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Los políticos piden a la Iglesia que no interfiera en asuntos de Estado

Los socialistas y los populares  han  apelado a la separación de Iglesia y Estado y a la soberanía del Parlamento tras las declarciones de ayer de el obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino.  El obispo afirmó que los católicos no pueden apoyar el proyecto de ley del aborto, ni darle su voto, y, si lo hacen, "están objetivamente en pecado público y no pueden ser admitidos en la sagrada comunión".

La Iglesia católica, señaló Martínez Camino, entiende que "exista esa tentación, pero esas dificultades no tienen que llevar a sacrificar conscientemente la vida de un ser humano incipiente, y, en todo caso, el primer derecho que debe ser protegido es el de los más débiles, porque no es ético que el más fuerte haga prevalecer su derecho sobre el derecho a la vida del más débil". 

 En el tercer punto de su exposición, el papel del Estado, Camino dijo que éste debe proteger siempre el derecho a la vida y no puede ponerse por "encima del ser humano". Se trata, indicó, "de un bien público de primera categoría, de la mayor relevancia, que todos tenemos obligación de proteger".

"No pertenece tampoco a la moral privada o de las creencias de determinadas confesiones religiosas. El principio de no matarás no es una cuestión de moral privada y el Estado tiene la obligación de proteger la vida, lo que no quiere decir que las mujeres que aborten tengan que ir a la cárcel".

El prelado se refirió también a la objeción de conciencia, como un derecho reconocido en la Constitución dentro del derecho a la libertad religiosa, y felicitó "a quienes hoy ejercen este derecho; hay que agradecerles su coraje cívico y su valentía" en una situación que no favorece el ejercerlo".

 Polémica campaña sexual Extremadura
Polémica en Extremadura por una campaña de educación sexual promovida por el Gobierno Autónomo. En ella hay un capítulo dedicado a la masturbación que ha provocado las críticas de la oposición.

Según el PP dedicar 14.000 euros, que es lo que cuesta esta campaña, a enseñar a los jóvenes cómo masturbarse, es un despilfarro y una provocación.
Por su parte sus promotores argumentan que la campaña es mucho más amplia y abarca todo lo relacionado con la educación afectivo-sexual.

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