El negocio de la educación española está de enhorabuena. El viernes 17 de mayo de 2013 el Consejo de Ministros del PP ha aprobado la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la enésima ley educativa de la vigente etapa democrática que, salvo modificación profunda en el trámite parlamentario -nada previsible-, supondrá una utilización mercantilista de la educación pública y/o subvencionada, una ruptura de la frágil igualdad de oportunidades hasta ahora existente, un ataque sin precedentes a la libertad de conciencia y una burla de uno de los pilares de un Estado Social y Democrático de Derecho al promover una ley contra la Comunidad Educativa del ámbito público, contra el dictamen del Consejo de Estado y contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre la financiación de centros que promueven la separación del alumnado por motivos de sexo. El único ministro de Educación que intentó de forma denodada un acuerdo de Estado sobre Educación, tan necesario para el futuro de España, fue Ángel Gabilondo, catedrático y ex–Rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Por supuesto, en 2009 cuando lo nombró ministro, Rodríguez Zapatero tenía ya calculado su fracaso y lo que podría amortizarse su noble intento.
¿Se puede aplicar una ley orgánica de educación con la oposición explícita del sector público al que se va a aplicar? ¿Qué ocurriría, como sugiere Federico Mayor Zaragoza, si ese sector hiciera la misma objeción de conciencia que el sector concertado y algunos iluminados padres en la Educación Pública hicieron a un área como Educación para la Ciudadanía, manipulada hasta la saciedad por el poder clerical y sus coros, un área que promovía los valores cívicos, éticos, constitucionales y de defensa de los Derechos Humanos recomendados por la Unión Europea, impartida por funcionarios seleccionados según criterios de mérito y capacidad y que contaba con el respaldo de la tradición de la filosofía y de la historia occidentales?
Con todo, lo peor de esta ley es que termina por hacer buenos a pusilánimes como el ex-Ministro de Educación José María Maravall, promotor de la base legal de la que disfruta la Escuela Concertada a través de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, una ley creada ante la presión de las movilizaciones clericales locales (Conferencia Episcopal, medios de comunicación afines, nuevos movimientos de apostolado, etc.) y ante el nuevo rumbo reaccionario que los integristas Karol Wojtyla y Joseph Ratzinger imprimieron a la Iglesia católica desde Roma. También convierte en bienintencionado al ex-Ministro de Educación Alfredo Pérez Rubalcabacuando habla, como líder de la Oposición, de “revisar el Concordato con el Vaticano si se mantiene la reforma educativa”. Admitiendo “Concordato” como término coloquial para referirse a los Acuerdos de 1976 y 1979 y olvidando que este señor protegió los intereses de la Iglesia católica durante su mandato, toda “revisión” sólo contribuiría a reforzar el criptoconfesionalismo legal en el que nos movemos. O se denuncia esa instancia supralegal que son los Acuerdos con la Santa Sede vigentes, a la luz de los cuales se interpreta la normativa jurídica española que le afecta, o continuaremos rehenes de una llamada “transición a la democracia” opaca y ajena a un proceso constituyente real y efectivo, donde la voluntad de los españoles se manifiesta por medio de instancias transparentes, plurales y protectoras del bien común y donde la “cuestión religiosa” se lee en clave de pluralismo de convicciones y de igualdad jurídica negativa.
En definitiva, la LOMCE es una ley que mejora la calidad, la calidad explotadora de las élites productivas y financieras españolas y la calidad del beneficio económico e ideológico de las empresas católicas del ramo educativo. De hecho, la calidad no se mejora segregando al alumnado y haciendo que la nota de Religión Católica, como la de Matemáticas, Lengua, Historia o Naturales cuente para la media o para el acceso a becas. La religión no es ni una instancia separada de la cultura occidental, ni una realidad paralela; por tanto, no requiere de una perspectiva confesional y evangelizadora que la promueva en la educación reglada y que se financie con el dinero de todos los contribuyentes. Y que nadie se lleve a engaño: si la LOMCE se saca adelante es porque el marco legal en el que nos movemos lo permite, el mismo que fue urdido por el tardofranquismo y por una oposición irresponsable en la llamada “transición a la democracia”.
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