Activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos coincidieron, en entrevistas por separado, en que detrás de las declaraciones del obispo de la Diócesis de Zacatecas que reconocen la existencia de casos de pederastia en esta demarcación, se encuentra la postura que sobre los abusos sexuales ocurridos al interior de la Iglesia católica ha tomado el Papa Francisco, pero expresan que es necesaria una actitud del prelado proactiva en el tema y en general, de la sociedad, y aun expresan dudas de su interés auténtico, o si se suma, dijo una de ellas, a un “ambiente de simulación” como el que ha caracterizado a las instituciones civiles y que abona a la impunidad.
Las integrantes de organizaciones de la sociedad civil también consideraron que falta introducir tanto la perspectiva de género como de infancia en la tipificación y sanción de las violencias sexuales en el Código Penal del Estado cuyas víctimas son los grupos más vulnerables: mujeres, niñas, niños y adolescentes; pero también, en el quehacer de los juzgadores y ministerios públicos, pues siguen atendiendo a la hora de realizar su trabajo a su propia idiosincrasia, configurada por prejuicios morales machistas y androcéntricos con la que socialmente se han naturalizado desde una cultura patriarcal, esas violencias.
Mara Muñoz Galván, presidenta del Observatorio de Defensa de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, dijo que las declaraciones de Sigifredo Noriega Barceló van en concordancia con la postura del Papa Francisco, quien “advirtió en días recientes que no habría tolerancia para los casos de pederastia dentro de la iglesia”.
Pero puso en duda si el prelado tiene una real intención de esclarecerlos o si busca sólo congraciarse con sus superiores.
En el primer caso se esperaría entonces que “no solamente alerte a la población sino actúe en consecuencia y de manera puntual” para que dentro de la iglesia no se perpetúe como una constante la impunidad como ha ocurrido en las instituciones del Estado.
Expuso que Noriega Barceló tiene una doble responsabilidad en la Diócesis de Zacatecas, la de ser autoridad frente a los sacerdotes y otros integrantes del ministerio que encabeza, pero también, serlo frente a sus feligreses, lo que impacta fuertemente en las comunidades, pues al considerar a los religiosos intermediarios con el mundo divino, muchas veces esto inhibe el que se inicien procesos legales en su contra o se denuncien sus actos públicamente.
“Y en ese sentido la iglesia debería actuar de manera mucho más enérgica para investigar estos casos”.
Precisó además, que cualquier persona que tenga conocimiento de delitos de orden sexual contra menores de edad debe dar parte a las autoridades de manera inmediata, pues de otra forma “se puede interpretar” como un encubrimiento o aun complicidad.
“En este sentido, no exhortamos a una cacería de brujas, sino al cumplimiento de la responsabilidad de todas las instituciones, de las cuales no están exentas” las iglesias, “pues ninguna debe estar por encima de los derechos humanos de las personas”.
En ese sentido las declaraciones del obispo deberían tener consecuencias al interior de la Diócesis de Zacatecas pero también en las instituciones del Estado, agregó.
Se refirió también a la necesidad de una política “real y efectiva” de protección a los niños, niñas y adolescentes, y consideró en ese sentido que el sistema creado para ello, el Sipinna, es apenas “un cascarón” sin recursos materiales, humanos y económicos suficiente para cumplir su tarea.
Los feminicidios de las niñas Juanita y Mariel, y la adolescente Litzy Sarahí, ejemplificó, no han significado un mejoramiento en la legislación, la capacitación de funcionarios con perspectiva de género e infancia, y las instituciones de procuración e impartición de justicia en su conjunto, aun cuando el propio gobernador pidió para el estado la Alerta de Violencia de Género, cosa que sin embargo, no le implicó destinar recursos necesarios para dar cumplimiento a las observaciones hechas por el grupo en cuyo trabajo se sustentó.
Por otro lado, dijo, la Procuraduría de Protección a NNA y Familia entregó a Mariel a familiares sin hacer las investigaciones y el seguimiento pertinentes, lo que derivó en su tortura y asesinato. Mientras que el Congreso del estado luego de la comisión de estos cuatro feminicidios infantiles “no ha podido sentarse a revisar seriamente cómo se pueden fortalecer las normas” para la protección de este sector de la población.
Dijo que en el caso de los delitos de orden sexual contra los menores de edad el Código Penal del Estado de Zacatecas “es muy blando” pues cuando las violencias no implican penetración anal, vaginal u oral, no ameritan sanciones suficientes y quedan en la impunidad.
Y el Código Federal de Procedimientos Penales “es sumamente garantista” para los presuntos agresores sexuales, pues no prevé su prisión preventiva oficiosa.
Así, los menores de edad, y en particular las niñas, quienes son en 90 por ciento en quienes se concentran las agresiones sexuales, son particularmente vulnerables “ante un sistema patriarcal y androcéntrico donde sus derechos son vistos como de segunda, en el mejor de los casos”.
“Esperamos que la iglesia católica en este caso, debido a las declaraciones del obispo, no forme parte de este ambiente de simulación y cumpla con esa doble responsabilidad que hemos señalado, de ser autoridad terrenal, pero también espiritual para muchas personas”.
Mara Muñoz exhortó a las víctimas de violencias sexuales por parte de religiosos a denunciar, y puso a su disposición los servicios legales gratuitos que ofrece el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas “para poder acompañar estos casos ante las instituciones de justicia”.
Por su parte la defensora de derechos humanos integrada a Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz, Cristela Trejo, subrayó también el que las personas independientemente del ámbito profesional en que se desarrollen, están obligadas “por ley” a dar aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado cuando tengan conocimiento de violencias o abusos sexuales contra NNA.
“Son procesos que se siguen de oficio, no se necesita que lo haga la víctima o sus familiares”, precisó también.
Consideró positivo el reconocimiento público que hizo Sigifredo Noriega Barceló de la existencia de casos de pederastia en la Diócesis de Zacatecas, ya que históricamente la iglesia católica siempre “se ha mantenido al margen” e incluso se ha constituido en cómplice al encubrir a sus sacerdotes agresores.
Esta actitud dijo, tiene que ver con la postura actual del Vaticano de reconocer y aun pedir perdón a las víctimas, pero acotó, llega tarde por años, e incluso siglos de atraso, y luego de procesos de revictimización de las victimas como los ocurridos durante la defensa que hizo de los crímenes sexuales cometidos por los Legionarios de Cristo.
La información que posee el obispo debe ser enterada a la FGJE pues siendo una figura pública y representante de la iglesia católica, “podría dar ejemplo de que es una persona comprometida con la sociedad zacatecana”, y aun si tuviera pocos elementos para que se iniciara una carpeta de investigación, algo que “solo él sabe”, su actuación haría manifiesto a la gente “que puedes empezar a proteger a los niños, niñas y adolescentes” incluso cuando no seas testigo directo de las violencias que están sufriendo.
“Yo creo que no puede tomar una postura tan pasiva; el reconocimiento es muy importante, qué bueno que lo hizo, pero necesitamos una iglesia activa” luego de que en las familias se manifiesta la negación de estos hechos o el querer proteger a las victimas -del escándalo-, por lo que “prefieren no hacer nada”.
Noriega Barceló en su opinión, también debe tomar medidas precautorias si presume que alguno de sus sacerdotes ha abusado de NNA o lo está haciendo, en tanto la fiscalía interviene, “hay una responsabilidad para que estas personas no generen más daño”.
Sobre la tipificación de los delitos de orden sexual en el Código Penal del Estado de Zacatecas, donde por cierto no aparece la figura legal de pederastia, consideró que en términos generales las figuras jurídicas de las violencias sexuales contra la NNA “están sumamente vagas” pues no se ha trabajado para plantearlas desde una perspectiva de género ni infancia.
Aunque a algunos de estos delitos se han tipificado recientemente y se les han sumado agravantes, “en lo general estamos totalmente escuetos y todo mundo sabe que se sanciona más el robo de ganado que una violación”.
Se le da más valor a un animal o al patrimonio de las personas, que a su desarrollo e integridad sexuales, expuso.
En Zacatecas se necesita hacer una revisión de la tipificación y sanción de las violencias sexuales “porque son muchas”, pues los legisladores han dejado vacíos respecto de la conducta de los agresores.
Para ello hace falta revisar exhaustivamente con expertos la armonización del Código Penal con lo que establecen la Ley General de Víctimas, de Protección a NNA, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Dijo que esto no se ha hecho porque existe una naturalización como objeto de uso de los cuerpos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, “de las personas más vulnerables”, en aras de considerarlos parte del consumo, de los adultos, y fundamentalmente de los hombres.
Estas modificaciones legales son importantes para generar “tranquilidad a las víctimas sobre su acceso a la justicia, y el que a tu agresor no lo vas a encontrar al tercer día en la calle”.
