Consideran al patriarca Bartolomé «personalmente responsable»
La presión sobre la IOU también habría implicado «docenas de casos penales fabricados y veredictos ilegales» impulsados por motivos políticos, así como coacciones sobre pastores de la Iglesia que han sido «detenidos, puestos bajo custodia o han recibido sentencias injustas», asegura el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa
Acusa al patriarca de Constantinopla de reconocer a la Nueva Iglesia Ortodoxa y a sus «líderes cismáticos», a los que considera «particularmente desenfrenados» en su apoyo a una ley que «prácticamente prohíbe la Iglesia Ortodoxa en Ucrania»
El Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa lanzó este jueves 22 de agosto un llamamiento a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos para que «den una respuesta inmediata e imparcial a la flagrante opresión de los fieles en Ucrania», en reacción a la aprobación de una ley que permite prohibir la entrada en Ucrania a las organizaciones religiosas vinculadas a Estados agresores.
Al mismo tiempo, Svyatoslav Shevchuk, arzobispo supremo de Kiev y líder de la Iglesia greco-católica (minoritaria) de Ucrania, comentó que la ley aprobada «no es una prohibición de las actividades de la Iglesia», sino una medida de precaución para «proteger a la religión de ser convertida en un arma».
El Sínodo ruso, que preside el Patriarca Kirill de Moscú, emitió un extenso comunicado en el que subraya que desde 2014, año de la llamada «Revolución Euromaidán» o Revolución de la Dignidad, así como de la anexión de Crimea por las tropas del Kremlin, viene alertando contra la «política antirreligiosa» del Gobierno ucraniano, que le ha llevado a tratar de «debilitar, dividir y destruir» a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU).
Calumniosa campaña anti-Iglesia
Esta política se materializó, según el comunicado, en una «calumniosa campaña anti-Iglesia [IOU]» en los medios de comunicación del país, destinada a «difamar la Ortodoxia canónica, así como a instigar y justificar las confiscaciones masivas» de iglesias, calificándolas de «transferencias voluntarias» a la Iglesia Ortodoxa que se ha formado desde entonces y que Moscú considera «cismática».
Para los dirigentes ortodoxos rusos, estas supuestas incautaciones están «orquestadas por partidarios del cisma y nacionalistas radicales con el apoyo de las autoridades locales, los servicios de seguridad y las fuerzas del orden, y suelen implicar violencia, incluidas palizas masivas a clérigos y fieles».
La presión sobre la IOU también habría implicado «docenas de casos penales fabricados y veredictos ilegales» impulsados por motivos políticos, así como coacciones sobre pastores de la Iglesia que han sido «detenidos, puestos bajo custodia o han recibido sentencias injustas».
Estos actos persecutorios, señala también el comunicado del Sínodo, han llevado al Patriarca Kirill a denunciar y apelar en varias ocasiones a organizaciones internacionales como la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa, así como a los líderes de las comunidades religiosas del mundo. «Aunque las violaciones de los derechos de los miembros de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana han sido reconocidas por muchos expertos y organizaciones de derechos humanos de Occidente, esto no ha impedido la aprobación del proyecto de ley que destruye la idea misma de libertad de conciencia y derechos humanos fundamentales».
Desde esta perspectiva, la ley aprobada ahora en el Parlamento [Ley nº 8.371] permite, mediante procedimientos judiciales, prohibir las actividades de cualquier comunidad religiosa en el territorio de Ucrania si está vinculada a una organización religiosa en Rusia. «Para que el tribunal adopte esta medida, bastarán las conclusiones de un ‘experto religioso’, que, en el contexto de la caza de brujas en curso, pueden ser y serán falsificadas», opina el Sínodo.
El Patriarca de Constantinopla «personalmente responsable»
En este contexto, la Iglesia Ortodoxa Rusa critica amargamente al Patriarca Bartolomé de Constantinopla, al que considera «personalmente responsable de orquestar las persecuciones» contra los fieles de la IOU al «apoyar abiertamente las acciones del Gobierno encaminadas a crucificar y destruir la Iglesia canónica en Ucrania». Concreta el «papel negativo» que supuestamente desempeñó el Patriarca Bartolomé en este proceso, aludiendo a «acciones unilaterales y precipitadas, incoherentes con el espíritu de los sagrados cánones», que «no hicieron sino exacerbar el cisma de la Iglesia en Ucrania, habiendo fracasado en su intento de sanarlo». Más concretamente, le acusa de reconocer a la Nueva Iglesia Ortodoxa y a sus «líderes cismáticos», a los que considera «particularmente desenfrenados» en su apoyo a una ley que «prácticamente prohíbe la Iglesia Ortodoxa en Ucrania».
La Iglesia Ortodoxa Rusa, y el Patriarca Kirill en particular, guardan silencio sobre algunos hechos relevantes para comprender los acontecimientos en el campo ortodoxo de Ucrania.
El principal es la cobertura, legitimación y reiterada implicación de Kirill en la invasión y guerra de Ucrania, al lado del régimen de Putin, y el castigo que ha infligido a los sacerdotes, en particular a los que en Rusia se atreven a rezar públicamente por la paz y no por la victoria.
El Sínodo sale en defensa de la IOU, denunciando la supuesta persecución que está sufriendo, pero omite mencionar que esta misma Iglesia, días después de iniciada la invasión, se distanció de las operaciones militares rusas, poniéndose del lado del pueblo ucraniano y decidiendo posteriormente en su propio Sínodo cortar lazos con el Patriarcado de Moscú (que algunos creen que no eran totales).
Sobre todo, el comunicado del Sínodo olvida que fue a causa del papel de la Iglesia ortodoxa rusa en la guerra por lo que se aprobó la ley nº 8.371, que restringe las acciones de las organizaciones religiosas rusas en territorio ucraniano o de las organizaciones religiosas ucranianas vinculadas a organizaciones religiosas rusas.
