El boato y el engaño a la ciudadanía
Las asociaciones laicas denuncian el boato católico con el que el Gobierno participa en la JMJ. Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, critica «la mezcla de Iglesia y Estado» que supone la visita de Benedicto XVI a Madrid, engalanado con banderas del Estado Vaticano. Los contrarios a la visita denuncian que el Gobierno engaña a la ciudadanía, ya que la Constitución no obliga a tan desmedida colaboración ni a recibir al Papa con honores de jefe de Estado por los Reyes cuando su visita es eminentemente pastoral y su agenda es totalmente religiosa (misas, sermones, un vía crucis). Además, el presidente del Gobierno acudirá a agasajarle en la nunciatura (embajada) del Vaticano.
El impacto en el tráfico y los carteles
Las asociaciones laicas y algunas de vecinos protestan por el impacto sin precedentes que tendrán los actos en el tráfico de Madrid. Todo el centro, incluida la Gran Vía y el paseo de Recoletos, se cerrará totalmente a la circulación durante los seis días de la jornada, con las consiguientes molestias para los vecinos, comerciantes y ciudadanos que no participen en ella. Además, no solo las iglesias se han cubierto con pancartas del acontecimiento, sino que centros públicos como la Consejería de Educación y el Instituto de la Juventud lucen carteles religiosos. IU ha pedido que se retiren por considerar que «las instituciones deben tener un exquisito respeto con todos los ciudadanos y no solo con una parte».
La inusual rebaja del transporte público
La concesión para los peregrinos de un abono especial para el transporte público (bus, metro y cercanías) que cuesta un 80% menos que el abono para turistas ha indignado a muchos ciudadanos, que han visto hace unos días una subida del 150% de los billetes simples y temen otra en los abonos. La JMJ ha comprado un total de 600.000 abonos, lo que supondrá una merma para las arcas públicas de 20 millones de euros. El descuento ha provocado la indignación de los colectivos gais, que reclaman un trato similar para sus multitudinarias celebraciones, y del movimiento del 15-M, que ha llamado a la desobediencia y a «colarse sin pagar en el metro» ante lo que considera una «discriminación social y religiosa».
El coste, a espaldas del contribuyente
Los críticos rebaten el coste cero para el contribuyente esgrimido por los organizadores. Según sus cuentas, las empresas donantes se pueden deducir el 15% de lo aportado, lo que supondría una merma recaudatoria para Hacienda de unos 30 millones de euros. A estos habría que añadir otros gastos difíciles de cifrar, aunque millonarios, en sueldos extras que las administraciones habrán de abonar a policías, sanitarios y trabajadores de la red de transportes, así como los gastos de agua y luz y el mantenimiento de los 693 establecimientos públicos (colegios, institutos y polideportivos) en los que pernoctarán durante una semana los peregrinos y los voluntarios, y que suman más de 350.000 plazas.
El elevado gasto en un país en crisis
El gasto de la visita del Papa, 50,5 millones de según los organizadores y más de 100 según los opositores, es el principal motivo de protesta. «El precio es excesivamente alto, especialmente en una España que está sufriendo recortes masivos en el sector público y con casi un 20% de desempleo», subrayan los contrarios al acontecimiento. «No estamos en contra de la visita del Papa, sino que rechazamos el derroche inaceptable por parte de administraciones y empresas», apunta Evaristo Villar, de Redes Cristianas, al tiempo que destaca que, mientras tanto, el Gobierno ha recortado los sueldos a los funcionarios, congelado las pensiones y reducido los subsidios a los parados.
