual establece de manera contundente el carácter laico de la educación, elemental en un país donde la diversidad religiosa es un hecho innegable.
Contra lo que algunos piensan, la lucha en comento no fracasó cuando el Senado y la mayoría de los congresos estatales aprobaron la reforma del 24 constitucional, pues en ese tiempo se aprobó la reforma al artículo 40 constitucional, la cual definió como laica a la República Mexicana en los siguientes términos:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unido en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Hoy se ha vuelve a poner en la mesa el debate sobre las pretensiones clericales, y resurgen con fuerza añejas pretensiones eclesiales con relación a las concesiones de radio y televisión a las iglesias del país, lo que constituye un rudo golpe al Estado laico.
Lo más preocupante del caso son las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que el gobierno de la cuarta transformación está a favor de las libertades y no se opone “a que se manifiesten todas las ideas, inclusive las posturas religiosas”.
En lo personal difiero con lo que ha declarado el primer mandatario de la nación, pues lo que el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece no es contra la libertad de expresión o de la manifestación de las ideas; es una prohibición que evita la discriminación de las asociaciones religiosas que no tienen la capacidad económica para una concesión de radio y televisión. El piso debe ser parejo para todas ellas.
Las declaraciones de AMLO van en contra de los ideales de Benito Juárez, lamentable en un gobernante que se dice juarista, y quien tendría que demostrarlo en cada uno de sus discursos y acciones de gobierno, defendiendo desde su elevada posición los principios de laicidad y de separación del Estado y las iglesias.
Si esta pretensión llegara a prosperar se estaría violentando el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pública que a la letra dice: “las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier otro tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”.
En lo personal coincido con Felipe Gaytán Alcalá, profesor investigador de la Universidad La Salle, quien señaló hace algunos días que es riesgoso si se llega a conceder la petición que ha hecho la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), pues “implica que participen con perfiles que no representan la construcción de un Estado laico”.
Termino mi columna recordando las palabras de Benito Juárez, fundador y ferviente defensor del Estado laico: el primer gobernante de una nación no debe tener más bandera que la ley”.
Armando Maya Castro
