El proyecto de ley estipula que los 25 establecimientos autorizados estarán obligados a realizar esa intervención
El Gobierno irlandés ha presentado en el parlamento el polémico proyecto de ley con el que intenta clarificar la legislación sobre el aborto y cumplir así una sentencia de 2010 del Tribunal de Estrasburgo. La propuesta es más generosa que la barajada en mayo pasado al asegurar el derecho individual de los médicos a negarse a practicar un aborto si se acogen al derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, es también más clara al establecer que los centros sanitarios autorizados a practicar la interrupción del embarazo no pueden negarse a llevarlo a cabo si esta es legal.
Se podrá abortar cuando esté en peligro la vida de la madre, cuando esta esté en riesgo de suicidarse o cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero. La nueva propuesta también otorga poderes al ministro de Sanidad para suspender el servicio si cree que una institución no está cumpliendo la ley; establece que cada año se publicarán detalles sobre la fecha, lugar y motivos bajo los que se han practicado cada uno de los abortos; señala que los médicos de familia solo serán consultados “con el consentimiento de la mujer embarazada”; amplía de 19 a 25 el número de establecimientos autorizados a practicar abortos para incluir los hospitales universitarios y contempla penas de hasta 14 de prisión por abortos ilegales.
La reforma estaba en realidad pendiente desde que en 1992 el Tribunal Supremo condenara al Estado por impedir que una mujer viajara al extranjero a abortar por entender que corría el riesgo de que se suicidara. La propuesta de ley incluye el riesgo de suicidio como causa para abortar, pero exige que la decisión sea tomada por un panel de tres médicos.
En la redacción final de la nueva ley ha tenido también influencia la muerte el pasado 28 de octubre en el Hospital Universitario de Galway de Savita Halappanavar, una mujer de 31 años que estaba embaraza de 17 semanas a la que se negó el aborto que pedía. Los médicos argumentaban que, aunque el feto no tenía posibilidades de nacer, no tenían capacidad legal interrumpir el embarazo hasta que el feto estuviera ya muerto.
La nueva ley establece ahora con claridad que el riesgo de muerte de la madre es uno de los supuestos en los que se puede interrumpir un embarazo. Hasta ahora, ese derecho era equivalente entre la madre y el feto, de ahí el argumento de que con el feto en vida no se podía proceder al aborto. En casos de urgencia, la decisión de interrumpir el embarazo puede ser tomada por un solo médico. En casos no urgentes, la decisión ha de tener el aval de dos médicos.
La muerte de Savita Halappanavar probablemente explica también el hecho de que la reforma tiene el absoluto apoyo de los irlandeses: el 75% están de acuerdo con ella, según una encuesta realizada el lunes y el martes por la consultora Ipsos MRBI para el diario The Irish Times. Ese alto porcentaje de apoyos se dispara incluso hasta el 89% cuando la pregunta se refiere concretamente al aborto cuando está en riesgo la vida de la madre y llega al 83% cuando se sabe que el feto no será capaz de desarrollarse fuera del útero materno. Son los dos supuestos que habrían permitido a los médicos interrumpir el embarazo de esta mujer.
Es también altísimo (81%) el apoyo al aborto en los embarazos que son consecuencia de una violación, un supuesto no contemplado en la nueva legislación. Sin embargo, solo un 52% de los encuestados lo apoyan cuando hay riesgo de suicidio de la madre, frente a un significativo 29% de encuestados que se oponen. Y un 46% se oponen y un 39% están de acuerdo en que debería bastar el deseo de la madre de abortar si cree que sería lo más conveniente para ella.
A pesar del abrumador apoyo popular a la reforma, los analistas políticos creen que gran parte de los diputados del gobernante partido Fine Gael votarán en contra durante su tramitación parlamentaria, aunque no parece que le legislación propuesta acabe siendo rechazada por el parlamento.
Entre los grupos de presión, la reforma es criticada de acuerdo con la tendencia de cada uno. El grupo antiabortista Campaña Pro-Vida denuncia que hay “pruebas abrumadoras” de que los psiquiatras irlandeses creen que el aborto “no es un tratamiento adecuado y no se puede prescribir a las mujeres con riesgo de suicidio” y aseguran que los obstetras se sienten “muy incómodos” ante ese supuesto.
Para la Asociación Irlandesa de Planificación Familiar, en cambio, la pena prevista de hasta 14 años de cárcel por un aborto ilegal “es ineficaz, desproporcionada e ineficaz”. Sin embargo, el nuevo redactado parece dejar fuera de esas penas de prisión a las mujeres que abortan al señalar que será delito “destruir de forma intencionada la vida de un humano no nacido”. La propuesta inicial, “deberá ser delito que una persona realice cualquier acto con la intención de destruir la vida del humano no nacido”, parecía incluir a la mujer embarazada.
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