El rotundo éxito de las cifras a favor de la Iglesia en la declaración de la Renta permitió a los obispos esquivar la polémica por el informe del Tribunal de Cuentas que advierte a la Iglesia española que dar dinero de la ‘X’ a TRECEtv vulnera la normativa de la Unión Europea.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente y consejero delegado de la emisora, Fernando Giménez Barriocanal, negó la legitimidad del organismo para controlar la labor de la CEE: «El Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar a la Iglesia».
Sobre las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la falta de control del dinero que reciben del Estado, Barriocanal se ha limitado a subrayar que «hay documentos que dicen lo contrario». «No podemos entrar en el contenido de un papel de trabajo«, resaltó. «Cuando exista ese informe, se le entregará al Estado, e imagino que iniciaremos un diálogo en el marco de las relaciones Iglesia-Estado».
Sí admitió Barriocanal que el 25 de noviembre pasado, la Conferencia Episcopal «recibió un escrito» en el que se les notificaba que el Tribunal de Cuentas iba a establecer la fiscalización del dinero que el Estado otorga a la Iglesia, «dejando claro que la CEE y la Iglesia no son entidades fiscalizadas por este tribunal. Por eso no podemos hacer alegaciones a este texto provisional».
Respecto a las críticas formuladas en el borrador, el presidente de TRECE declaró que en ningún momento han recibido «de ninguna administración una notificación diciéndonos que debíamos cambiar el sistema, todo lo contrario». Eso sí, Barriocanal abrió la puerta a que la Iglesia modificara el modelo de informes «si el Gobierno lo pide a la Iglesia» y se llega a un acuerdo entre ambas partes.
La pelea por el IBI
Por otro lado, el portavoz de la CEE, Luis Argüello, entró en la polémica sobre el posible cobro del IBI a la Iglesia católica. «Estamos dispuestos a dialogar, reconocemos el derecho que tiene el Gobierno a plantear sus medidas, pero nos sorprende que se mire sólo a la Iglesia y no al resto de iglesias y otras organizaciones no lucrativas» afectadas por las exenciones de la Ley de Mecenazgo y el Impuesto de Sociedades.
«Si se decide modificar la situación actual, nos parece legítimo, pero no nos parecería justo que se pensara solo en la Iglesia católica«, añadió Argüello, quien reivindicó el papel de la Iglesia católica no sólo en el ámbito religioso, sino su «valor cultural, económico, turístico, patrimonial». «Ahora que se quiere cuidar la España vaciada, sería un criterio de buen gobernante facilitar que estos centros de acción social, que estos bienes de interés cultural, tengan esta ayuda por parte del sistema fiscal de un Estado».
En esa línea, Barriocanal destacó cómo «las desgravaciones fiscales que se conceden a todas las entidades no lucrativas son la mejor inversión de la Administración pública», y señaló que –según los informes de la CEE, que como señala el Tribunal de Cuentas no son analizados por la Administración– «cada euro que se invierte revierte a la sociedad en dos, tres y hasta cuatro euros. En términos económicos, es una gran inversión», defendió.
