Ayuso propone volver a legalizar la cesión de suelo público a colegios concertados, contradiciendo a la Ley Estatal de Educación.
La Comunidad de Madrid, bajo la gestión del Partido Popular, lleva años cediendo suelo público a colegios concertados de manera irregular. En algunos casos, incluso, con permisos que no caducan hasta el siglo que viene. Esta sería la situación del colegio SEI Virgen De La Soledad, en el que el Gobierno de Esperanza Aguirre cedió la licencia a la empresa por más de 99 años, la cual no terminará hasta el 2108.
La situación de este centro es uno de los casos más flagrantes, pero no el único. Así lo explica Enrique García, de la Asociación de Docentes Por la Educación Pública en Madrid (ADEPEM), a EL BOLETIN. Según detalla, los colegios Arenales Arroyomolinos, Pasteur Arroyomolinos, Alborada, Ártica, Greenwich School y varios más publicados en su cuenta de Twitter, vulneraron la ley de cesiones. También ha dado a conocer casos como el de los colegios Arenales Carabanchel y CEE Cambrils, que fueron construidos en el mismo terreno, cuando el proyecto aprobado era para levantar un solo centro.
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en su artículo 180 indica que “el plazo del derecho de superficie concedido por las Administraciones, no podrá exceder de 75 años”. Duración también regulada en el artículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
“La cesión de terrenos públicos a colegios concertados la llevamos denunciando años. Todo esto empieza a comienzos de siglo cuando las competencias educativas se traspasan a las Comunidades Autónomas”, explica Isabel Blanco, responsable de Educación UGT a EL BOLETIN. “El primer caso fue el del colegio Newman, destaca, donde Pablo Casado, irónicamente, hizo campaña para mostrar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la carrera a las elecciones en Madrid del 4 de mayo.
“En 2004, con la llegada de Esperanza Aguirre al poder, empieza a haber cesiones de suelo público para la construcción de escuelas concertadas de forma brutal y generalizada”, denuncia Blanco.
Uno de los últimos casos, denunciado por CCOO, se trata de la cesión de una parcela municipal de 23.000 m2 en Vicálvaro para construir un colegio concertado. “Aplicando a ese terreno el precio medio por metro cuadrado en Vicálvaro, el valor de la parcela ascendería a 34.000.000 de euros de financiación para la educación concertada, mientras en la pública se recortan 1.117 profesores y profesoras y se cierran aulas”, criticaban desde el sindicato. Llevan meses denunciando cómo la pandemia del covid-19 ha afectado gravemente a la calidad de la educación pública.
Reformas de la LOE
Antes de la aprobación de la LOMCE, también conocida como Ley Wert, la cesión de terrenos públicos a colegios concertados no estaba permitida. Únicamente podían participar en los concursos tanto colegios públicos como privados, que posteriormente tenían la posibilidad de solicitar conciertos.
Sin embargo, la ley educativa que el PP aprobó en solitario en 2013 introdujo el artículo 116.8 que indicaba que “las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.
Para CCOO “la última cesión en Vicálvaro se ha realizado a toda prisa, intentando adelantarse a la aplicación de la Ley Celaá”, que vuelve a eliminar el mencionado artículo.
Los sindicatos denuncian que el PP llevaba años convocando concursos ilegales y cediendo terrenos a centros privados que de antemano sabían que tendrían unidades concertadas. “Frecuentemente, además, pagando cánones irrisorios”, cuenta Isabel Galvín, de CCOO. Cuotas que bajan hasta 9.000 euros anuales por propiedades valoradas en millones, e incluso se encuentran casos en los que se pagan un total de cero euros. “Para recibir los conciertos, los centros deben cumplir ciertos requisitos, y se estaba hablando de conceder esos conciertos antes de que pudiera saberse si cumplirían los requisitos, parece broma”, critican desde UGT. “Nosotros ahí vemos una clara ilegalidad”, señalan desde esta organización.
La propuesta que Isabel Díaz Ayuso ha dejado sobre la mesa volvería a regular la cesión de estos terrenos a empresas que quieran construir colegios concertados, contradiciendo la ley estatal.
En numerosas ocasiones los ayuntamientos traspasaban las parcelas de forma irregular a la Comunidad de Madrid, para que esta pudiera ceder el suelo, cuenta Enrique García tras investigar sobre el tema. Jesús Gómez, alcalde de Leganés en 2012, aprobó en la Junta de Gobierno ceder una parcela para construir un colegio concertado sin aprobar la decisión en el Pleno del consistorio, que debería haber salido adelante por mayoría absoluta.
El alcalde no respetó la decisión del Pleno, que con los votos de la oposición había aprobado revisar la parcela. “Cuando el valor del suelo supera el 10% del presupuesto del ayuntamiento, la cesión debe aprobarse en el Pleno y por mayoría absoluta”, explica Enrique García.
La compra-venta de colegios construidos en suelo cedido también están a la orden del día. La empresa Antana Educación vendía dos de sus colegios concertados construidos en suelo público adjudicado por alcaldes del PP en 2008 y 2012, al grupo de escuelas católicas Educare, según publicaba eldiario.es.
En el colegio Miguel Ángel Blanco, proyecto de colegio público, una vez financiada la obra, elegida la dirección y hecha la matrícula, “se encuentran las familias con que se lo habían cedido a un centro concertado”, narran desde UGT. Se interpuso una demanda, que se terminó ganando, pero al haber pasado tantos años, el perjuicio ya estaba hecho.
Isabel Blanco, que ha perdido la confianza en la justicia y los tribunales en este tipo de situaciones, hace un llamamiento a la movilización social para pronunciarse cuando estos casos salgan a la luz.
Segregación y discriminación
Entre las irregularidades que estas cesiones también han dejado entrever, se encuentran varias como la construcción de colegios por empresas que segregan por sexos o que están ligadas a grupos ultracatólicos y del Opus Dei. La propia ley educativa reitera en su redacción la intención de “evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”.
“Bajo el punto de vista de UGT, la única forma de garantizar que no haya discriminación ni segregación en la educación es a través de la Escuela Pública. La mayor parte de los centros concertados seleccionan al alumnado, cobran cuotas, no atienden a personas con necesidades especiales en las cantidades necesarias o no son laicas”, destaca Isabel Blanco.
