El Secretario General de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Mons. Aurelio Pesoa Ribera, O.F.M. obispo auxiliar de La Paz, ha presentado a la prensa una declaración de los obispos sobre algunos asuntos particularmente importantes en el país: ley sobre libertad religiosa, derecho a la objeción de conciencia e informes sobre el tema de los abusos en la Iglesia.
La declaración, titulada «Libertad de religión y conciencia en Bolivia», enviada a la Agencia Fides, afirma: «La ley sobre libertad religiosa es un marco legal necesario para regular la presencia en el país de diferentes grupos religiosos, así como sus actividades. A pesar de algunas lagunas que se pueden encontrar y la falta de acuerdo y el consentimiento profundo de los protagonistas involucrados, creemos que representa un paso adelante en comparación con la legislación anterior: algunos aspectos importantes se han aclarado, como la personalidad jurídica, el problema fiscal, como también el derecho de los padres a elegir la educación religiosa que desean para sus hijos, entre otros».
El texto señala también que la ley les interesa como Iglesia Católica y orienta en la construcción de un nuevo acuerdo que regule el Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Plurinacional de Bolivia».
Con respecto a la libertad de conciencia, el texto de los obispos subraya también que aunque no es un tema nuevo, ahora es más necesaria que nunca ya que recientemente se produjo un caso de vulneración de la libertad de conciencia, respecto a dos médicos que se negaron a practicar un aborto, por decisión de una Junta Médica, en la ciudad de Sucre, procesando al Jefe de Ginecología y al entonces Director del Hospital.
«Más allá de las consideraciones técnicas y jurídicas que el caso pueda merecer, como Iglesia Católica hemos expresado en varias ocasiones la necesidad de que se reconozca en Bolivia el derecho a la objeción de conciencia, en éste y otros asuntos, porque consideramos de primer orden salvaguardar la libertad individual y de pensamiento y porque no se debe obligar a nadie a actuar contra su conciencia», indican los obispos.
El texto continúa citando la Sentencia Constitucional 206, que confirma que el aborto «es un delito» en la legislación boliviana, «por lo que nadie puede ser obligado a cometer un delito, ni tampoco es coherente sancionar a un profesional de la salud por negarse a cometerlo.
«Lamentamos que la Ley de Libertad Religiosa no haya agregado un reconocimiento explícito de este derecho a la objeción de conciencia», apunta el texto.
