Los médicos que no practiquen abortos por objeción de conciencia en la sanidad pública tampoco podrán hacerlo en la privada

El Ministerio de Igualdad saca hoy adelante un proyecto de ley de aborto que quiere garantizar que la interrupción del embarazo se realice en la sanidad pública y de forma segura para mujeres a partir de los 16 años.

El Consejo de Ministros del 17 de mayo tiene previsto aprobar la conocida como Ley del Aborto, el proyecto más ambicioso del Ministerio de Igualdad con el que se pretende democratizar una serie de derechos en materia reproductiva y de interrupción del embarazo. Fuentes de Igualdad han explicado los avances que supondrá la nueva norma en materia de acceso al aborto, salud menstrual, educación sexual, anticoncepción, lucha contra la violencia reproductiva y maternidad.

En el punto de acceso al aborto, el objetivo de Igualdad es que se siga garantizando el derecho individual del personal facultativo a la objeción de conciencia pero proteger, asimismo, que esa objeción no obstaculice la interrupción voluntaria del embarazo. La fórmula, similar a la de la Ley de Eutanasia, debe garantizar que haya personal disponible, evitando así la derivación de esa interrupción del embarazo a la sanidad privada. Con la ley, se exigirá que los médicos y facultativos que se declaren objetores también lo sean en la sanidad privada. 

De este modo, se quiere garantizar que la sanidad pública pueda llevar a cabo los abortos y también que este se produzca en el entorno de la mujer que decide interrumpir su embarazo: “Se acabaron los desplazamientos a cientos kilómetros de sus casas”, dicen esas fuentes de Igualdad.

Otro de los avances es que las mujeres jóvenes de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin permiso de sus progenitores o tutores. La ley introduce una baja incapacitante para las personas que pasen por un aborto, y se incorpora la asistencia y acompañamiento.

Batería de medidas

El Consejo de Ministros aprobará también una serie de medidas como el reparto de productos de salud menstrual en organismos públicos, institutos o presidios. También se repartirán anticonceptivos en centros educativos y prisiones y se llevarán a cabo programas de formación en educación sexual en este tipo de espacios. Entre las medidas de anticoncepción, la Seguridad Social costeará las píldoras de última generación, se promoverán métodos de anticoncepción masculina y los centros de salud pasarán a distribuir de manera gratuita la llamada “píldora del día después”.

El equipo de Montero reveló ayer en una entrevista en la Cadena Ser que finalmente la conocida como Ley del Aborto no incluirá la rebaja del IVA de los artículos de primera necesidad (4%) a los productos de higiene menstrual por la negativa del Ministerio de Hacienda.

Montero sí ha conseguido sacar adelante una de las políticas de las que más se ha discutido en los últimos días, como es la baja para las mujeres con reglas dolorosas, a cargo íntegramente del Estado. En el caso de las mujeres embarazadas, se contempla una baja cubierta por la Seguridad Social, que no consumirá días de permiso de maternidad, a partir de la semana 39.

Fuentes de Igualdad han confirmado a El Salto que estas medidas serán aprobadas en las próximas horas, lo que convierte a esta Ley del Aborto en la iniciativa más ambiciosa de Irene Montero al frente de este ministerio.