La acción legal, presentada hoy en una rueda de prensa celebrada en la capital mexicana e interpuesta en California por los abogados Jeff Anderson y Anthony M. DeMarco, la respalda la Red de Sobrevivientes por Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP), detalló el presidente de ésta última, Eric Barragán.
"El objetivo es utilizar las leyes y tratados internacionales para exponer el problema del traslado de sacerdotes, el daño internacional que han ocasionado estos actos, la complicidad de una institución (la Iglesia católica) a la que realmente le 'vale' (da igual) la protección de los niños", sostuvo el activista.
La demanda, presentada ante el tribunal federal del Distrito Central de California, está basada en la Alien Tort Claims Act (Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros), por los delitos de "abuso sexual y encubrimiento".
La querella invoca violaciones al artículo 7(g) del Estatuto de Roma, que considera delito de "lesa humanidad" la "violación" y "cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable", así como los artículos 19 y 34 de la Convención de Derechos del Niño de la ONU.
Los demandados son el cardenal estadounidense Roger Mahony, el arzobispo mexicano Norberto Rivera Carrera, las diócesis de Los Ángeles (EE.UU.) y Tehuacán (Puebla, México) y Nicolás Aguilar, sacerdote cuando ocurrieron los hechos y desprovisto de este ministerio por el Vaticano en 2009.
Según Barragán, Nicolás Aguilar abusó a mediados de los años noventa sexualmente de un joven identificado hoy como "Juan Doe" para protegerle, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos.
Supuestamente aquella acción fue encubierta por el cardenal mexicano Norberto Rivera, quien habría tenido conocimiento de los hechos y facilitado que el cura fuera enviado a EE.UU., donde sucedieron otros abusos en California, según SNAP.
Esta organización promovió en 2006 una demanda parecida a la presentada hoy también contra Rivera y Mahony, entonces por una presunta conspiración de ambos en torno a los abusos cometidos por Nicolás Aguilar, pero su caso fue desechado el 16 de octubre de 2007 por el Tribunal Superior de Los Ángeles.
A diferencia de aquella querella, que interpuso un estadounidense, en esta ocasión el origen de la querella es una víctima mexicana que invoca tratados internacionales.
En esta ocasión SNAP tratará de llevar el caso ante un jurado, que determine el fondo del caso en un plazo que podría ir de año y medio a cinco años, estimó Barragán.
En la rueda de prensa el abogado mexicano José Bonilla, secretario de SNAP-América Latina y representante de la Fundación de la Mano con la Justicia, se mostró crítico con la reciente decisión del papa Benedicto XVI de acercarse a algunas víctimas de abusos sexuales, como sucedió la semana pasada en Malta.
El también padre de un niño que fue abusado en México, dijo que le parecía "una falta de respeto" el gesto papal de llorar y rezar con las víctimas porque lo que "necesitan y exigen" es "ver a sus agresores en la cárcel" para poder empezar a sanar.
"No soy enemigo de la Iglesia (católica), como suelen atacarnos las personas de la Archidiócesis de México. Somos enemigos de la pederastia, de la agresión sexual a menores. Eso no lo vamos a permitir mientras tengamos vida", concluyó.
