El Servicio Madrileño de Salud está «revisando la situación de cada uno de los hospitales», que es la vía que se utiliza para abonar las transferencias de las intervenciones, «para agilizar los pagos que queden pendientes». El PSOE cifra la deuda en un millón de euros y asegura que los centros llevan cuatro meses sin cobrar.
Las clínicas privadas que asumen la práctica totalidad de los abortos que se solicitan en Madrid no están cobrando el dinero que les corresponde por las intervenciones. Lo ha denunciado el PSOE, que asegura que llevan «cuatro meses sin recibir el dinero» y cifra la deuda en «un millón de euros», según la diputada en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, que se ha reunido con los centros. La Comunidad de Madrid admite que está habiendo retrasos en las transferencias y el Servicio Madrileño de Salud está «revisando la situación de cada uno de los hospitales para agilizar los pagos que queden pendientes», aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por elDiario.es.
Esta situación no es nueva, pero en esta ocasión se alarga ya en el tiempo, según corroboran también trabajadores de las clínicas con los que ha hablado elDiario.es. «Las clínicas están ahogadas, llevan desde junio así», señala uno de ellos. Los centros han rechazado hacer declaraciones, pero desde la Consejería de Sanidad reconocen que «puntualmente se pueden producir retrasos en el abono de algunas facturas por la prestación de este servicio dentro del trámite administrativo». Aseguran, eso sí, que no ocurre «de forma generalizada en todos los hospitales», algo que contradicen los trabajadores y el PSOE, que aseguran que en este momento no están recibiendo nada.
En la estadística que publica anualmente el Ministerio de Sanidad, y cuya última edición se ha hecho pública este martes, de los 14.524 abortos que se registraron en la región, solo tres se realizaron en un centro público y ningún hospital aparece como centro que haya notificado intervenciones en 2020. El modus operandi es es el de los centros acreditados. Las mujeres pueden acudir directamente a ellos y en el caso de que sean abortos por motivos médicos, los hospitales los derivan a alguna de las siete clínicas que notifican intervenciones. La administración asume el coste, es decir, las mujeres no pagan por la intervención. Incluso actualmente las clínicas no han parado su actividad.
Se trata del modelo imperante en España, donde solo el 15% de los abortos se realizan en centros públicos. Algunas comunidades han optado por el establecimiento de conciertos con las clínicas, pero en la Comunidad de Madrid es diferente: cada hospital, dependiendo de la zona sanitaria a la que pertenezca la mujer que acude al centro, «abona la cuantía de las intervenciones», por lo tanto, «no hay un pago centralizado desde el Servicio Madrileño de Salud», apunta el organismo. De ahí que la revisión que está haciendo la Consejería sea hospital a hospital.
Sin embargo, Morales, también portavoz en la Comisión de Mujer y Secretaria de Igualdad del PSOE, denuncia que a pesar de que los hospitales sean la vía para hacer los abonos «la responsabilidad última la tiene la Consejería» y «esto es una muestra de su desidia». «La Comunidad está asfixiando a las clínicas porque no tienen un modelo que les dé seguridad y trabaja con ellas sin concierto ni convenio», señala la diputada, que reivindica al Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso «que asuma su responsabilidad en garantizar las condiciones idóneas para que las mujeres podamos abortar con seguridad».
La Consejería de Sanidad reconoce, además, que las derivaciones desde los hospitales se producen «por objeción de conciencia de sus profesionales», como demuestran los testimonios de mujeres a las que les han negado abortar en hospitales públicos, como el de la mujer que lo intentó en el Hospital Clínico San Carlos, un caso difundido por la Cadena Ser.
De acuerdo con la respuesta que la Comunidad dio a Vox tras una petición de información, publicada por El País, en 2016 las arcas públicas transfirieron 3,4 millones de euros a las siete clínicas; 3,7 en 2017 y 3,8 un año después. A ello se suman las transferencias abonadas al Hospital Fundación Jiménez Díaz, que va aparte por ser un hospital concertado que pertenece al grupo Quirónsalud. Fueron 331.176,48 euros en 2016 y 325.886,40 en 2017.
El caso de Madrid ilustra parte de los obstáculos que aún persisten en España en el acceso al aborto y que motivan la reforma de la ley, aprobada hace 11 años, en la que está inmersa el Ministerio de Igualdad. Este martes ha dado comienzo la consulta pública previa, el trámite oficial con el que arranca el proceso. El objetivo es garantizar la accesibilidad, gratuidad y equidad territorial. Y entre otros planes, el departamento dirigido por Irene Montero regulará la objeción de conciencia de los médicos mediante la puesta en marcha de un registro que permita conocer a las claras qué ocurre en cada hospital para reorganizar los servicios y permitir que las mujeres puedan acceder a los centros públicos.
