Los verdaderos responsables

La financiación del viaje del Papa con dinero público es culpa de nuestros gobernantes

No son pocos los que se oponen a la financiación con dinero público de la visita de Ratzinger a Santiago y Barcelona los días 6 y 7 de septiembre. Aun admitiendo el derecho incondicional a viajar y desplazarse por cualquier país del mundo, se niegan a que el viaje del máximo jerarca de la iglesia católica se sufrague con el dinero de todos los contribuyentes, pues además de que durante esos días la visita de Ratzinger nos cueste más de seis mil euros/minuto, se trata sobre todo de un evento privado que atañe a un grupo de personas con una ideología perteneciente al mundo privado de sus creencias privadas. "No con mi dinero", reclaman justamente, pero sería un yerro mayúsculo dirigir tal reclamación hacia Ratzinger y sus adláteres, si con ello se olvida a los verdaderos responsables de la financiación de ese viaje con dinero público: nuestros gobernantes, nuestros representantes políticos y parlamentarios. El verdadero destinatario de las protestas ciudadanas contra el hecho de que se sufrague con dinero público el viaje de Ratzinger y unos actos estrictamente confesionales no son principalmente los beneficiarios de esa financiación (los Razinger y los Rouco), sino quienes lo pagan (los Zapatero y los Bono) y deciden el buen o mal uso del dinero de toda la ciudadanía.

Ateniéndonos a la realidad de los hechos, nuestros gobernantes, así como los representantes e integrantes de las distintas instituciones del Estado no parecen tener intención de cumplir y hacer cumplir el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado. Como último botón de muestra, la semana pasada pudimos ver a los nuevos ministros del Gobierno socialista jurando o prometiendo sus cargos ante un símbolo confesional (un crucifijo) y un documento confesional (una Biblia). No tienen la menor intención de modificar este estado de cosas, superar su pusilanimidad y no claudicar en cada ocasión ante el temor y la pereza seculares. Una vez más, el miedo a perder votos devora a los deberes y los principios que conllevan sus cargos y sus programas.

A los sectores más conservadores les conviene que las reivindicaciones laicistas parezcan cercanas al anticlericalismo o a posturas combativas contra las religiones. Con ello distorsionan la mirada de la ciudadanía, a la vez que facilitan que los dirigentes políticos puedan sacudirse sus responsabilidades. Sin embargo, por encima de los lacerantes privilegios que ostentan algunas confesiones religiosas, especialmente la católica, y a pesar de su enorme poder económico y mediático, no podemos incurrir en el miope diagnóstico de echar la culpa solo o principalmente a las instituciones religiosas. Si sigue habiendo clase de religión en la escuela pública es fundamentalmente responsabilidad de nuestros gobernantes y nuestros representantes parlamentarios. Si sigue vigente el Concordato de 1953 entre el Vaticano y el Estado franquista, así como los mastodónticos privilegios que disfruta la iglesia católica por los Acuerdos de 1976 y 1979, su mantenimiento es responsabilidad del poder ejecutivo y legislativo de la nación. Fundamentalmente a ellos hay que pedir responsabilidades.

Un claro ejemplo de todo ello se puede comprobar varias veces al año en la ciudad de Zaragoza. Centrándonos en un solo evento (la procesión católica del Corpus Christi), la asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado laico (MHUEL) denuncia en silencio y mediante pancartas individuales la presencia de los representantes municipales de la ciudad, con su alcalde a la cabeza, y en calidad de tales, en actos pertenecientes a una determinada confesión religiosa (procesiones, misas pontificales, etc.). MHUEL nunca ha mostrado esas pancartas al paso de los comulgantes y sus familias ni de las cofradías ni del arzobispo o el clero que flanquea la carroza principal, sino solo porque y cuando el alcalde zaragozano Juan Alberto Belloch y sus concejales (socialistas, populares y paristas) no respetan así el principio constitucional de la aconfesionalidad de las instituciones y representantes del Estado. Todos tenemos derecho a ejercer libremente la libertad de conciencia (incluida la libertad religiosa y de culto) en plena igualdad de condiciones, pero precisamente por ello nuestros gobernantes deberían poner exquisito cuidado en dejar patente la aconfesionalidad de las instituciones públicas en el ejercicio de sus cargos.

Belloch y Bono, Zapatero y Juan Carlos, todos y cada uno de los miembros de las distintas instituciones públicas del Estado son los que deben responder ante la ciudadanía por la dejación fáctica de sus obligaciones institucionales respecto de la aconfesionalidad del Estado, de todos los valores constitucionales que incluyen la libertad de conciencia, la autonomía del individuo, la separación entre el Estado y las iglesias de cualquier signo, y la búsqueda de la justicia y del bien común de toda la ciudadanía en plena y total igualdad de condiciones. El Estado laico busca ante todo garantizar a la ciudadanía, sin privilegios ni discriminaciones, vivir en una sociedad plural, donde las personas pueden vivir y convivir en libertad y en el pleno respeto mutuo.

Profesor de Filosofía

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