La historia de Indira Gandhi ilustra cómo en Malasia algunos cónyuges están convirtiendo secretamente a sus hijos para ganar una ventaja legal en las batallas de custodia
El matrimonio de Indira Gandhi comenzó a desmoronarse en el momento en que dio a luz a su tercer hijo, Prasana, en 2008. Cuando Indira y su esposo se casaron, vivían juntos en la ciudad de Ipoh (Malasia) y ambos se identificaban como hindúes. Pero él comenzó a tratar de convencerla para que se convirtiera al islam, amenazándola incluso con el divorcio si se negaba. “Decía que si nos convertíamos obtendríamos más ventajas como dinero y propiedades“, explica ella.
Aunque Indira, que trabaja como profesora de educación infantil, no está segura de cuándo sucedió, su marido empezó a practicar el islam cambiando su nombre de Patmanathan Krishnan a Muhammad Riduan. Convirtió también a sus tres hijos sin su consentimiento e incluso sin su presencia, utilizando sus certificados de nacimiento.
Después de una acalorada discusión entre la pareja el 31 de marzo de 2009, Riduan secuestró a Prasana, que tenía 11 meses en ese momento. En los ocho años transcurridos desde entonces, Indira solo ha visto una vez a su hija, casi como una ráfaga. “Ella tenía un año. Fue durante un juicio para obtener su custodia”, explica Indira. “Se acordó de mí, incluso me llamó mamá, pero él se negó a devolvérmela”.
La historia de Indira es una de las más destacadas entre una serie de casos legales que se han convertido en una fuente de tensión en los debates sobre el papel del islam en Malasia, donde aproximadamente el 60% de la población es musulmana, la mayoría de ellos de etnia malaya. En el país viven otras poblaciones considerables de malasios de origen chino e indio, así como miembros de grupos indígenas que practican otras creencias como el hinduismo, el budismo y cristianismo.
La Constitución de 1957 garantiza la libertad religiosa para los no-malayos, pero al mismo tiempo el islam es la confesión oficial. Los no musulmanes están sujetos a un sistema jurídico dual que presenta un enigma importante para los padres y madres como Indira: mientras que los tribunales islámicos manejan casos de derecho de familia que involucran a los musulmanes, los tribunales seculares tratan a los que involucran a no musulmanes.
Los no musulmanes, por lo tanto, se enfrentan a una desventaja legal cuando su caso llega a un tribunal islámico, ya que no se les permite comparecer ni siquiera para defensa. En consecuencia, en las disputas de custodia entre parejas religiosas mixtas, lo más probable es que se le otorgue la custodia al padre o madre musulmana, sobre todo si los niños se han convertido al islam. Los activistas consultados aseguran que, incluso, en algunos casos, los cónyuges se están convirtiendo al islam para ganar una ventaja legal.
Así no es de extrañar que Riduan ganara la custodia de la niña, Prasana, una decisión impugnada por Indira. En marzo de 2010, se le concedió la custodia de los tres hijos de la pareja, pero Riduan no ha devuelto a Prasana, ni se ha enfrentado a ninguna consecuencia por secuestrar a una menor.
Kula Segaran, miembro del Parlamento de Ipoh Barat, también abogado de Indira, dice que conoce varios casos similares de los que él mismo se ha hecho cargo, aunque no hay estadísticas oficiales disponibles. Según el abogado, muchos cónyuges, en su mayoría mujeres, no pueden iniciar acciones legales porque “es caro” y a veces incluso “prohibitivo”.
Los críticos acusan al Gobierno, dominado principalmente por los musulmanes malayos, de hacer muy poco para intervenir y asegurar que se haga justicia cuando colisionan los dos sistemas jurídicos del país. La Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), que dirige la coalición gobernante Barisan Nasional, y ocupa puestos clave como la de primer ministro, perdió votantes en las últimas elecciones. Desde entonces, la popularidad del partido ha caído en picado debido, en gran parte, a un importante escándalo de corrupción que ha involucrado al primer ministro Najib Razak. Razak, un musulmán moderado, ahora está cortejando a los partidos políticos islámicos, y complaciendo sus agendas, con la esperanza de aumentar su popularidad en el mundo rural.
James Chin, director del Instituto de Asia de la Universidad de Tasmania, sostiene que la discriminación contra las minorías religiosas “se ha extendido” en los últimos años. Mientras que los grupos islámicos son libres de convertir a los no musulmanes al islam en Malasia, por ejemplo, no está permitido que los no musulmanes hagan proselitismo entre los musulmanes.
La legislación oficialmente sitúa a las leyes civiles y de la sharía en condición de igualdad, pero incluso en el Tribunal Supremo la mayoría de los abogados son musulmanes. Según Chin, si un letrado actúa contra la corte de la sharía, “puede ser acusado por los fundamentalistas de ser un mal musulmán”.
La Constitución, por otro lado, dice que la religión de un menor de 18 años debe ser decidida por el padre o tutor, pero esto se ha interpretado de diferentes maneras. Para muchos abogados, esto significa que se necesita la aprobación de ambos padres, mientras que los tribunales islámicos han dictaminado que el consentimiento de uno de ellos es suficiente.
Una serie de grupos de derechos humanos —como la Sociedad para la Promoción de los Derechos Humanos Malasia y el Consejo Consultivo Malayo de Budismo, Cristianismo, Hinduismo, Sikhismo y Taoísmo— ha pedido al Gobierno que proteja los derechos de los no musulmanes en casos de conversión unilateral y priorizar el interés de los niños involucrados
El grupo Joint Action Group for Gender Equality dice que, en los últimos años, también ha habido numerosos casos de esposas que se han convertido al islam y luego han hecho lo mismo con sus hijos. En estos casos, según el grupo, “los derechos de los maridos que no se convierten son violados de manera similar y hay serias implicaciones en torno a la custodia y tutela de los niños”.
Entre ellos se encuentra Lee Chang Yong, un hombre de negocios que solicitó el divorcio de su exmujer, Teng Wai Yee, en 2015. La pareja no conseguía llegar a un acuerdo sobre la custodia de los niños, la división de bienes y otros asuntos, pero estos quedaron a un lado cuando Teng se convirtió al Islam el 29 de diciembre de 2015, cambiando su nombre a Aleena Abdullah.
El 11 de mayo de 2016, Aleena no llevó a la escuela a los dos hijos de la pareja de ocho y tres años. En su lugar, los llevó a recitar el Kalimah Shahadah (la afirmación de la fe) para convertirlos al islam. Lee ha solicitado a la Corte Suprema la anulación de los certificados de conversión de sus hijos y para impedir el registro de los niños como musulmanes.
El Gobierno de Razak dijo en 2009 que se debía hacer algo para detener las conversiones realizadas por uno de los padres, pero sus declaraciones no se han materializado en una ley, aunque introdujo una disposición en las enmiendas a la Ley de Reforma Legal (matrimonio y divorcio) para “resolver” las conversiones ilegales.
Esta disposición, llamada 88A, estipula que los niños deben mantenerse en su religión original a pesar de la conversión de sus padres al islam. Pero fue suprimida en agosto debido a las críticas de que es potencialmente inconstitucional.
El Tribunal Federal no ha decidido aún cómo procederá el caso de Indira. Su abogado, Kula, prefiere no especular sobre el caso. “Tendremos que ver cuáles son las nuevas enmiendas”, sostiene el letrado.
