Malos tiempos para el laicismo

Corren malos tiempos para la laicidad», afirma Juan José Tamayo en su último libro (‘Adiós a la Cristiandad’, Ediciones B). El mundo está asistiendo en las últimas décadas a un proceso de transformación de los conflictos sociales y laicos en conflictos confesionales

El problema radica en la propia estructura social y política, y no en las religiones. Sería ingenuo culpar sin más a las religiones. Nuestras estructuras sociopolíticas, laicas, públicas y democráticas han incumplido una de sus funciones constitutivas: la de ofrecer vínculos de igualdad social y de promoción sociocultural para todos los ciudadanos. Ante el incumplimiento de esta tarea, se ven obligadas a competir con las creencias religiosas y sus iglesias en el control de los mecanismos de regulación social. Es en este momento cuando hemos de volver a contemplar el fenómeno religioso y las instituciones que lo gestionan como importantes mecanismos de organización social.

Ante una sociedad que cada vez genera menos medios laicos de vinculación comunitaria y solidaria y menos mecanismos de igualación, pero más inseguridad, discriminación y desesperación social, las creencias religiosas juegan su papel. Ante la insatisfacción socioeconómica, los individuos dejan de proyectar su personalidad hacia el futuro, dejan de tener esperanza en las promesas públicas y sociales de carácter universal. Buscan, por el contrario, su seguridad y su integración en el pasado: en el reconocimiento de una identidad perdida, una cultura recuperada o en la búsqueda de religiosidades lejanas o renovadas. Lo preocupante es que, en estos casos, la tendencia a la radicalización del propio mensaje religioso y cultural es muy fácil. De ahí al fundamentalismo en la interpretación de los textos religiosos sólo existe un corto paso. Y del fundamentalismo a la violencia racista contra el que piensa de diferente manera, sólo otro.

Muchos teólogos de diferentes confesiones han constatado en las últimas décadas una especie de resurrección de lo religioso y lo mítico en todos los ámbitos de nuestra vida e, incluso, una presencia constante de lo religioso en el ámbito secular y público. La religión abandona su ámbito privado para invadir la esfera pública, pugnando en la lucha por el control del poder social. En definitiva una crisis de laicidad. Ejemplos existen y bastante significativos, como la insistencia de muchos políticos conservadores europeos, las presiones del Vaticano y de algunas organizaciones católicas, especialmente el Opus Dei, en reivindicar la alusión a las ‘raíces cristianas del continente europeo’ en el proyecto de Constitución europea, en contra manifiestamente de la idea de laicidad en la Unión Europea.

La Iglesia Católica pugna por tener una presencia fuerte en los debates políticos y económicos de la Unión Europea, lo cual implica un grave retroceso en el proceso moderno de secularización, una violación del respeto a la separación laica entre el poder político y las diferentes opciones espirituales, a la vez que la búsqueda de un privilegio no justificado en relación con otras confesiones religiosas. El debate y posterior aprobación de la denominada ‘ley del velo’ en Francia es bastante significativo, por desarrollarse en un país que ha hecho de la laicidad su principal seña de identidad. Francia se ha visto obligada a crear una ley que prohíbe «llevar signos ostentosos» de pertenencia religiosa en el espacio público republicano; mientras, en la sociedad francesa queda un problema sin  resolver: el de la integración ciudadana de una gran mayoría de inmigrantes musulmanes que constituyen hoy una de las zonas de marginación más vergonzante para la República y que sigue siendo un caldo de cultivo para las manifestaciones socioculturales y religiosas más integristas.

El fundamentalismo cristiano y la regresión sociocultural existente actualmente en la actividad política de Estados Unidos están vinculados a la aparición de la corriente The Moral Mayority SA, del reverendo bautista y teleevangelista Jerry Falwell, cuyo objetivo ha sido el de recuperar la tradición de la religión civil estadounidense en contra del humanismo  secular. Su objetivo político neoconservador fue la destrucción del Estado de Bienestar (Welfare State) en EE UU; el propio Falwell lo justificó religiosamente: «El sistema de la libertad es idéntico al sistema de la libre empresa, que constituyen claramente el trasfondo del Libro de los Proverbios de la Biblia. Nos exige vencer al Estado de Bienestar en Estados Unidos» (‘Listen, America¿’, New York, 1981). Se utiliza el motivo religioso para justificar las acciones políticas, económicas y bélicas; incluso, se llega a sacralizar el propio orden político y social. Sin olvidar los fundamentalismo religiosos que gobiernan algunos países islámicos, en una nada sutil combinación de ortodoxia religiosa y violencia política.

España, al igual que otros países europeos, no ha saldado definitivamente su deuda con la laicidad. A pesar de que la Constitución de 1978 declara al Estado español como un Estado no confesional, la realidad de los hechos pone en cuestión tal afirmación. Varios juristas y teólogos españoles ha venido denunciando la ambigüedad confesional del texto constitucional español, reflejada en los artículos 16.3 y 27.3 de la Constitución, con alusión expresa a la Iglesia Católica (16.3) y al «derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (27.3). La jerarquía católica española prosiguió con una serie de injerencias en cuestiones laicas de gobierno, como la educación, la designación eclesiástica de los profesores de Religión contratados y pagados por la Administración pública del Estado, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, la homosexualidad, las parejas de hecho o las investigaciones biogenéticas. Tales injerencias representan en la práctica un neoconfesionalismo encubierto dentro de un Estado laico, en el que la Iglesia Católica pretende ejercer unos ‘derechos constitucionales’, que no son sino privilegios en relación con otras confesiones religiosas. El neoconfesionalismo ha alcanzado su máxima realización durante el Gobierno conservador del Partido Popular y, especialmente, con la implantación en la enseñanza pública de la asignatura confesional de la Religión católica. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que contó con el apoyo decidido de la jerarquía católica, ataca frontalmente el carácter laico de la enseñanza pública y otorga un privilegio a la Iglesia Católica, que podrá enseñar su doctrina de fe en el seno de una institución pública de enseñanza a costa de los fondos públicos de todos los ciudadanos.

En un Estado laico, la escuela no debe ser el lugar de enseñanza y transmisión de las creencias religiosas; éstas han de ser enseñadas en las diferentes iglesias, parroquias, mezquitas, sinagogas, comunidades religiosas. La enseñanza pública debe orientarse hacia la formación social y cívica de las personas. La enseñanza de la Religión, en una sociedad laica, debería realizarse como asignatura no confesional y de carácter obligatorio. Los alumnos deberían recibir un análisis científico y riguroso acerca del fenómeno religioso como hecho histórico y sociocultural, un análisis crítico de las manifestaciones en las que históricamente se ha desarrollado y un estudio comparado de las diferentes religiones y de sus aportaciones, positivas o negativas, a la esfera ética de los seres humanos y de sus sociedades. Todo ello desde una perspectiva cognitiva plural e interdisciplinar, centrada en la interculturalidad e interreligiosidad como horizontes de diálogo y de comunicación y comprensión recíprocas. Esta opción sería plenamente compatible con la laicidad, con el respeto al pluralismo religioso y cultural y con el respeto a la igualdad y no discriminación del diferente.

La enseñanza de la Religión como asignatura no confesional en la escuela podrá contribuir a un clima cívico de pacificación frente a la violencia fundamentalista derivada de la criminalización del que piensa diferente.

En defensa de la tradición secular y laica, esta ley debería ocupar un puesto destacado en la agenda de reformas legislativas del Gobierno de izquierdas del Estado español.

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