Garantizar el derecho a una educación pública de calidad se ha convertido en una de las banderas del gobierno del Botànic. A pesar de algunos éxitos y los recursos empleados, este objetivo ha encontrado dos escollos, hasta el momento, insuperables: la profundidad de la herida presupuestaria dejada por el PP y las sentencias judiciales.
«Yo lo he notado. Empezaron con mucha fuerza a implementar un cambio, pero ya no están tan osados», se lamenta Màrius Fullana, hasta hace dos semanas presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, que agrupa las asociaciones de madres y padres de alumnos de centros públicos del País Valencià. Al principio de la primera legislatura del Botànic, en 2016, las asociaciones de padres de alumnos católicos y la patronal de escuelas concertadas, con el apoyo del PP, Ciudadanos y otras entidades sociales, organizaron grandes protestas en la calle para evitar un cambio en la política educativa que acabara con los privilegios que habían ido acumulando estos centros.
En un comunicado, las Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana (Escacv) alertaban entonces: «Constatamos que la Administración propone cerrar e impide la creación de unidades concertadas, a cuya financiación con fondos públicos tienen derecho, so pretexto de la baja demografía o las vacantes existentes. Al mismo tiempo, crea más de 400 nuevas unidades en la enseñanza pública, incrementando el gasto, en lo que parece un intento de eliminar la libre elección de las familias».
Solo dos años antes, el Consell aún presidido por el popular Alberto Fabra, ordenaba el cierre de 190 líneas de educación, prácticamente todas en centros públicos y la gran mayoría en valenciano. El motivo, el mismo que el del Botànic: la reestructuración del mapa escolar en un momento de bajada demográfica. Entonces, pero, el PP no se amedrentó, por las grandes movilizaciones en defensa de la educación pública. «Era terrible, en los últimos meses ni tan siquiera te respondían al teléfono. En el Consell Escolar valenciano el presidente nos faltaba al respeto, nos negaba la palabra», recuerda Fullana, quien entonces ya formaba parte de la junta de FAMPA València.
Ahora el panorama es muy diferente y ya no hay grandes movilizaciones en la calle. Ni de un signo ni de otro. El lobby de la concertada ha encontrado en los juzgados otra vía mucho más efectiva de frenar los cambios. La reciente sentencia en el Tribunal Supremo –que ratificaba otra anterior del TSJCV- obligando al Consell a renovar automáticamente los conciertos de varias unidades de bachillerato a pesar que hubieran caducado han sido la última prueba. Ha sido imposible conseguir la versión de la Conselleria d’Educació sobre esta cuestión, pero otras fuentes implicadas denuncian el «sesgo pro-concertada» de los tribunales, en palabras de Marc Candela, portavoz del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), mayoritario en la enseñanza pública. Màrius Fullana lo define como «una espada de Damocles judicial». Desde el otro lado, Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica del Escacv, se felicitaba en declaraciones ante la prensa de que «los gobiernos no puedan hacer lo que quieren, tienen que respetar las normas».
Aunque la campaña judicial no siempre ha tenido éxito. Por ejemplo, el Supremo anuló en junio una sentencia del TSJCV que impedía a la Conselleria bajar las ratios máximas en educación infantil, una medida también recurrida por la Escacv.
El resultado es que si en 2014, el 71% del alumnado de todos los ciclos no universitarios cursaba sus estudios en centros públicos, tras cinco años de, en principio, clara política en favor de la pública, este porcentaje apenas ha subido nueve décimas.
Interpretación «perversa»
«La interpretación que los tribunales están dando a la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 1985 [que regula el sistema de conciertos] y al artículo 27 de la Constitución [sobre el derecho a la enseñanza] supone una perversión, ya que ponen el derecho de las familias a escoger que tipo de educación quieren por encima del derecho a la igualdad de oportunidades», explica a Público Sandra García, investigadora de la Unidad de Investigación en Política de la Educación (Unipe), dependiente de la Universitat de València. García formó parte del equipo encargado de elaborar un mapa escolar de València, un proyecto encargado por la entonces concejal de educación Maria Oliver, atacado ferozmente por la derecha. «Los resultados explicaron porque había tanto miedo a este proyecto –continua la investigadora- ya que demostró que la oferta educativa no es homogénea en la ciudad, sino que los barrios de más renda concentran la mayoría de los concertados, unos centros que, además, consiguen eludir el alumnado más complejo, como aquel que tiene necesidades especiales, población vulnerable, recién llegados… Grupos que van casi por completo a la pública». Aunque la ley impide expresamente este tipo de discriminaciones, García es contundente: «los datos demostraron que esto es así».
«El resultado es que si la LOE establecía la educación concertada como subsidiaria de la pública, en la interpretación judicial posterior es al revés. Obviamente esta no es la única interpretación posible», añade Sandra García.
Presupuestos aún por recuperar
El hachazo de los recortes en educación llegó antes y fue más profundo en el País Valencià que en otras autonomías. Según datos del segundo informe del Proyecto del Mapa Escolar, entre 2009 y 2014, el presupuesto educativo valenciano se contrajo un 19% al pasar de los 5.200 millones a los 4.200. Pero este recorte no fue homogéneo, sino que se cargó prácticamente en exclusiva a la pública, mientras los concertados mantenían condiciones similares.
A pesar de que desde 2015 se inició una cierta recuperación, esta continuó por parte de la media española, en un contexto de profunda infrafinanciación de la autonomía. En 2020 se dedicó a educación 4.420 millones, aún muy por debajo de la época precrisis, y con las partidas dedicadas a los conciertos blindadas judicialmente.
«Personalmente me hubiera gustado que hubiesen ido más lejos y quizás se habrían conseguido más cosas», se lamenta Màrius Fullana, aunque reconoce que la actual administración ha asumido importantes reivindicaciones de las AMPA, como la limitación de deberes, la brecha digital o la reivindicación de la conciliación laboral durante el confinamiento. Queda lejos aún su reivindicación de «nuevo sistema educativo público al servicio de la gente trabajadora y que enseñe al alumnado que puede intervenir socialmente».
