La auditoría dice que la Iglesia “debe asumir la responsabilidad” de compensar a las víctimas, reclama un fondo mínimo de 50 millones de euros e indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros, mientras la Conferencia Episcopal insiste en que el informe contiene “errores”
“El Informe-Auditoría realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores”. La Conferencia Episcopal, que ha gastado más de 1,3 millones de euros en un informe sobre abusos en la Iglesia encargado al bufete Cremades&Calvo Sotelo, considera ahora que dicho trabajo no es profesional y, de hecho (y frente a lo que se había anunciado), ha optado por no presentarlo en su integridad. Al menos, por el momento.
¿Qué han hecho los obispos? En realidad incorporar lo que han recibido del bufete para actualizar su propio informe que han titulado Para Dar Luz, en el que incorporan los datos y recomendaciones tanto de la auditoría como del Defensor del Pueblo, en un complejo informe de 1.031 páginas, que se han limitado a colgar en la web de la Conferencia Episcopal, sin mucha más explicación.
Aun así, a partir de la página 136, se pueden extraer algunas conclusiones del trabajo llevado a cabo por Cremades y, especialmente, de sus conclusiones. La más destacada, la de establecer “un fondo creado por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación, dotado inicialmente con 50 millones de euros”, con un baremo para las indemnizaciones, de entre 6.000 y cien mil euros“.
Los obispos critican que Cremades haya presentado “de manera desagregada” el número de víctimas, que en el caso de las congregaciones religiosas asciende a 576, 43 más que las detectadas por las propias órdenes. En cuanto a las diócesis, el número total de denuncias asciende a 322. Otras instituciones, como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, habrían recibido 10 denuncias cada una.
Así, “el número total de denuncias recibidas de las instituciones de la Iglesia según el informe, sin incluir las propias del canal de denuncias ni las comunicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ni del defensor del Pueblo asciende a 961 denuncias”, a las que habría que añadir 118 “comunicadas exclusivamente al Defensor del Pueblo”; otras 305 provenientes del dicasterio vaticano de Doctrina de la Fe; 55 denuncias extraídas del canal de denuncias del propio bufete, que se reducen a diez nuevas, para concluir “un total de 1.383 denuncias, con un número de víctimas indeterminado”. La CEE reduce la cifra a 1.302.
“En conclusión, de las denuncias se deducen un mínimo de 2.056 víctimas, aunque es objetivamente evidente que el número es superior”, apunta Cremades, que habla de un perfil de víctimas “mayoritariamente masculino”. ¿Dónde se producen los abusos? “El lugar de los hechos más repetido son los colegios y seminarios menores y mayores”.
¿Quiénes son los abusadores? “El perfil de la persona victimaria es mayoritariamente sacerdote/religioso/a, profesor/a responsable académico del menor siendo el porcentaje aproximado en el 99% de los casos”, aunque “también encontramos casos de celadores, responsables de administración, actividades extraescolares, catequistas”.
¿Qué abusos se dan? “El tipo de abuso cometido es mayoritariamente ”abuso“ (señalan los responsables que la gravedad de los hechos impide a las víctimas relatar lo acaecido resaltando que el término ”abusos o tocamientos“ abarca una realidad muy heterogénea)”, aunque se refieren también “felaciones, violaciones, introducción de pene u objetos en órganos genitales o boca, tocamientos en genitales, tocamientos en culo, pechos, cuerpo, tocamiento libidinoso, besos no consentidos, abrazos libidinosos, lametones en cuello y cara, contacto físico no consentido, desnudos no consentidos”.
¿Cuándo se produjeron? “Las fechas de comisión de los hechos de los que hemos tenido notica abarcan desde el año 1905 a la actualidad”.
En cuanto a las consecuencias, el Informe-Auditoría señala que “ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia” y exige “la reparación integral a las víctimas”, lo que implica, según las recomendaciones del bufete, “reconocer el daño producido y honrar el dolor de las personas que han sido víctimas de cualquier forma de violencia en el seno de la Iglesia, tanto niños, niñas y adolescentes como personas adultas, pidiendo perdón públicamente no sólo por el daño sino por el silencio permitido”.
También incluyen en la reparación “tomar las medidas de prevención necesarias para tratar de que no vuelva a suceder” y “brindar las personas que fueron víctimas recursos de calidad para la reparación de su daño”, lo que incluye “diversos tipos de recursos, incluidos recursos psicoterapéuticos de calidad, asesoramiento legal e indemnización económica”.
“El trauma no se olvida, pero se puede integrar y recuperar la posibilidad de un desarrollo pleno. Es un proceso lento y no es un proceso lineal, pero con el acompañamiento necesario, la sanación es una realidad innegable”, señalan desde el bufete de abogados.
Para la realización de esta reparación integral se plantea “el establecimiento de una Comisión Independiente, que no debe excluir la exigencia de una responsabilidad penal de la persona victimaria, donde la reparación sea acordada con la víctima”. Junto a ello, “cuando la víctima así lo desee, el procedimiento de determinación de la reparación debida debe ser solemne y, en ningún caso, debe implicar exención de responsabilidad penal de la persona victimaria”.
Dicha comisión de reparaciones obligaría a que la participación de las víctimas “se haga siempre por personal experto especializado y con formación específica en materia de violencia contra los niños y, en particular, en abuso sexual”, y se exige a la Iglesia “responsabilidad; transparencia; rendición de cuentas; no maleficencia; legalidad; justicia; autonomía; beneficiencia; y confidencialidad”.
¿Quién pagará? Aquí, el informe es rotundo. “La CEE debe asumir la responsabilidad de crear la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las recomendaciones recogidas en este informe. Esa Comisión debe estar compuesta de forma multidisciplinar y debe incluir personas situadas en la intervención directa. Y debe comprometerse a garantizar la transparencia y rendición de cuentas del proceso elaborando un Plan de Prevención”.
Al tiempo, “dentro de cada diócesis se tiene que establecer un equipo coordinador del proceso” y un servicio de asesoría legal. “Una figura de acompañamiento a las víctimas con formación en psicología que pueda realizar el acompañamiento a la persona que llega y realizar las reuniones necesarias hasta poder definir las necesidades de reparación que tiene la persona”.
