La Unión de Comunidades Anabautistas Menonitas manifestó su «sorpresa y preocupación» por la creación del llamado «Servicio Cívico Voluntario en Valores» decidido por resolución del Ministerio de Seguridad que encabeza la ministra Patricia Bullrich para ser implementado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), y solicitó «a las autoridades gubernamentales que den marcha atrás con esta medida antiderechos» porque «nuestros niños y niñas deben estar en las escuelas y no en los cuarteles». Advierten a su vez sobre el intento de «naturalización de las prácticas represivas y la violencia institucional».
Los menonitas conforman una comunidad evangélica presente en la Argentina desde comienzos del siglo pasado, participan de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el pastor Juan Ángel Gutiérrez (Anabautista Menonita) ocupa actualmente la vicepresidencia primera de la FAIE.
En su declaración los evangélicos señalan que «como iglesias históricas de paz consideramos que es una medida absolutamente desacertada dejar a cargo de una fuerza militar la formación de las y los jóvenes, ya que la misma contradice todo enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia, y atenta contra la Ley de Protección integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes a la que nuestro país adhiere».
En la misma línea consideran que «el Estado tiene la obligación de ser garante de derechos de nuestros niños y niñas y debe hacerlo a través de los Organismos Especializados en Infancia y Juventud» y denuncian que la iniciativa oficial tiene un «inocultable el objetivo de control y disciplinamiento militarizante».
De manera enfática los menonitas sostienen que «la Gendarmería Nacional NO puede hacerse cargo de garantizar la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ya que existe un organismo a nivel nacional- la SENNAF-, y organismos provinciales para dar cumplimiento a esas legislaciones».
En su declaración los evangélicos suman su advertencia a lo ya expresado por organizaciones sociales, ecuménicas y de derechos humanos señalando que “esta estrategia puede ser una vía para la naturalización de las prácticas represivas y la violencia institucional, ya que es difícil que una fuerza involucrada en varios crímenes recientes de público conocimiento pueda estimular el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades, el compromiso con el bien común y el estímulo a capacitarse continuamente, como herramientas para fortalecer su propia valoración, como personas capaces de generar un impacto positivo en su comunidad” tal como lo expresa la resolución oficial.
