Está el ala más atemperada, el Partido Justicia y Democracia, que fue aupado al poder por las primaveras árabes de 2011 y ahora es marginal, y por otra más radical, Justicia y Caridad, una organización prohibida pero tolerada por las autoridades.
Los islamistas de Marruecos, relegados los más moderados a la oposición en 2021 tras gobernar una década y en un limbo legal los más radicales, intentan ahora ganar terreno aprovechando el apoyo popular a los palestinos de Gaza y la reforma del Código de Familia en aras de más igualdad para las mujeres.
La presencia de los islamistas en el país magrebí pasa por un ala más atemperada, el Partido Justicia y Democracia (PJD), que fue aupado al poder por las primaveras árabes de 2011 y ahora tiene un papel marginal, y por otra más radical, Justicia y Caridad, una organización prohibida pero tolerada por las autoridades.
Estos últimos, junto a organizaciones de izquierdas, sacaron a las calles a decenas de miles de personas tras la invasión de Israel de la Franja de Gaza, en manifestaciones celebradas en Rabat, Casablanca o Tánger de una magnitud que no se había visto en años.
Muchos de los lemas de esas protestas eran contra la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel, que retomaron sus lazos diplomáticos en 2020 en una impopular medida instigada por Estados Unidos que se produjo bajo el gobierno del PJD, partido que ahora pide la ruptura con Tel Aviv.
Justicia y Caridad sigue organizando varias veces por semana protestas minoritarias contra la invasión de Gaza y el PJD se ha sumado a dos de las más multitudinarias, cuyos participantes expresan solidaridad con los civiles palestinos, apoyan al movimiento islamista Hamás y exigen la ruptura de las relaciones con Israel.
Los islamistas confían en que su presión puede obligar al Estado marroquí a romper otra vez estas relaciones y persiguen demostrar que ellos son los que más apoyan a los palestinos, desacreditando así al Gobierno por mantenerse cerca de Tel Aviv.
Peticiones contra la ‘sharia’
Además de intentar ganar popularidad con la guerra en Gaza, los islamistas alzan la voz ante la actual reforma del Código de Familia, conocido como ‘Mudawana’, que está siendo revisado siguiendo las instrucciones del rey Mohamed VI, quien el pasado septiembre dio seis meses de plazo para hacerlo teniendo en cuenta los derechos de las mujeres y los niños.
En la boca de su secretario general, Abdelilah Benkirane, el PJD ha amenazado con organizar una gran manifestación si la reforma recoge las peticiones del movimiento feminista que contradicen la sharia o ley islámica.
Ante las demandas de las organizaciones feministas, el PJD -que pasó de 125 a solo 13 escaños en 2021- se opone a la igualdad en la herencia, la abolición de la poligamia, la prohibición del matrimonio infantil y el uso de pruebas de ADN para establecer la paternidad, alegando los valores religiosos y la influencia occidental en dicha legislación.
Según el politólogo Omar Cherkaoui, tras el «desgaste» experimentado por el PJD por las impopulares decisiones que tomó en el gobierno y sus divisiones internas, la reforma legal le supone una oportunidad de «salir del olvido», volver al debate social y perseguir objetivos políticos.
Frente al PJD están organizaciones feministas como Primavera de la Dignidad, que incluye más de 20 asociaciones y acusa al partido islamista de intentar intimidar a los defensores de la igualdad y los derechos humanos.
«Falacias» para ganar a las masas
La socióloga Sanaa el Aji Hanafi considera estos ataques contra las fuerzas progresistas como un «capital fundamental» para el movimiento islamista, que a su juicio se alimenta de «falacias y mentiras» para movilizar a las masas.
Aji Hanafi hace hincapié en la revisión de la herencia, por la que actualmente la mujer hereda la mitad que el hombre y, en ausencia de un hijo varón, heredan los parientes masculinos de segundo grado, como los tíos, por encima de las hijas.
Esta feminista lamenta que las corrientes islamistas se opongan a los valores de modernidad, derechos e igualdad, y por ende, a la historia, aplicando «prácticas de siglos pasados a las sociedades contemporáneas».
Una fuente cercana a la comisión encargada de la reforma legal indicó a EFE que el primer borrador se presentará dentro de dos semanas al presidente del Gobierno, Aziz Ajanuch, quien a su vez lo remitirá al rey, pero hasta el momento se desconoce su contenido y hasta qué punto complace a islamistas o feministas.
