Los jesuitas de Cataluña serán la primera orden religiosa en España, y la primera institución de la Iglesia católica en el país, en emprender una investigación interna rigurosa de los posibles abusos sexuales sobre menores cometidos en sus centros. En la línea de las iniciativas realizadas en Francia y Alemania, y mientras la Conferencia Episcopal española se niega todavía a dar ese paso, la Compañía de Jesús y Jesuïtes Educació anuncian en un comunicado que han decidido “emprender una investigación más sistemática de los posibles casos de abusos sobre menores y conductas impropias que en el pasado, remontándonos a los años sesenta, hayan podido suceder en los centros educativos”. La decisión ha sido tomada a raíz de las informaciones publicadas en EL PAÍS que afectan a su orden: “La búsqueda de información sobre algún caso ya conocido nos muestra que necesitamos sistematizar la información que pueda haber”.
Este periódico informó el lunes del caso de Luis Tó González, profesor del colegio Sant Ignasi de Barcelona y condenado a dos años de cárcel en 1992 por abusar de una niña. El religioso no cumplió la pena por no tener antecedentes. Tras la sentencia, fue enviado a Bolivia, donde falleció en 2017. Los jesuitas, una de las pocas órdenes que ha respondido a este diario con autocrítica ante las noticias de abusos, admitieron que fue un error no abrir un proceso canónico a Luis Tó González y que entonces “no se valoró bien la gravedad de los hechos”. “Revisando este caso, ante las preguntas planteadas, somos conscientes de que la actuación ante casos de abusos no ha estado a la altura”, reconocieron.
Sin embargo, la investigación sobre Luis Tó ha hecho aflorar lo que quedó oculto en el pasado. Tras la publicación de la noticia, se han recibido denuncias de otras presuntas víctimas en ese colegio y se ha contactado con la orden, que ha decidido finalmente investigar a fondo el asunto. “Somos conscientes de que aún hay una asignatura pendiente en la investigación del pasado (…) Nos preocupa la necesidad de asegurar una memoria fiel y honesta del pasado y de responder a posibles víctimas (…). Informaremos de los resultados de esta investigación siempre respetando la voluntad de las víctimas y el derecho a la presunción de inocencia de las personas”.
El colegio Sant Ignasi, donde Tó era profesor, salió en su defensa en 1992, cuando fue condenado. “La dirección y la asociación de padres apoyaron sin fisuras al sacerdote agresor y exigieron guardar silencio sobre el caso”, escribe Pepe Rodríguez, coordinador de la facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su libro Pederastia en la Iglesia católica, publicado en 2002. Relata que cuando el cura se fue a Bolivia tras la condena, se le despidió con un homenaje y todavía era descrito de forma elogiosa tres años más tarde en un libro conmemorativo del centro. Rodríguez asegura que el sacerdote había sido objeto ya de varias acusaciones en el colegio durante las dos décadas anteriores, que fueron desoídas.
Los jesuitas catalanes admiten que “en ocasiones la gestión de estos casos ha podido ser deficiente, o las medidas tomadas han podido ser incompletas”. “Pedimos perdón, en primer lugar, a las víctimas, y a sus familias, lamentamos no haber estado siempre a la altura de la confianza depositada”, declaran. El comunicado, que pone a disposición de las víctimas un correo electrónico para presentar denuncias (escoltar@fje.edu), concluye insistiendo en la voluntad de la orden “de dar luz a los casos que requieran aún clarificación”.
Los jesuitas afirman que desde hace 10 años han implantado programas de formación y prevención en todos sus colegios y están convencidos de que “en el presente son espacios seguros”.
La iniciativa de los jesuitas de Cataluña es un síntoma más de un lento cambio de rumbo en la Iglesia española. Otro relevante se ha conocido esta semana: el obispado de Bilbao ha denunciado a la fiscalía de Bizkaia a un cura de la diócesistras la declaración de tres mujeres que le han denunciado por “tocamientos”. Se trata del presbítero responsable de la zona de Mungia, Bizkaia, Egoitz Arruza, técnico especialista en electrónica industrial que se ordenó el año 2005. Ha sido vicario parroquial en Derio, Zamudio, Lezama, Larrabetzu y Goikoelexea, y tanto el obispado de Bilbao como los “scouts”, grupo juvenil en el que el cura trabajaba como responsable, le han apartado de sus responsabilidades. Los hechos denunciados se produjeron entre los años 2015, 2016 y 2017, cuando las mujeres pertenecían a los scouts. Una de ellas era menor cuando sucedieron los hechos denunciados y le acusan de “comportamientos inadecuados contra la libertad sexual”.
La asociación de “scouts” informó al obispo de Bilbao, Mario Iceta, el pasado 26 de noviembre y al día siguiente se apartó de forma cautelar al presbítero de sus funciones públicas y se abrió una investigación interna, que concluyó el pasado miércoles. Sus conclusiones fueron remitidas a la Congregación para la Doctrina de la Fe el pasado jueves y el viernes, 7 de diciembre, se puso en conocimiento de la fiscalía.
