En los últimos veinte días al menos treinta templos de religiones afrobrasileras han sido atacados por criminales. Las comunidades afro han sido las más afectadas
En las favelas donde viven los afrobrasileños las amenazas de los denominados ‘Pandilleros evangélicos’, quienes se han encargado con discriminación religiosa dar financiación al narcotráfico, han sembrado el terror.
La intolerancia hacia las religiones minoritarias en Brasil no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años se ha vuelto más recurrente y violenta. Desde hace más de 10 años, se vive el saqueo y la calcinación de templos religiosos que profesan las antiguas creencias de ancestros africanos, los actos son a manos de hombres se salen con un pensamiento extremo del evangelio que aprendieron durante su estadía en la cárcel.
Una investigación de la BBC, cuenta cómo la presencia y palabra de pastores evangélicos en las cárceles del país carioca se ha convertido en un problema social y cultural. El más reciente ataque lo sufrió, el año pasado en noche de navidad, el templo afrobrasileño Cabocla Jurema Umbanda, ubicado en las afueras de Brasilia. Sus feligreses cuentan que la libertad de culto se han vuelto un dolor de cabeza y una rentable capitalización a grupos productores y expendedores de drogas.
No fue un ataque aislado.
En 2019 cerraron casi 180 iglesias de umbanda y candomblé, las dos creencias de este tipo que más seguidores tienen en Brasil, debido a las amenazas a sus líderes.
Pero, ¿Cómo desde la religión se financian? Hombres son adoctrinados desde las cárceles y luego a su salida, con una “interpretación radical” de esta religión, arman pandillas que están vinculadas a organizaciones, las cuales tienen por objetivo abolir las minorías religiosas y dicen hacerlo «en nombre de Dios», para «purificar» al país.
De acuerdo con expertos, sacerdotes y pastores, estos pandilleros se hacen llamar «traficantes de Jesús» y usando preceptos evangélicos buscan ganar poder e influencia en algunos territorios y lo han logrado, tanto que el tema le fue expuesto al presidente Jair Bolsonaro para que definiera una estrategia clara para proteger y garantizar los derechos básicos y las libertades de estas comunidades.
Entidades gubernamentales como a Fiscalía Federal de los Derechos de los Ciudadanos, el Centro para la Promoción de la Libertad Religiosa y Derechos Humanos y la Comisión para Combatir la Intolerancia Religiosa – CCIR – tiene los ojos puestos en el tema y hacen un llamado nacional para tomar cartas en el asunto.
Entre abril de 2012 y agosto de 2015, el Centro para la Promoción de la Libertad Religiosa y Derechos Humanos recibió 1.014 llamadas de víctimas de discriminación religiosa, de las cuales más de 700 fueron de religiones afrobrasileñas.
Mientras, la CCIR registró, entre 2008 y 2014, 15 denuncias por parte de feligreses de estas mismas religiones, de las cuales siete fueron procesadas por la policía.
Pero solo en 2019 las denuncias registradas por este organismo fueron 201, un 100% más de las recibidas el año anterior, cuando se reportaron en torno a 90 casos.
Pero tanto esa comisión como la Fiscalía Federal de los Derechos de los Ciudadanos intuyen que el número de incidentes es aún mayor.
Por otro lado, Fábio Nobre, codirector del Centro de Estudios de Política, Relaciones Internacionales y Religión en Brasil, señala que no existe una organización de «traficantes de Jesús», sino que la mayoría de estos pertenecen al Tercer Comando Puro (TCP).
A pesar de ser un tema que ha llegado con peticiones a las altas esferas del estado brasileño, el tema está lleno de silencio, pues al parecer la misma religión evangélica tiene permeados a funcionarios políticos.
«Los afrobrasileños nos sentimos huérfanos. Tenemos miedo sobre el futuro de nuestra religión. La persecución no se trata solo de sectores radicales. El evangelismo está muy institucionalizado», lamenta Carneiro.
