Se empieza poniendo en duda que hayan sido 30.000 los desaparecidos-asesinados de la última dictadura militar; se sigue después propiciando que los condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan condena en su domicilio, y se termina buscando subterfugios legales como la ley del “2×1”, la 24.390, para reducir drásticamente las penas de cárcel de los genocidas condenados y dejar a muchos de ellos libres.
“No tengo ni idea si fueron 30.000 o 9.000 los desaparecidos”, “Me parece una discusión que no tiene sentido”. Las declaraciones de Mauricio Macri a BuzzFeed en agosto de 2016, demostraban ya una sensibilidad similar a la que tuvo el pepeísta Pablo Casado años antes hacia las víctimas del franquismo y sus familiares, cuando dijo que los de izquierda estaban “todo el día pensando en la guerra del abuelo”. O cuando el portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo aquello de “Esto de estar todos los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos”. Este mismo martes Hernando declaró: “A mí no me importa lo que pasó hace ochenta años, sino lo que pasa ahora”, en relación al debate en el Congreso para retirar los restos de Franco del llamado Valle de los Caídos.
Reducción de penas, el 2×1
Mientras Macri hace campaña por la liberación del opositor golpista venezolano Leopoldo López, mantiene en la cárcel a la dirigente social Milagro Sala, diputada del Parlasur (Parlamento de MERCOSUR), a pesar de las críticas de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, el Gobierno sí se preocupa por los cientos de militares condenados por el genocidio argentino, al igual que la jerarquía argentina de la Iglesia Católica -cómplice de la dictadura- que ha recuperado protagonismo tras la llegada de Macri al poder hace casi un año y medio.
Macri nombró a dos nuevos miembros de la Corte Suprema, a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rossati, y permitió a su vez a la jueza Elena Highton de Nolasco, de 75 años, seguir en su cargo aunque la Constitución Nacional prohíbe expresamente que un magistrado ejerza a esa edad. Han sido nombramientos y favores que rápidamente parecen haber convertido a los tres jueces en fieles acérrimos del presidente.
Varias sentencias de esta nueva Corte Suprema ya fueron anticipando un cambio importante de doctrina, pero ninguna de ellas provocó tantas polémicas y contradicciones hasta en las propias filas del macrismo como la llamada ley del “2×1”.
La nueva mayoría de ese tribunal decidió reflotar dicha ley aprobada en 1994 durante el Gobierno de Carlos Menem para “descongestionar las cárceles” y que fue derogada en 2001 por su ineficacia. Esta ley beneficiaba a los detenidos que se encontraban en prisión preventiva a espera de sentencia firme un tiempo superior a dos años, el máximo marcado por la ley, contabilizándoles doble cada día de prisión preventiva que superara ese plazo. Dada la complejidad de los juicios a los militares y la cantidad de testigos existentes, la prisión preventiva superó en muchos casos ampliamente esos períodos.
En ningún caso, sin embargo, se consideraba que tal beneficio, la condena “más benigna”, pudiera aplicarse a casos complejos que justificaran los retrasos en las condenas, ni que se aplicara a crímenes de lesa humanidad, juicios que ni estaban abiertos mientras estuvo vigente la ley dado que aún estaban vigentes las leyes de impunidad aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), reforzadas por los indultos de Carlos Menem durante su presidencia (1989-1999).
Sin embargo, la Corte Suprema, en una decisión inédita en un país que se enorgullece de tener abiertas más causas judiciales por crímenes de lesa humanidad que ningún otro país en el mundo, decidió aplicar esa ley del “2×1” retroactivamente, aunque ya estaba derogada, a un conocido represor, Luis Muiña, abriendo así las puertas para que cerca de 300 represores puedan apelar ahora para acogerse a ella. Ya varios de ellos lo han hecho.
Muiña, al frente de un grupo paramilitar, secuestró a varios empleados del Hospital Posadas en 1976 y los trasladó a un centro de detención clandestino conocido como ‘El Chalet’ donde sufrieron brutales torturas, y fue condenado en 2011 a 13 años de prisión, diez años después de que se derogara la polémica ley. A pesar de ello, la Corte Suprema decidió ahora, en 2017, aplicársela retroactivamente.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, votó en contra de aplicarle a Muiña ese beneficio, al igual que el otro miembro del tribunal, Rodolfo Yanzón, abogado querellante en la macro causa ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), quien denunció que al aplicar una ley no vigente desde hace 16 años, se estaba ante un manifiesto caso de “amnistía encubierta”.
La ofensiva judicial que ha provocado una conmoción en Argentina y contra la que se han pronunciado fiscales, juristas y contra la que se han convocado manifestaciones, se produce simultáneamente a un nuevo llamamiento de la jerarquía de la Iglesia Católica argentina a favor de la “reconciliación” de los argentinos tras “los acontecimientos” que tuvieron lugar en la década de los ’70 y ’80.
La propia ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), que no suele tomar posición ante este tipo de veredictos, advirtió a los jueces argentinos: “Los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”.
Rosenkrantz, un defensor de los poderes fácticos
El revuelo político, jurídico y social provocado en Argentina con esa sentencia de la Corte Suprema ha colocado en una situación embarazosa al Gobierno de Macri, que ha intentado desvincularse de la decisión del alto tribunal, aduciendo que respeta “la separación de poderes”.
Macri intenta relativizar ahora su estrecha relación con el juez Rosenkrantz, quien ha pasado a ser su hombre fuerte -y el de los poderes fácticos de Argentina- en la Corte Suprema. Fundador a inicios de los años ’90 del despacho de abogados Bouzart, Rosenkrantz & Zbar -desde 2001 Bouzart, Rosenkratz & Asociados- este magistrado ha tenido como clientes al Grupo Clarín, el poderoso holding mediático derechista argentino; Cablevisión, al diario La Nación, La Rural S.A. -que reúne a los mayores terratenientes del país- o a McDonald’s.
Rosenkratz defendió como letrado a Hernestina Herrera de Noble, directora de Clarín, cuando fue acusada por las Abuelas de Plaza de Mayo de adoptar a dos bebés hijos robados a militantes ‘desaparecidas’, y provocó también una polémica jurídica al rechazar los argumentos judiciales por los cuales en la era Kirchner el Congreso declaró nula las leyes de impunidad, la ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final.
El Gobierno Macri y la jerarquía eclesiástica han quedado en evidencia al mostrar su gran disposición a favorecer las reivindicaciones de los cientos de genocidas presos.
Hoy también comienzan las acusaciones políticas, incluso dentro de las filas del kirchnerismo. El propio Frente para la Victoria (FpV), coalición kirchnerista creada en 2003, ha mostrado sus grandes contradicciones al facilitar que fueran nombrados los jueces Rosenkratz y Rossati, ya que fue el Senado quien tuvo que refrendarlos, y muchos de los senadores de esta formación le dieron su apoyo.
El Frente para la Victoria mantiene una mayoría aplastante en el Senado y sin su apoyo no se hubiera logrado ratificar a los dos polémicos jueces propuestos por Macri, cuyos antecedentes eran bien conocidos.
De los 60 legisladores que votaron a Rosatti 29 eran del FpV y 8 senadores de esta formación votaron en contra, mientras que en el caso de Rosenkratz, de los 58 senadores que votaron a favor, 26 eran del FpV, y 10 de ese partido votaron en su contra. Hoy el FpV se distancia del fallo dictado por los jueces a quienes ayudaron a nombrar y los senadores de esa formación que no los votaron critican a quienes sí lo hicieron.
Varios fiscales y jueces han rechazado aplicar el “2×1” a los represores presos que se han apresurado a reclamarlo, mientras constitucionalistas reclaman una revisión del fallo; se presentan en el Congreso proyectos de ley para enmendar la sentencia de la Corte Suprema, y numerosas víctimas de la dictadura se plantean apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El hastag #2x1AGenocidas ha inundado las redes sociales y los organismos de derechos humanos convocan para esta semana actos de repudio. En Barcelona se ha convocado también una concentración en Plaça de Sant Jaume este miércoles a las 19 h, y en Madrid, en Puerta del Sol, este jueves 11 a las 20 horas.
