Menores, Iglesia y Defensor del Pueblo · por Antonio Gómez Movellán

Algunas asociaciones como Europa laica, advertimos de las lagunas que contenía esa ley, y una de estas omisiones fue la prevención de estos abusos sexuales en el interior de las instituciones religiosas y particularmente en las instituciones católicas.

Ante el denso y poco claro informe del defensor del pueblo sobre los abusos sexuales en la iglesia católica muchos de los afectados han levantado la voz sobre la falta de recomendaciones del informe ya que la única y clara es la creación de un fondo estatal para pagar posibles indemnizaciones; trasladar la responsabilidad del pago de indemnizaciones al Estado eximiendo de responsabilidad directa a la Iglesia, parece más bien una broma. Hasta la propia Iglesia católica ha tenido que salir a declarar que las organizaciones religiosas asumirán responsabilidades ante las indemnizaciones incluso en las que no haya sentencia judicial y sin embargo se tenga una conciencia moral del daño producido. Todo esto es confuso como más confuso es aun el rifi rafe que se trae la Conferencia episcopal y el gabinete jurídico de Cremades al cual encargó un estudio auditorio sobre el caso y del cual no se ha vuelto a saber nada excepto que existen discusiones entre la iglesia y el bufete Cremados. La Iglesia ha declarado que la extrapolación de abuso de unas 45.0000 personas por parte del informe del Defensor del Pueblo es una exageración y ha comenzado a intentar minimizar el alcance de las cifras.

Durante la tramitación de la ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (la conocida como ley Rhode), algunas asociaciones como Europa laica, advertimos de las lagunas que contenía esa ley,  y una de estas omisiones fue la prevención de estos abusos sexuales en el interior de las instituciones religiosas y particularmente en las instituciones católicas. Tampoco se quiso introducir un procedimiento que, dentro de las instituciones religiosas, se reconozca el daño causado y la reparación indemnizatoria para aquellos casos que hayan prescrito, pero hayan sido reconocidos.

Es una omisión que solo se explica por el favor del poder civil a la iglesia en nuestro país. En Bélgica unas plataformas de personas abusadas en colegios religiosos han exigido que a esos colegios se les suprima cualquier subvención pública; medida ésta, por cierto, tampoco recomendada por el Defensor del Pueblo. Al frente de la cartera de infancia y juventud se sienta una mujer de origen palestino comprometida con el laicismo y es nuestra obligación presionar para que aborde esta cuestión desde planteamiento de rigor y no desde planteamientos ambiguos y confusos como los del Defensor del Pueblo. Esperemos que el flamante ministerio de la infancia y la juventud se ponga manos a la obra y reforme esta ley. También esta ley contenía una laguna muy importante y es la orientación de los centros de tutela de menores. En efecto, en un reciente informe periodístico de Diario es, se demuestra que un 70% de las plazas de residencia (unas 20.000) lo son en instituciones privadas de las cuales la mayoría pertenecen a la iglesia católica. Es algo que la ley no ha abordado y es una laguna de la misma ya que la ley apuesta no por una perspectiva pública de la gestión de estos centros de menores sino por lo que denomina la de colaboración- público privado. Ha sido el Defensor del Pueblo quien, en el año 2009, realizó un exhaustivo informe de esto centros de menores y residencias concluyendo que el modelo debería enfocarse a un sistema público ya que en las residencias actuales se veían más nubes oscuras que rayos de luz.

Al igual que sucede con las residencias de ancianos convertir estos servicios asistenciales básicos en un negocio, disfrazado como caridad católica o como asociación no lucrativa, produce un desistimiento de lo público que a la larga se ha pagado -y se paga- con la desprotección y el abandono.