Carmena puntualizó que deben dejarse al margen de esa modificación tributaria «todos los específicos del culto, tanto de la Iglesia católica como de todas las demás».
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha mostrado favorable al cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia y al resto de confesiones, en el caso de los inmuebles que no estén destinados al culto.
Este será uno de los temas que se tratarán este jueves y viernes en el Palacio de Congresos de Valencia, en el marco de las Jornadas Municipalistas que acaba de iniciarse.
La alcaldesa de Madrid se ha pronunciado sobre esta cuestión antes de acceder al recinto, en compañía del primer edil de Valencia, Joan Ribó: «Son temas necesarios el que haya una homogeneidad en la tributación de todos los bienes, sin perjuicio de los que estén destinados a culto de cualquier confesión», ha dicho Carmena.
Por su parte, Ribó ha comentado la importancia que tendrán estas Jornadas para reivindicar una mejor financiación para los ayuntamientos, así como una mayor autonomía para gestionar los recursos propios.
Según Ribó, «los ayuntamientos no son deficitarios y pese a eso, determinadas leyes del Estado como la ley de Racionalización impiden que destinemos el superávit a temas como el fomento del empleo o la mejora de servicios para los ciudadanos».
55 ciudades representadas
Representantes de 55 ciudades de más de 150.000 habitantes y de todos los partidos políticos participan en estas jornadas convocadas por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, para debatir sobre las finanzas y las políticas fiscales de los municipios.
Un manifiesto, la llamada Declaración de Valencia, servirá de vehículo para canalizar la reivindicación ante el Gobierno del Estado de la reforma de la Ley de Haciendas Locales y de una financiación justa.
«Es necesario que haya homogeneidad en la tributación de todos los bienes». Con esta declaración quiso sumarse ayer la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Valencia y desarrollada por el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia por aquellos edificios de su propiedad que no sean lugares de culto o de actividades religiosas, tales como sedes universitarias o bajos comerciales.
Eso sí, Carmena puntualizó que deben dejarse al margen de esa modificación tributaria «todos los específicos del culto, tanto de la Iglesia católica como de todas las demás». Así lo señaló durante su visita a Valencia para participar en las Jornadas Municipalistas por una Financiación Local Justa, que se celebran hasta hoy en el Palacio de Congresos y que reúnen a alcaldes y representantes de ciudades de toda España, entre ellos a los de Zaragoza, A Coruña o Badalona (cuya intervención generó revuelo por la dureza de su discurso).
La propuesta de cobrar el IBI a la Iglesia, que pasa por una modificación de la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines de Lucro para evitar el «beneficio injusto de exenciones fiscales», es uno de los puntos incluidos en el borrador final de la llamada Declaración de Valencia, que reunirá las principales peticiones de los municipios al Gobierno central en materia fiscal. En este sentido, las reclamaciones de los ayuntamientos no pasarán del papel, ya que es el Gobierno central quien regula los valores del IBI.
El texto del documento que hoy se aprobará también plantea que sean los ayuntamientos quienes tengan libertad «para establecer los tipos impositivos que consideren convenientes». El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es otro de los tributos que los alcaldes también han puesto en el punto de mira.
Mientras llega el momento de la rúbrica de la declaración, los alcaldes suman fuerzas para reclamar más financiación para servicios públicos ya que, como señaló Ribó, los fondos que se reciben «están muy por debajo de lo que la Constitución asigna» y las ciudades «en España, en Europa y en todo el mundo somos cada vez más importantes».
Calificado como una «asignatura pendiente de nuestra democracia», Ribó resaltó que los ayuntamientos actualmente no tienen déficit sino superávit pero la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2013, impide destinar los recursos a inversiones, por ejemplo, «para combatir el desempleo», apuntó la alcaldesa de Madrid. «Hay que mejorar los conceptos de financiación y, además, hay que procurar no empeorarla», añadió Carmena, que calificó a Ribó de «gran amigo».
«Vamos a instar al Gobierno a que se nos tome en serio de una vez y promueva una regulación de la Ley de Haciendas Locales», incidió el primer edil de Valencia. «Esta no es una cita planteada desde el victimismo o el pataleo, sino desde la convicción de que la buena gobernanza pasa por dotar a los ayuntamientos de la financiación necesaria».
Fuentes: Las Provincias
