Al pueblo de Mendoza, a sus autoridades y legisladores en la Nación, la Provincia y sus Municipios, decimos:
Que afirmamos nuestro derecho a la libertad de conciencia y expresión, así como a un trato igualitario por parte del Estado en materia de creencias y convicciones.
Que las creencias filosóficas, religiosas, políticas, éticas y de cualquier otra naturaleza corresponden al fuero íntimo y privado de los habitantes de nuestro país.
Que para el pleno ejercicio de la libertad y la igualdad, es necesario que el Estado se abstenga de privilegiar cualquier doctrina particular y a las instituciones que las representan.
Que actualmente el Estado privilegia de varias formas la propagación de las creencias, ideas y costumbres de la Iglesia católica apostólica romana. Que las autoridades de la Iglesia católica y sus mismas doctrinas controvierten con otras, que son igualmente válidas en el marco de la democracia y una sociedad inclusiva.
Que es injusto que el Estado dispense tales favores a una religión en particular cuando hay sectores de la sociedad que, basándose en convicciones tan legítimas como las del catolicismo, esperan que prevalezca el principio de igualdad de trato inherente a la convivencia democrática.
Que tal situación adquiere ribetes de opresión cuando la propagación de dichas ideas, discutibles en el marco de la democracia, se sostiene con el impuesto tributado por toda la ciudadanía.
Que las creencias religiosas, filosóficas, políticas o de cualquier índole deben ser igualitariamente acogidas por el Estado y la sociedad en cuanto sean un derecho de quienes las profesan, pero no como deberes que puedan imponerse a los demás. Que el respeto irrestricto al librepensamiento es la base para convivir, y que dicha libertad se ejerce solamente en condiciones de igualdad de reconocimiento por parte del Estado.
Que el Estado debe mantener una actitud neutra y tolerante hacia las religiones, filosofías y sistemas de creencias, aceptando a todas en pie de igualdad y sin privilegiar a ninguna en particular. Ello como modo de asegurar la igualdad, la armonía, la paz social y la democracia.Por lo tanto, a las autoridades y legisladores peticionamos:
1. Que se revoque el privilegio del sostenimiento que hacemos todos los habitantes al culto de la Iglesia católica apostólica romana, mediante la derogación del art. 2 de la Constitución Nacional.
2. Que se revoquen los privilegios que el Código Civil le concede a la Iglesia católica. En particular, los siguientes: el art. 33, que le concede carácter de persona jurídica pública, para que en adelante sea tenida como una persona jurídica privada en igualdad de condiciones con las demás asociaciones civiles; el art. 2342, que prescribe la inembargabilidad de los bienes eclesiásticos, para que sus bienes tengan el mismo trato que los de las demás personas jurídicas privadas.
3. Que se deroguen todas las leyes que ordenan privilegios económicos a cargo del erario público, (subsidios, asignaciones mensuales, jubilaciones sin aportes, becas) tanto a instituciones como personas representantes de la religión católica apostólica romana. Entre ellas, señalamos las siguientes leyes de la Nación: 22.162, 22.430, 22.552 y 22.950.
4. Que se preserve explícitamente en la Provincia de Mendoza el principio de laicidad en la constitución (actualmente art. 212) y en las leyes que regulen la educación provincial.
5. Que se retiren símbolos religiosos, partidarios o de cualquier otra índole en todos los espacios públicos y estatales (escuelas, hospitales, juzgados, plazas, comisarías, etcétera) que supongan la adhesión o preferencia de las instituciones del Estado a algún sistema de creencias en particular.
6. Que las celebraciones realizadas en instituciones estatales sean prescindentes de toda connotación confesional.
7. Que los feriados de inspiración religiosa sean secularizados para incluir simbólicamente a todos los habitantes, sin distinción de creencias (por ej., conversión del Día del Apóstol Santiago en “Día de la Provincia de Mendoza”, y el Día de la Virgen del Carmen en “Día de la Gesta Libertadora”).
8. Que se suprima toda intromisión religiosa que se oponga a la plena implementación de la educación sexual integral y a la inclusión de la diversidad de género en el currículum escolar, conforme a lo resuelto en las instancias estatales.
9. Que el Estado se abstenga de otorgar subsidios a colegios privados confesionales y no confesionales.
10. Que se implementen políticas públicas activas para dotar de vigencia efectiva a la laicidad, como requisito para la igualdad, la inclusión y la convivencia social.
Finalmente, a todas las personas católicas de buena voluntad y espíritu democráticolas invitamos:
A acompañarnos en nuestra petición, por juzgarla esencialmente justa. Su compromiso para con esta causa inspirada en los principios de igualdad y libertad, es el modo de exhibir la nobleza de quienes son beneficiarios involuntarios de privilegios a costa de los derechos de los demás.
Mendoza, Argentina, octubre de 2012.
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