La Conferencia Episcopal se opone a una apertura “indiscriminada” de los archivos de las diócesis en la investigación de los abusos sexuales
La Conferencia Episcopal Española ha advertido este jueves contra lo que considera una limitación del derecho a la objeción de conciencia en la nueva ley del aborto, que el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros del próximo martes y cuyo borrador adelantaron la SER y EL PAÍS. En un encuentro con medios de comunicación, el secretario general de los obispos, Luis Argüello, ha asegurado que obligar a los médicos a inscribirse en un registro de objetores a la práctica del aborto “es una forma sibilina de restringir un derecho fundamental”. El borrador de la nueva ley del aborto que maneja Igualdad, de casi medio centenar de páginas, dispone la puesta en marcha de un registro de objetores de conciencia en cada autonomía, e indica que los profesionales que quieran inscribirse deberán hacerlo con antelación y por escrito.
Argüello ha insistido, no obstante, en que lo grave de la norma es que facilita “la interrupción de una nueva vida”, la imposición del “derecho del más fuerte sobre el más débil”, lo que ha calificado de “línea roja de la civilización”. Ha destacado que la ley considera violencia la gestación subrogada –el borrador alude a los vientres de alquiler como una de las formas de violencia contra la mujer–, cuando a su juicio “es mucho más violento eliminar una vida que está científicamente demostrado que existe”. Ha criticado también que la reforma elimine los tres días de reflexión para la gestante antes de interrumpir su embarazo a los que obligada la legislación anterior, de 2010. Según ha dicho, la cuestión es “cómo generar un movimiento en favor de la vida” en un momento de “invierno demográfico”. Y ha matizado que no siente “ningún deseo de llevar a nadie a la cárcel”. En el mismo acto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, lamentó el “déficit de apoyo a la familia” en España respecto a la UE y pidió la máxima ayuda para las mujeres “que quieren dar vida”.
La Iglesia católica ha rechazado todas las regulaciones de la interrupción del embarazo desde la primera, de 1985. La nueva ley que propone el Ministerio de Igualdad mantiene la regulación de los plazos del aborto que introdujo el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010 y modifica algunos aspectos, como la posibilidad de las mujeres de 16 años de abortar sin permiso de sus padres.
Omella y Argüello se han manifestado también este jueves sobre las dos vías de investigación de los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia: la auditoría que la misma Conferencia Episcopal encargó al bufete Cremades y la comisión que encabezará el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Omella defendió que la Iglesia no será parte de la segunda comisión, promovida por el Congreso de los Diputados. “Colaboraremos en lo que nos pidan, pero no podemos ser juez y parte”, ha defendido.
Argüello insistió en que los casos de abusos sexuales en la Iglesia forman parte de un problema de toda la sociedad. “Que solo miren a la Iglesia nos genera inquietud”, dijo. Defendió que los obispos cambiaron sus protocolos ya en 2010. Según dijo, la Iglesia ha actuado sobre 502 casos de abusos, “la gran mayoría de hace más de 30 años”. El secretario general de los obispos dijo “agradecer la sensibilidad social” sobre este asunto, pero apeló a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la prescripción de los delitos. Y admitió “fallos de vigilancia” y “malas prácticas” en el pasado. Sobre la petición de apertura de todos los archivos de las diócesis a los investigadores, Argüello dijo que se hará sobre las personas afectadas, pero no de forma “indiscriminada”.
Omella y Argüello presentaron la Memoria de actividades de la Iglesia católica en España 2020, que recoge los ingresos y gastos de la institución. La principal fuente de financiación fue la asignación a la Iglesia en la casilla del IRPF: en la declaración de 2020, esa cifra ascendió a 297 millones de euros, un ligero descenso respecto al año anterior que los obispos atribuyen a la menor recaudación por la crisis de la pandemia. Marcaron la casilla un 31,57% de los declarantes, un porcentaje que cae en más de medio punto y que marca el mínimo en una década. El número total de personas que marcaron la X de la Iglesia se elevó, sin embargo, en 40.000, hasta los 7,3 millones al crecer el número de declarantes.
