En un nuevo informe, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte de que los ataques se han vuelto recurrentes para los periodistas venezolanos críticos.
Ser periodista en Venezuela no es una tarea nada fácil, sobre todo para aquellos que quieren fiscalizar el poder. Las amenazas, las persecuciones e incluso los allanamientos de morada son constantes para todos aquellos que se atreven a investigar casos de corrupción por parte de altos funcionarios del Gobierno. Así lo denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ha pedido este martes que se proteja mejor la libertad de prensa en este y otros países de la región.
En su informe provisional, que debe ser aprobado en la reunión de medio año que ha empezado este martes, los responsables de la SIP exponen también varios casos de violencia física, amenazas y ataques contra periodistas que cubrían las elecciones regionales y locales de noviembre pasado. La mayoría, por parte de autoridades policiales y militares, aunque también se señala a «grupos paramilitares armados y organizados por el Gobierno».
«La confiscación de las instalaciones de El Nacional ocurrió con el descaro de un sistema judicial que no tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Los jueces siguen instrucciones directas de Diosdado Cabello, pasando por encima de cualquier procedimiento legal», ha afirmado la organización.
Asimismo, señalan que la demanda penal en contra del medio venezolano nunca llegó a sentencia y se detuvo en la audiencia de conciliación, pero aun así «las medidas cautelares se mantienen después de cinco años». «El juicio civil que llevó a una sentencia de pago por indemnización de 13 millones de dólares se realizó sin sentencia penal ni justificación del increíble monto final», añaden.
La SIP ha apostillado que la acción del Ejército que tomó con «armas largas las instalaciones y desalojaba a todos los trabajadores se hizo sin ningún procedimiento legal o lícito». «Fue irregular la valuación (tasación) de esas instalaciones en 10 millones de dólares para entregarle el edificio a Cabello como propiedad privada«, subrayan.
Además, recuerdan que el pasado 7 de febrero se concretó la adjudicación de la sede de El Nacional a Cabello, lo que fue calificado por el periódico como un «irregular y clandestino remate judicial», al no haberse publicado «los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, la hora y el monto mínimo para que los interesados hagan su oferta» y sin la presencia de testigos.
Bloqueo de medios sin respaldo judicial
Sin embargo, las amenazas a periodistas no es la única lacra que sufre la prensa venezolana. También está la censura. En este sentido, otra agresión registrada por la SIP fue el bloqueo «sin respaldo judicial, de manera discrecional y absolutamente arbitraria» de portales de medios como El Nacional, La Patilla y Efecto Cocuyo.
Según la organización, el Gobierno ha dado instrucciones a las compañías telefónicas para que hagan el bloqueo de estos medios a pesar de no contar con ningún respaldo judicial. Una práctica contra la libertad de prensa que según la SIP incluye a empresas trasnacionales como Telefónica, «que pasan por encima de sus propios principios de no violación de los derechos humanos».
El sábado, el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, aseguró a Efe que el panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha hecho más que empeorar, con una «agudización de la represión» del periodismo independiente y la «violencia» contra los periodistas.
En estos seis últimos meses la situación de la libertad de prensa en la región «no ha hecho más que agravarse», con una serie de rasgos dominantes en recientes años como son la «violencia contra los medios y el asesinato y encarcelamiento de periodistas«, denunció Trotti.
