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Los obispos se atrincheran contra la ley de eutanasia y abren otro frente con el Gobierno

La aprobación de la norma que garantiza el derecho a una muerte digna genera un nuevo cisma en las relaciones entre los obispos y el Ejecutivo. La reforma educativa y las inmatriculaciones se suman al listado de diferencias entre ambos actores.

La distancia entre la Conferencia Episcopal y La Moncloa sigue en aumento. La tensión, también. Así se ha constatado este jueves tras la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso, un hecho que provocó una rápida y contundente declaración de los obispos, que llamaron a la “objeción de conciencia” para tratar de dificultar la aplicación práctica de esa norma. En cualquier caso, no es la única campaña contra iniciativas del Ejecutivo que manejan actualmente en las oficinas centrales de la Iglesia. 

“No me extraña. Tienen una campaña abierta en contra de las libertades y del Gobierno”, afirmaba a Público Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en medio de un día agitado. Mientras celebraban el paso definitivo que acababa de dar el Congreso, desde la Conferencia Episcopal lanzaban el mensaje de su secretario general, Luis Argüello, contra la ley de eutanasia y la “mala noticia” que, a su juicio implicaba su aprobación.

La declaración conocida a media mañana de este jueves ha estado precedida de una campaña lanzada por la Iglesia contra la tramitación de esta nueva norma. “Eutanasia es la actuación que causa la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos. Es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro, ya sea mediante un acto positivo (eutanasia activa), o mediante la omisión de la atención y cuidados debidos (eutanasia pasiva)”, señala en un apartado de su web dedicado única y exclusivamente a este tema.

La Iglesia critica además que “se procura presentar a los defensores de la vida como retrógrados, intransigentes, contrarios a la libertad individual y al progreso. Al discrepante se le pone una etiqueta y así se evita un diálogo sosegado y constructivo que busque el bien del enfermo”. “Se transmite la idea de que la eutanasia es una cuestión únicamente religiosa y se dice que, en una sociedad pluralista la Iglesia —o cualquier confesión religiosa— no puede, ni debe, imponer sus opiniones”, sostiene en otro texto.

Velasco advierte que los obispos “se han aliado con ciertos sectores de colegios profesionales médicos, entre otros el de Madrid, que están movilizando al personal sanitario para que objete“. En tal sentido, el portavoz de DMD remarca que a partir de ahora “se va a movilizar la derecha más extrema en contra de esta ley, no respetando la libertad de los ciudadanos”.

El portavoz de Europa Laica, Juanjo Picó, señala que la nueva normativa respecto a la muerte digna “afecta a la moral católica”, aunque en cualquier caso no cree que los obispos hagan “un frente social” con este tema para “salir a la calle”. “En todo caso, tiene sus organizaciones ultracatólicas para que lo hagan sin que la Conferencia Episcopal tenga que comprometerse frontalmente contra el Gobierno“, afirmó.

“Cultura de la muerte”

De momento, en el calendario de los obispos figura un evento que les permitirá volver a mostrar su repudio a esta ley. El próximo jueves 25 de marzo, la Conferencia Episcopal celebra la “Jornada por la Vida”, que este año tendrá como lema “Custodios de la vida”. “El objetivo de esta jornada es explicar que la vida es un bien fundamental para el hombre, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás bienes”, explicó esta semana en una nota. 

En ese contexto, remarcaron que “los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida realizan una atenta mirada a la sociedad actual con el avance de la cultura de la muerte, por la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia”. Ante esta situación, reflexionan sobre “cuál debe ser la respuesta de los cristianos en este momento histórico”.

“Nos equivocaríamos si cayéramos en el derrotismo al pensar que esto no tiene solución o que no hay marcha atrás. También sería equivocado vivir con los brazos cruzados en un constante espíritu de queja“, afirman en el documento elaborado de cara a ese día. 

“Nosotros respetamos sus creencias. Si no les parece oportuno, que no hagan uso de la norma“, indicó por su parte el portavoz de DMD. A su juicio, “el problema es que la derecha en España y a nivel internacional quiere imponer creencias en la ley, prohibiendo a los ciudadanos que hagan uso de las libertades que no vayan de acuerdo con sus creencias”. “Nos parece una intromisión totalmente inadmisible en democracia”, afirmó. 

Educación concertada

Las diferencias no empiezan ni acaban ahí. A día de hoy, la Iglesia mantiene una férrea oposición a la reforma educativa impulsada por el Gobierno. Los obispos sostienen que el Ejecutivo busca imponer “obstáculos y trabas” a la “acción de las instituciones católicas concertadas”, en referencia a los colegios católicos que reciben importantes cantidades de dinero público. La nueva normativa excluirá de dicha financiación a las entidades educativas que segregan por sexo

A principios de febrero, la Conferencia Episcopal difundió una campaña lanzada por el Foro de la Familia dirigida a trasladar sus denuncias contra la LOMLOE a Europa. Esa iniciativa habla de “los riesgos que esta ley presenta para la libertad y los derechos humanos”, al tiempo que sostiene que peligra “la educación concertada en España y con ello más de 82.000 profesores, sin contar el personal administrativo y de gestión de los centros”.

Los bienes del “pueblo de Dios”

Las inmatriculaciones también han provocado ciertos roces con el Gobierno. Pocos días antes de que el Ejecutivo diera a conocer el listado de bienes registrados por la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal lanzaron una campaña dirigida a “aclarar” ciertos aspectos, bajo el título “Todo lo que hay que saber sobre las inmatriculaciones de la Iglesia”.

“Los bienes eclesiásticos, ciertamente, pertenecen al ‘pueblo’, al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana históricamente organizada en la parroquia y diócesis. No a la comunidad civil cuyo representante es el ayuntamiento“, decía el documento en uno de sus apartados. Cuando el Gobierno hizo público el listado, los obispos mostraron su disposición a analizar aquellos casos sobre los que existan dudas legales. 

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