Miembros del consejo de la entidad malagueña rechazan la propuesta
A estas alturas de la película y teniendo en cuenta la tambaleante situación de Cajasur, nadie cree que su fusión con Unicaja pueda frustrase, pero la reforma de la ley autonómica de Cajas de Ahorros que prepara el Gobierno andaluz sí está enturbiando esta negociación. Sorprendentemente, el borrador del decreto ley que maneja el Ejecutivo del socialista José Antonio Griñán consagra expresamente los privilegios que los canónigos, por ley, disfrutan ahora en el Consejo de Administración de Cajasur, entidad controlada por la Iglesia católica. Es decir, según proponen los socialistas, seguirán sin estar sujetos a la duración de mandatos y podrán jubilarse a los 75 años, cuando el resto de consejeros sólo puede renovar dos mandatos (12 años) y retirarse a los 70. Este trato desigual "tiene difícil encaje legal", según fuentes del sector. Miembros del consejo de administración de Unicaja mostraron ayer EL PAÍS su disconformidad y "rechazo" a lo que consideran una "discriminación flagrante".
El borrador del decreto ley redactado por la Consejería de Economía y Hacienda, respecto a mantener las prerrogativas de los canónigos en la futura Unicajasur, hizo levantar ayer muchos teléfonos. La Iglesia católica ya no tendrá el extraordinario poder con el que contaba en Cajasur, cuando los gobernantes socialistas y el entonces consejero de Economía y hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, le reconocieron por ley una sobrerrepresentación y unos privilegios -lo que se define eufemísticamente como "singularidad"-, con el fin de poner fin a la guerra desatada a principios de esta década entre Cajasur y el Gobierno autonómico. Fue una solución hecha a medida para un problema muy concreto y que firmó Griñán con el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo.
Si bien con la fusión con Unicaja, el poder absoluto del Cabildo catedralicio de Córdoba desaparece, el Gobierno andaluz baraja mantener los privilegios personales de los canónigos en el futuro consejo de la nueva entidad que no tiene dependencia eclesial alguna.
Aunque el consejo de Unicaja no se ha pronunciado sobre la reforma de la ley, sus miembros sí intercambiaron ayer impresiones sobre la propuesta que hay encima de la mesa. "No vamos a aceptar de ninguna forma este privilegio dentro del mismo órgano de gobierno", aseguró José Luis Boza, consejero de Unicaja en representación de la Unión de Consumidores de Andalucía, quien aseguró que "hay un malestar generalizado" en el consejo de Unicaja, entre ellos el de los impositores. Boza apunta un tema que no es baladí: lo que propone el decreto no figura en el protocolo de fusión aprobado por los órganos de gobierno de Unicaja.
De hecho, el asunto de los privilegios de los canónigos nunca ha formado parte de la negociación entre el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra. Ambos, con el visto bueno de la Consejería de Economía, sí pactaron el reconocimiento de la "singularidad" de la Iglesia, que se plasma en un acuerdo institucional en los órganos de gobierno, además de la creación de una fundación gestionada por el Cabildo, que contará los tres primeros años con una dotación de ocho millones de euros y de seis, a partir del cuarto. "Si se abre el melón de la singularidad, se puede abrir otro", apuntaron fuentes del proceso de negociación de la fusión.
La consagración de los privilegios de los canónigos en una entidad nueva "es vetusto, irracional e incompatible con las normas del buen gobierno", según las citadas fuentes, sorprendidas por el hecho de que se quiera extrapolar a Unicajasur un modelo "claramente ineficaz e ineficiente", a tenor de los resultados económico de la caja cordobesa. "Es como coger a un león y ponerle una cabeza de perro".
En las negociaciones de Medel y Gómez Sierra siempre quedó claro que el modelo de gestión que debe imperar es el de Unicaja, la mayor entidad andaluza, por lo que el "trasplante" de los privilegios de los curas se considera una "incoherencia absoluta". Con vistas a una hipotética incorporación de otra caja en Unicajasur, también se ven problemas porque los futuros socios podrían cuestionar estas prerrogativas.
Fuentes del PSOE mostraron ayer su disposición a "estudiar" la eliminación de los privilegios para los eclesiásticos "si algún partido lo propone".
Una larga historia de privilegios
– 1999. Se aprueba la ley de Cajas de Andalucía. Y se desata la guerra. Tres de los seis presidentes de las cajas andaluzas -Isidoro Beneroso (El Monte), Juan Manuel López Benjumea (Caja San Fernando) y Miguel Castillejo (Cajasur)- se rebelan contra la norma. El conflicto más largo fue con Cajasur.
– 2000. El PP, entonces en el Gobierno central, se alía con la Iglesia, que controlaba Cajasur. Recurre ante el Constitucional la ley de Cajas. La Iglesia dominaba en aquel momento el 34% de la asamblea general de la entidad y el 30% del consejo de administración.
– 2002. El PP y Castillejo dean un paso más. Cajasur huye de la tutela de la Junta y se pone bajo el paraguas del Gobierno central. La Iglesia se hace con el 50% de la representación. La ley de Cajas autonómica fijaba que las entidades fundadoras, como el caso de la Iglesia en Cajasur, tendrán un 13% de representación en los órganos de gobierno. En el caso de la caja cordobesa, el PSOE siempre había considerado que la Diputación era tan fundadora como la Iglesia, por lo que le tocaba un 6,5% a cada institución.
– 2004. José Antonio Griñán, entonces consejero de Economía, y Juan José Asenjo, entonces obispo de Córdoba, firman la paz. Se acuerda expulsar a Castillejo y que la entidad vuelva a la tutela autonómica. A cambio, la Junta modifica la ley de Cajas y la Iglesia conserva su privilegiada representación del 34% en la asamblea y del 30% en el consejo. Además, la Junta acepta que los representantes de la Iglesia puedan jubilarse a los 75 años y no a los 70 como fijaba la ley de Cajas.
– 20 de julio de 2009. Unicaja y Cajasur acuerdan iniciar la fusión. Ambas entidades sostienen que se debe modificar de nuevo la ley de Cajas. La Junta accede y, según el borrador, el consejo de administración de la futura entidad podrá tener 24 miembros en vez de los 20 que fija hasta ahora la norma. Dos consejeros serán para la Iglesia, uno la Diputación de Córdoba y otro la de Jaén (Caja de Jaén también entra en la fusión). La sorpresa del borrador es que se perpetúa el privilegio de los sacerdotes del poder ser reelegidos indefinidamente -el resto de personas sólo podrán estar dos mandatos- y se jubilarán a los 75.
