La UCAM quita hierro a la decisión del ayuntamiento de Murcia de remitir a la Fiscalía Superior el expediente urbanístico sobre sus edificios construidos sin licencia en el campus de Los Jerónimos, y la universidad católica privada de José Luis Mendoza va más allá y apela al “interés social” para intentar que esa instalaciones ‘piratas’ sean ahora legalizadas. ¿Qué interés social esgrime Mendoza? ¿Seguir haciendo de la UCAM una máquina cada vez mayor de hacer billetes con la complicidad y los privilegios que le otorga el Ayuntamiento murciano del PP?
La superficie total construida sin licencia es de 3.479 metros cuadrados y el Ayuntamiento de Murcia pide que ahora a la Fiscalía que proceda a “la exigencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como consecuencia de las obras ejecutadas”, tal como recoge el decreto que el pasado 22 de septiembre firmó el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón.
Pero han pasado varios años sin que el Ayuntamiento, con Miguel Ángel Cámara de alcalde, haya prestado atención a la situación ilegal de la obras acometidas por la UCAM, levantadas en suelo no urbanizable y sin las preceptivas licencias, y el asunto se ha removido a raíz de una denuncia de Ahora Murcia. En concreto, se trata de una zona calificada como “Suelo No Urbanizable NR: Huerta, rincones y cabecera del Segura y otros espacios de alto interés”. En un edicto municipal de finales de julio se declaraba la “imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del suelo realizados”, lo que llevaba a iniciar un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística que pasaba por la demolición de los inmuebles mencionados. El coste del derribo fue estimado por los técnicos municipales en 39.000 euros.
La universidad católica pide otra autorización excepcional
Aun así, la UCAM insiste en que no se ha vulnerado la legislación. La institución docente privada sí reconoce que los terrenos sobre los que se han levantado varios edificios (aularios, laboratorio, cafetería…) están calificados como no urbanizables, pero señala que la UCAM ya consiguió en su día que la Comunidad Autónoma les facultara para realizar obras en esta zona mediante una autorización excepcional, dado el “interés social” del proyecto.
En base a esa anterior decisión, la UCAM considera que no debe existir problema alguno para que, ahora, la Administración regional vuelva a emitir una “autorización excepcional” que permita legalizar los edificios ya construidos. Y ello a pesar de que la normativa urbanística obliga a que esa autorización excepcional se solicite con carácter previo y nunca a posteriori.
La institución docente asegura además que no se trata de obras consolidadas, sino de “instalaciones prefabricadas”, e insiste en que no debe existir problema para su regularización.
El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, señaló en la misma línea que esas obras podrían ser legalizadas si desde la Comunidad Autónoma se reconociera ahora el interés social del proyecto, como se hizo en su día con otros edificios del campus privado. Y ello a pesar de que en el decreto que firmó en julio pasado advertía de la “imposibilidad” de regularización de esos inmuebles y de que la única opción pasaba por su demolición.
De cualquier forma, la hipotética legalización pasaría por el pago de una sanción que podría oscilar entre los 400.000 euros y el millón de euros.
