Las arcas públicas continúan siendo la principal fuente de ingresos de La Iglesia Católica, cuyo gasto se destina principalmente al mantenimiento del clero. La institución no contempla la autofinanciación mientras la opacidad de su organiza
Los asfixiantes recortes de los que está siendo víctima buena parte de la población española y la inédita sentencia que autoriza a un ayuntamiento ourensano a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles, (IBI) a la Iglesia Católica, reabren el debate de la financiación y la transparencia del patrimonio eclesiástico y de la conservación de sus privilegios, hasta ahora a salvo de los recortes del Gobierno. Su poder, tanto económico como patrimonial, es difícil de calcular debido a la opacidad de su funcionamiento y gestión. Sin embargo, los datos de dominio público constatan la condescendencia del Estado con la Iglesia que, mientras recibe puntualmente jugosas cantidades de las arcas públicas, continúa beneficiándose de exenciones fiscales, lo cual supone una carencia de ingresos muy considerable en un escenario como el actual en el que los criterios de ahorro, rentabilidad y austeridad se han impuesto como guías para iluminar el camino hacia el final de la crisis.
La autofinanciación de la Iglesia fue un compromiso adquirido en la firma de los Acuerdos Económicos de 30 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede. Se comprometía a conseguir recursos suficientes para atender sus necesidades y así poder después prescindir del soporte financiero. Más de 30 años después, la institución vive de la Asignación Tributaria, lo que supone el 95% de sus ingresos. Según la memoria económica de la Conferencia Episcopal Española (CEE) relativa a 2009, sus ingresos totales ascendieron a 223 millones de euros, de los cuales 210 procedieron directamente del Estado, lo que significa que la Iglesia por sí misma solo ingresó 23 millones de euros, un 5% del total. Sin embargo, siempre en base a los datos de la CEE, el 72% de lo gastado en ese año (191 millones) no fue empleado en actividades de carácter asistencial, sino en el mantenimiento del clero. Si contamos la aportación a las dos Organizaciones No Gubernamentales más importantes vinculadas a la Iglesia Católica, Cáritas y Manos Unidas, la cantidad de dinero público se incrementa hasta en más de 90 millones.
Y es que la financiación de esta institución religiosa a través de la declaración de la renta tiene trampa. Esto es así porque el montante asignado proviene del fondo común de todos los contribuyentes y no sólo de aquellos que quieren colaborar económicamente con la causa (que en 2011 fue sólo el 35%). Esto significa que los que marcan la casilla de la Iglesia no pagan un 0,7% más, sino que lo detraen del conjunto de los impuestos recaudados anualmente. Quieran o no, marquen la casilla de la Iglesia o prescindan de ello, todos los ciudadanos que contribuyen al Estado con sus impuestos, pagan. Al igual que ocurre con la casilla destinada a los “fines de interés social”, con la salvedad de que la cantidad asignada en este caso funciona por subvención y ha de ser repartida entre las diferentes organizaciones que presenten un proyecto y éste sea aprobado. Así, durante este año 2013 la Iglesia recibirá a cuenta 13 millones de euros mensuales, percibiendo además la liquidación definitiva del ejercicio de 2011, de acuerdo con el sistema establecido en la orden EHA/2760/2008.
Pero no solo la Asignación Tributaria supone un enorme esfuerzo para la caja pública. Las donaciones a la Iglesia Católica desgravan de tal forma que Hacienda devuelve un 25% del IRPF en el caso de personas físicas y un 35% del Impuesto de sociedades en el caso de personas jurídicas. Además, ciertas exenciones fiscales eximen al clero de pagar impuestos municipales (tales como el del IBI u obras), autonómicos y estatales.
Nuevos registros engordan su enorme patrimonio
La Ley Hipotecaria de 1946 permitía a la Iglesia la inmatriculación (registro por primera vez) de bienes que carecían de propietario excluyendo “templos destinados al culto religioso”. Sin embargo, la reforma legislativa de José María Aznar en 1998, significó la ampliación de la norma franquista eliminando dicha excepción de la Ley y aumentando los privilegios del clero en cuanto a registros se refiere. No es necesario ningún poder público ni notario que verifique la inscripción de un bien en el Registro. A los arzobispados les basta con dar fe de que un determinado bien pertenece, efectivamente, a la Iglesia, lo que lleva a los expertos a plantearse la posible inconstitucionalidad de la norma. Mientras la Ley Hipotecaria exige a otras confesiones religiosas, sociedades, asociaciones y ciudadanos justificar la propiedad de lo que se quiere inscribir, ya sea a través de escrituras, actas notariales o procedimiento judicial, no exige a la Iglesia demostrar ser la auténtica propietaria ni haber adquirido los bienes de forma legítima.
De esta forma la Conferencia Episcopal ha registrado a su nombre (siendo el titular una persona jurídica como diócesis, parroquia o fundación) templos, ermitas, piezas artísticas, plazas, etc, de las cuales muchas de ellas habían sido hasta entonces sostenidas con fondos públicos o mediante la contribución económica de los propios vecinos. Cada uno de esos registros no supuso un desembolso mayor de 30 euros para el arzobispado de turno, que consideran estas aportaciones vecinales a la conservación del patrimonio como actos libres voluntarios y generosos para mantener determinados servicios.
La indignación de numerosísimos vecinos de los municipios afectados les ha llevado a organizarse en plataformas u organizaciones en defensa del patrimonio para reclamar la propiedad y el carácter municipal de los inmuebles que consideran bienes del pueblo, parte de su historia. Uno de los colectivos más activos es el de Navarra, que exige la devolución de más de 600 templos. Los 117 municipios que conforman la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro denuncia que el arzobispado de esta comunidad autónoma inmatriculó hasta 1.086 bienes. En el libro conjunto Escándalo monumental (Ed. Al Taffaylla), en cuya redacción destaca José María Esparza, se detalla el registro por parte de la Iglesia de lugares que no siempre eran destinados al culto y que albergaba la vida social de los pueblos. Entre ellos, 650 templos, 191 ermitas, 9 basílicas, 8 cementerios, 107 fincas y solares, 42 viviendas, 26 locales comerciales, 38 pastos, 12 viñas, arbolados y olivares, y hasta un frontón.
Pero Navarra no es el único punto de la geografía española donde sus paisanos luchan por recuperar su patrimonio. Otro ejemplo claro de la facilidad con la que actúa la Iglesia es el de la fortaleza de Sant Bertomeu, en Xàbia (Alicante). Uno de los símbolos de la comarca de gran valor cultural ‘desaparecido’ del Catálogo de Bienes Inmuebles en los años 60 e inscrito en 2009 en el Registro de la Propiedad por el Arzobispado de Valencia. Ante situaciones como ésta, otros ayuntamientos afectados se sienten desprotegidos frente al poder de la Iglesia. En muchas ocasiones los registros pasan desapercibidos durante un tiempo, y a la hora de impugnarlo, además del coste económico, se encuentran con el problema de los impedimentos legales. No siempre es posible aportar la documentación necesaria para demostrar que la propiedad es de carácter municipal y que los fondos utilizados para su mantenimiento y conservación han procedido de las arcas públicas o incluso de los bolsillos particulares.
El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, durante el acto en defensa de la familia en Madrid. Foto:GTRES
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